E, el bloque de Diputados Nacionales y Legisladores de la C.A.B.A. de Proyecto Sur, brindaron una conferencia de prensa los negocios inmobiliarios
Con la presencia de referentes de sindicatos y organizaciones sociales, el bloque de Diputados Nacionales y Legisladores de la C.A.B.A. de Proyecto Sur, encabezados por Fernando “Pino” Solanas, brindaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer las medidas y recursos administrativos y judiciales impulsados con el fin de suspender y derogar los decretos del gobierno nacional Nº 1723/2012 y N° 1722/2012.
Proyecto Sur considera que, con el pretexto de impulsar la industria audiovisual, en un caso, y de financiar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento en el otro, se esconde un negociado inmobiliario con las grandes empresas "desarrolladoras" urbanas que vienen saqueando y contaminando los bienes comunes de los porteños.
“Quieren vendernos la idea de un Hollywood en castellano vecino a Puerto Madero que esconde un perverso y gigantesco negocio inmobiliario. Lo que realmente necesita la industria cinematográfica argentina es la creación de un sistema alternativo de salas que difunda el cine nacional como difusión en todo el país”, manifestó el diputado Fernando “Pino” Solanas.
Por su parte, el legislador Pablo Bergel, señaló: “Los anuncios oficiales mienten acerca de una supuesta construcción de viviendas sociales en esos terrenos, ya que los decretos que estamos impugnando, sólo mencionan la privatización para usos inmobiliarios y la maximización de la recaudación de fondos con fines imprecisos”.
Además, se denunció que se evaden requisitos legales esenciales tales como el sistema de control de fondos públicos que prevé la ley, la Ley General del Ambiente 25.675, ya que no se prevé la evaluación de impacto ambiental ni se respetan los principios de solidaridad intergeneracional, sustentabilidad, prevención, y el principio precautorio.
Los decretos tampoco contemplan las normas legales de la Ciudad, como la Ley 123 de Impacto Ambiental, la Ley 449 -Código de Planeamiento Urbano- y el Plan Urbano Ambiental -Ley 2.930-. Tampoco tiene en cuenta la bajísima relación de espacio verde público por habitante, que en la ciudad es menor a los cuatro metros, cuando debiera ser de 15 metros cuadrados por habitante según los estándares internacionales.
“En el caso de la Isla Demarchi no se toma en cuenta el impacto del crecimiento del nivel del Estuario del Plata por efecto del Cambio Climático en curso; tampoco sus actuales usos para servicios a la navegación por el Río, como dragado y balizamiento. En el caso de la construcción de viviendas en las playas ferroviarias, se omite que la Ciudad cuenta con alrededor de 350.000 departamentos ya construidos y vacíos; un capital social y ambiental dilapidado con fines especulativos, que debería ser volcado a resolver necesidades de vivienda insatisfechas”, agregó Bergel.
El Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, expresó: “Vamos a resistir el desalojo de la isla, hay más de 3000 trabajadores y establecimientos que tienen más de 115 años. La industria naval no figura en el programa industrial de nuestro país, no vamos a resignar el lugar pacíficamente, lo vamos a defender porque es una vergüenza el negocio en el que lo quieren convertir”.
En la Conferencia de Prensa estuvieron presentes, además de los ya nombrados, el diputado nacional Jorge Cardelli, los legisladores porteños Adrián Camps y Virginia González Gass, el Secretario General de la Sociedad Isla Demarchi, Roberto Milio, el Secretario General del Sindicato de Intereses Marítimos, Hugo Benzo, el presidente de la ONG Iniciativa Vecinal y abogado patrocinante, Dr. Pablo Lerman, y el presidente de la ONG Protocomuna Caballito, Gustavo Desplats, así como los comuneros Martín Iommi -Comuna 6- y Marcelo Charlon -Comuna 14-.
En la conferencia se anunció que de no obtener una respuesta satisfactoria al pedido de nulidad enviado a la presidenta, se continuará la acción por vía judicial, acompañando la movilización vecinal y sindical en curso.
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