La reforma del Código Nacional Electoral es sumamente peligro pues modifica las condiciones de los comicios.
Cámara de diputados
La pasada semana se aprobó en plenario de comisiones el proyecto de ley que será tratado este miércoles en la sesión, y que dispone una importante reforma del Código Nacional Electoral. Una reforma sumamente peligrosa, y obviamente nada inocente, que modifica las condiciones de los comicios, el control sobre los mismos, las penalizaciones y el sistema de fiscalización. El Gobierno, se sabe, ya empezó a pensar en las dificultades que va a tener en las legislativas de 2013.
Con la excusa de llevar a cabo una “profunda Reforma Política tendiente a brindar a la ciudadanía un sistema más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad jurídica”, el Gobierno Nacional vuele a las andadas a fin de arrinconar a las fuerzas no mayoritarias. Con la reforma se establecen varias novedades: en primer lugar, se elimina la constancia del voto por medio del sello; ahora se entregará al elector una constancia aún no determinada. Esto permitirá a los ciudadanos votar con la nueva tarjeta. ¿De qué tipo de constancia, y con qué tecnología estamos hablando? Toda una incógnita.
Luego, se actualizan los montos de las multas por no votar, que pasarán a estar entre $ 50 y 500 al valor actual, poniéndose el eje de las penalizaciones en los empleados públicos que admitan gestiones o trámites a quienes no hayan efectuado el comicio.
Lo más grave es que la nueva reforma dificultará y casi imposibilitará la labor plena de fiscalización de los partidos políticos que carecen de un aparato consolidado o rentado. Ahora, los fiscales no tendrán movilidad alguna, pues estarán obligados a votar en la mesa en que figuran inscritos por el padrón. Se derogan, así pues, todos los artículos que permitían la movilidad de las autoridades de mesa. Nadie podrá ser agregado al padrón impreso de cada mesa, ni las autoridades de mesa ni los fiscales, en el caso de que les corresponda votar en otro lugar. Cambio más que significativo.
Hasta ahora, los fiscales estaban posibilitados de votar en la mesa que les asigne su partido para fiscalizar, sin tener que desplazarse a su lugar de origen. Ahora, con la reforma, ya no tendrán dicha movilidad, lo cual repercutirá sobremanera en su capacidad de fiscalización.
Por otra parte, las nuevas disposiciones obligan a los empleados públicos a mostrar a sus jefes la constancia del voto “al día siguiente de la elección”. Si no lo hacen, se les sancionará con multas, suspensiones o cesantía. “Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta SEIS (6) meses y en caso de reincidencia podrán llegar a la cesantía. Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones en que sus subalternos hubieren incurrido.”
Esto suena a extorsión. ¿A quién beneficiará dicha norma, cuando desde el Estado se presiona de manera constante a los funcionarios para que voten a los oficialismos de turno? De seguro la cuestión no terminará aquí. En el proyecto podrían aparecer novedades. El asedio de los partidos emergentes continuará.
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