Declaración de apoyo de Proyecto Sur CABA a la Asociación Civil "Basta de demoler".
El Gobierno de Mauricio Macri ha elegido agredir a la Ciudad toda atacando judicialmente a una de las entidades que con mayor intensidad defienden el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y habitacional de la Ciudad, la Asociación Civil: “Basta de Demoler” presentando una demanda por “daños y perjuicios” por 24 millones de pesos con inhibición general de bienes contra la asociación civil “Basta de Demoler” y contra Santiago Pusso (vicepresidente) y Sonia Berjman (historiadora especializada en paisajismo) por el “delito” de haber defendido a la Ciudad frente a la inminente destrucción de la Plaza Intendente Alvear en Recoleta.
El amparo fue concedido en forma pre-cautelar por el Juez Scheiber, y confirmada por el juez Zuleta. La demanda macrista recayó en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, secretaría 12, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, la inhibición de bienes fue rechazada, siendo apelada y encontrándose a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones.
Resulta incompresible que el Gobierno de la Ciudad desconozca que nuestro Código Civil establece que “Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; (Art. 1.066) y que “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto” (Art. 1071).
Con la acción de amparo sus presentantes han ejercido un Derecho en protección de todos los habitantes frente a la agresión que significa la destrucción indiscriminada e injustificada de lugares públicos. La paralización de las obras fue ordenada por el Poder Judicial después de examinar las razones que asistían a los amparistas, por lo tanto atacarlos a ellos, generando una grave e injustificada amenaza contra sus patrimonios, no sólo es un error jurídico, configura, también, un agresión mediante la cual se pretende, inútilmente, desalentar a quienes han defendido y están defendiendo el espacio público de la Ciudad.
Por todo ello el Partido Proyecto Sur (CABA), repudia la demanda impulsada contra Basta de Demoler y los amparistas, y llamo a la reflexión al Gobierno de la Ciudad para que de inmediato desista de la misma a la vez que espero que la Cámara comprenda que debe confirmar el rechazo de la inhibición amenazante pretendida.
Información sobre la polémica por la ubicación de la Estación “Plaza Francia”
En febrero de 2012 comenzaron trabajos de excavación en la Plaza Intendente Alvear para la construcción de la Estación “Plaza Francia” de la extensión de la Línea H del subte; simultáneamente, comenzaron a talarse añosos árboles y destruirse la histórica barranca. Basta de Demoler, junto con Sonia Berjman presentaron un amparo para detener las obras, que fue
Los fundamentos presentados por los amparistas se basan en que la Plaza Alvear está declarada Área de Protección Histórica (APH 14 – Ámbito Recoleta), que prohíbe la extracción de árboles y especies vegetales y la modificación del diseño, caminos y senderos. También se argumentó que la Ley 317, que establece la traza de la Línea H, determina que “la línea continúa hasta Recoleta, donde se encuentra la estación Plaza Francia, en la plaza homónima, en inmediaciones de Av. Del Libertador y la Facultad de Derecho”; es decir, en frente de la ubicación donde comenzaron las obras a cargo de SBASE.
Basta de Demoler cuestionó además que las bocas de acceso, además del daño ambiental a la plaza, no se ubicaban en la zona de mayor afluencia de pasajeros (hacia la Facultad de Derecho y el Centro Municipal de Exposiciones), sino hacia la plaza, lo que generaría un importante aumento en el flujo de pasajeros que desvirtuaría el carácter de esparcimiento de la plaza para transformarla en un nudo peatonal.
Mientras la obra estaba paralizada, la Legislatura comenzó a tratar un proyecto para relocalizar la estación en las cercanías de la Facultad de Derecho y el Centro Municipal de Exposiciones bajo el nombre de “Estación Facultad de Derecho”, integrando a las paradas de colectivos existente, y con conectividad a futuras estaciones de las líneas del ferrocarril Mitre, Belgrano Norte y San Martín, para continuar por debajo de la Villa 31 y conectar con la Línea C en Retiro.
Finalmente, en julio de 2013, SBASE decidió hacer lugar al reclamo: relocalizar la estación y recuperar la Plaza Intendente Alvear. Hoy en día, la plaza está recuperada y es Ley el proyecto que proponía un diseño superador con conectividad a la Línea C en Retiro.
Gracias a este amparo, la plaza hoy está restaurada y accesible a todos los ciudadanos, y la estación se construirá en el lugar que determina la ley respectiva, tal cual fue la pretensión de nuestra organización que motivó el amparo.
El responsable de los gastos por la obra detenida no es más ni menos que el propio Gobierno, que por error o negligencia, decidió modificar la ubicación de la estación establecida por la ley, y ubicarla además dentro de un Área de Protección Histórica que impide ese tipo de obra de manera categórica
La opinión de Basta de Demoler.
Basta de Demoler es una asociación civil sin fines de lucro, apartidaría y con probada trayectoria en la defensa del patrimonio de la ciudad, que ha contribuido de manera determinante a la protección de numerosos edificios, parques y monumentos históricos de Buenos Aires.
Esta demanda es insólita por la gravedad de sus implicancias: no conocemos precedentes de un ataque semejante de un Gobierno contra una ONG cuyo objetivo es el bien común y el bienestar de los habitantes.
Basta de Demoler considera que es inconstitucional porque como ciudadanos estamos todos legitimados a interponer recursos de amparo en defensa del medio ambiente y el patrimonio natural y cultural: la Constitución establece esta acción "expedita, rápida y gratuita", que la podrá interponer cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos de incidencia colectiva.
Esta demanda constituye además un ataque a la democracia, porque busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia.
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