Proyecto Sur fija su posición ante el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires.
El conflicto provincial se manifiesta a través de multitudinarias marchas de antorchas por toda la provincia que reclaman por la salud y la educación pública.
La situación es muy compleja y se está extendiendo en el tiempo, dando lugar a la organización popular que vincula a muchos sectores unidos por un mismo reclamo. Lo que aparece como un conflicto salarial en principio se extiende a defender la salud y la educación públicas, ya que el problema no es sólo salarial; también afecta a las condiciones de desigualdad en que se brinda salud y educación: derechos esenciales para la vida, especialmente para los niños y niñas.
Si bien esta situación es consecuencia de que la economía nacional terminó su ciclo expansivo en el cual los aumentos a los empleados públicos iban por delante de los reclamos, recomponiendo un salario que había sido totalmente devaluado en el 2003, hoy se evidencia que estos diez años de crecimiento económico y de un modelo que se ha desarrollado haciendo alarde del aumento del consumo y de los records de venta, no ha priorizado el imperativo de garantizar condiciones de igualdad para el desarrollo humano. Mientras la situación de hospitales y escuelas es vergonzosa e indigna para alumnos y pacientes y para los médicos y docentes que deben realizar allí su trabajo, el gobierno se ha dado el lujo de regalar recursos que son de todos los argentinos: ha entregado los minerales y el petróleo a empresas transnacionales a cambio de nada y dejando un pasivo ambiental que enferma a nuestra población. Al mismo tiempo destina enormes montos -el año pasado más de 10.000 millones de dólares- al pago de la deuda externa, sacando del país el fruto del trabajo de los argentinos: lo que debería hacer es una auditoría que permita establecer cuál es la deuda legal y cuál la ilegal e ilegítima que no debe pagarse.
Los miles de manifestantes movilizados en toda la provincia están reclamando por valores colectivos y sociales que van mucho más allá del aumento salarial; un aumento necesario en tanto la cifra propuesta hasta ahora es vergonzante e inaceptable. Se demandan condiciones de igualdad que aseguren el derecho a la educación.
Otras situaciones injustas dejan entrever problemas serios: los docentes que han trabajado todo el año pasado sin cobrar, es un antecedente peligrosísimo del cual es responsable el mismo gobierno. No podemos permitir que se naturalicen estas situaciones; las personas viven de su salario y por lo tanto no cobrarlo es un atentado a los derechos de las familias que vienen siendo afectadas por esta situación.
Los dos gobiernos -el nacional y el provincial- comparten la responsabilidad y la pelea interna entre ellos, si bien es real, en este caso funciona como una excusa para evadir el real problema: la falta de un modelo que realmente priorice la salud y la educación para todas las personas, como un derecho humano necesario para el desarrollo de una sociedad democrática y solidaria en pos de un futuro digno.
Desde Proyecto Sur nos solidarizamos con los docentes y participamos de sus luchas. Creemos firmemente, que dada esta situación, es necesario declarar una emergencia educacional y promover un amplio debate -con participación de docentes, universidades, institutos de formación o investigación, padres y alumnos- teniendo como objetivo implementar una reforma integral del sistema, fortalecer la educación pública, democratizar los procesos educativos y erradicar las ideas neoliberales que conciben a la educación en todos sus niveles como una mercancía.
Un horizonte de dignidad en un país que merezca ser vivido y en el cual la educación sea la prioridad es el objetivo que nos guía.
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