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Por una Navidad sin hambre y justicia social

La Mesa Nacional de Proyecto Sur dio a conocer el siguiente documento sobre últimos acontecimientos de público conocimiento.

Para que una chispa encienda la pradera, esa pradera debe estar reseca. La pregunta esencial no es entonces quién produjo la chispa -según pretenden algunos funcionarios nacionales o provinciales- sino quiénes y cómo resecaron la pradera.

Dolorosamente, una vez más presenciamos los saqueos de este 20 y 21 de diciembre en un país saqueado. Desde la dictadura militar se instaura en la Argentina un modelo de DOMINIO NEOCOLONIAL, que más tarde fue incorporado por las dirigencias políticas del bipartidismo, gran parte de las cúpulas sindicales y empresariales, voceros universitarios, profesionales, periodistas y diversos formadores de opinión, como protagonistas y cómplices de las políticas de SAQUEO que sustentan ese dominio neocolonial con sus distintos matices; y que siguieron y siguen vigentes en éste gobierno “nacional y popular”, desde profundización del mismo modelo.

En las últimas décadas SAQUEARON los yacimientos minerales; los recursos de petróleo y gas; las cordilleras, montañas y mesetas; las tierras cultivables; los acuíferos; la producción de alimentos; las riquezas del Atlántico Sur. Destruyeron la estructura del transporte nacional, devastaron los trenes, la flota mercante y fluvial, las líneas aéreas; enajenaron la siderurgia y las mayores industrias nacionales; se apoderaron del Banco Central y del comercio exterior con la privatización de los puertos y la exportación de granos; empobrecieron al país con el endeudamiento permanente: desde la dictadura hasta hoy, se pagaron más de 270.000 millones de dólares y continuamos endeudados: una suma millonaria que hubiera bastado para erradicar la indigencia y colocar a la Argentina entre los grandes países emergentes. Proceso de SAQUEO cuyo resultado es la concentración y polarización de la riqueza, junto a la extranjerización de nuestra economía. SAQUEARON los derechos sociales, los sistemas públicos de educación, salud, seguridad social y vivienda; alimentaron niveles de pobreza e indigencia sin precedentes, que superan a la Década Infame. SAQUEARON derechos laborales -estabilidad, salarios justos, aguinaldos, vacaciones pagas, aportes jubilatorios, atención integral por obras sociales- y los derechos de los ancianos, condenando a la mendicidad a millones de jubilados y pensionados, que cobran haberes mínimos con los cuales sólo pueden cubrir la mitad de sus necesidades.

Mientras las estadísticas del INDEC pretenden convencernos de que estamos en un país maravilloso -con un 7% de pobreza y no más del 3% de indigencia- otras fuentes y la propia realidad muestran condiciones muy diferentes. Según datos del ANSES, el 50% de la población económicamente activa está precarizada, en negro o desocupada; una proporción que se eleva al 75% entre los trabajadores jóvenes de 18 a 29 años. Otras fuentes y la propia realidad, indican que los niveles de pobreza e indigencia cuadruplican las cifras del país maravilloso. En este contexto, una alta proporción de los adolescentes y jóvenes conforman los sectores en condiciones de mayor riesgo y marginación, ante la clausura de sus posibilidades de acceder a la educación, a un trabajo decente, a la recreación, los deportes, las expresiones artísticas y a todo aquello que hace a la calidad de vida que merece el conjunto de nuestros compatriotas. Ningún chico nace ladrón, vándalo, adicto al paco o dispuesto a matar: debemos preguntarnos por lo tanto qué ha hecho la sociedad para convertir a las víctimas en victimarios. Debemos preguntarnos cuánto se los humilla, cuánto se los desprecia, cuánto se los margina y cuánto les duele el mensaje que carecen de futuro y su vida no vale nada: porque si su vida no vale nada, nada ni la vida de nadie vale nada para ellos.

