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Acceso a la información pública: el voto del silencio

Estamos viviendo un proceso de degradación institucional porque seguimos sin conocer el contrato entre YPF-Chevron.

Con el voto de Cambiemos, el Frente Renovador, el bloque justicialista y el Frente para la Victoria, la Cámara de Diputados transformó la ley de acceso a la información pública —una herramienta clave para promover la transparencia en el control de la administración estatal— en una ley que protege los datos de las sociedades del Estado que cotizan en bolsa.

Esto significa lisa y llanamente que ni legisladores ni magistrados tendrán acceso a los contratos que las empresas con participación accionaria estatal mayoritaria realicen con privados. Es decir, de ahora en más, existe un nuevo marco legal que nos impedirá a futuro conocer las cláusulas de contratos como el de YPF-Chevron.

La deuda que la democracia tenía desde hace 15 años quedó sin saldarse cuando 199 votos de diputados rechazaron las reformas que impulsamos desde el Senado, que incluían la obligación de brindar información ante una requisitoria ciudadana a las empresas con participación accionaria estatal mayoritaria, como YPF.

La mayoría de los diputados acordaron rechazar los cambios planteados por el Senado y confirmaron la versión original del proyecto que había obtenido la media sanción el 18 de mayo. Resulta sorprendente que los mismos legisladores kirchneristas que se negaron a tratar esta ley durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner hoy la terminaron aprobando.

El proyecto en cuestión tiene tantas excepciones que el derecho a la información ha quedado acotado.

Las críticas a la iniciativa surgieron hace meses por parte de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Cuando el oficialismo presentó la propuesta, el CELS sugirió que la agencia encargada de administrar el acceso a la información pública estuviera dirigida por un cuerpo colegiado, que tuviera una representación más plural que la expresada en el proyecto oficial.

Nosotros proponíamos que la agencia no dependiera del Gobierno, sino del Congreso, y su Dirección surgiera de una terna aprobada por el Senado.

En general, el proyecto había sido aprobado por 59 votos en el Senado, pero, en particular, cosechó tres cambios: la eliminación del inciso m del artículo 8 de la ley (que establece la excepción de dar información a las empresas del Estado que cotizan en bolsa), la eliminación del último párrafo del artículo 23 (que prohíbe la designación en la autoridad de aplicación a todas persona que haya ocupado cargo electivo o partidario en los últimos cinco años a la designación) y el agregado de una frase, en el artículo 20, para que el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública sea con acuerdo del Senado.

La ley sancionada sacó del control público las grandes operaciones que realizan las empresas con mayoría estatal, como YPF. Hasta el día de la fecha y a pesar del fallo de la Corte Suprema, no tenemos acceso al contrato firmado con Chevron, no obstante las acciones de amparo presentadas por el ex senador y actual diputado provincial Rubén Giustiniani, a quien acompañamos.

Para nosotros, es inadmisible mantener el secreto a la información comercial y financiera en un país donde, en las últimas décadas, se fugaron miles de millones de dólares. En tiempo de búsqueda desesperada de socios para la Argentina, se ocultan cláusulas abusivas que lesionan los intereses de la nación.

Los cambios impulsados desde el Senado eran necesarios para que esta ley pudiera cumplir con sus objetivos y no terminara siendo cómplice del ocultamiento de la información y de grandes hechos de corrupción.

Estamos viviendo un proceso de degradación institucional porque seguimos sin conocer el contrato entre YPF-Chevron y porque con esta nueva ley YPF escapará al control de la Auditoría General de la Nación.

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