Estimaciones realizadas por abogados, juristas y miembros del Poder Judicial en la Facultad de Derecho de la UBA, evalúan que -a pesar de sus condiciones agobiantes- no más del 1% ó el 1.5% de esos adolescentes y jóvenes se vuelcan al delito. Esto merece dos reflexiones. Por una parte, que más del 98% de ellos tienen un valor incalculable y deben ser respaldados por políticas públicas urgentes y activas para permitirles encaminar su vida. Por otra, cuando se habla de millones, ese 1% o 1.5% significan miles de ellos lanzados al delito o a su propia destrucción; y también deben ser recuperados y respaldados para encaminar su vida. La información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE coincide con fuentes nacionales e indica que alrededor de 1.100.000 adolescentes y jóvenes entre 14 y 25 años no estudian ni trabajan y desde el 2003 creció en el 17%: una cantidad de población equivalente a la de la ciudad de Rosario y sus alrededores. Pero en esta década de crecimiento a tasas chinas, no se han implementado políticas orientadas a recuperar su autoestima y revertir el desamparo en que se encuentran.

La triste experiencia de estos nuevos saqueos debe ser un llamado de atención para afrontar con seriedad y eficiencia y mediante políticas de Estado -al margen del signo político de los gobiernos de turno- una lucha contra la pobreza y la indigencia, como parte de la lucha contra el crimen organizado –narcotráfico, trata de personas, desarmaderos y otras lacras- como base de la inseguridad que afecta al conjunto de los argentinos. Considerando a su vez, que la inseguridad es hija de la corrupción en las cúpulas -sectores políticos, empresarios, judiciales y policiales- que para sustentarse requiere penetrar capilarmente hacia los estratos más bajos.

El gobierno pretende ocultar las necesidades reales de nuestro Pueblo más vulnerado y descarga con nefastas declaraciones de altos funcionarios, contra los trabajadores organizados y enrolados en las centrales opositoras, y esto de ninguna manera es casualidad, sino es la continuidad de la criminalización de la protesta social. Pero más temprano que tarde, ese discurso se desmorona, y no sólo el del gobierno nacional, también los provinciales.
Sin dejar de condenar los métodos de saqueo, Proyecto Sur viene advirtiendo desde hace ya varios años acerca de esta bomba de tiempo: entre los detenidos por los saqueos, sólo uno de cada diez posee antecedentes; lo cual demuestra claramente que no estamos en presencia de bandas delictivas sino de víctimas de una desigualdad y marginación cada vez más profundas, en un contexto social que incentiva el consumo ostentoso y el individualismo egoísta, como soluciones mágicas a los problemas que nos aquejan. Reiteramos que la pobreza no es solamente pasar hambre; es además carecer de aquello indispensable para alcanzar una calidad de vida digna y cubrir las necesidades básicas, espirituales y materiales. Donde algunos objetos se convierten en símbolos que permiten paliar el sentimiento de marginación: si en los años noventa las zapatillas de marca eran ese símbolo, hoy pueden serlo celulares y plasmas.

Desde Proyecto Sur seguiremos planteando los motivos reales que llevaron a esta encrucijada, y también los caminos para salir de ella, y acompañaremos toda lucha popular contra la desigualdad, injusticia y postergación, en PAZ y llamando a la más profunda unidad de todos los actores sociales en torno a las causas que nos convocan.
Reivindicando la política y sus organizaciones como herramienta de transformación social, seguiremos comprometiéndonos, junto a todos los sectores posibles, a la construcción de una alternativa esperanzadora, un proyecto de país con justicia social, soberanía popular, y donde la palabra futuro tenga un lugar y un sentido.

POR UNA NAVIDAD SIN HAMBRE Y SIN REPRESION. POR UNA PATRIA CON JUSTICIA SOCIAL!!

Mesa Nacional de Proyecto SurIII Congreso Nacional de Proyecto Sur en el InfoSUR impreso.

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