Por Cesar Lerena (Proyecto Sur). La reducción del número de Ministerios y, la devaluación de los Ministros a Secretarios, no necesariamente significa que se hayan jerarquizado.
La reducción del número de Ministerios y, la devaluación de los Ministros a Secretarios, no necesariamente significa que se hayan jerarquizado, profesionalizado y hecho más eficientes las estructuras orgánicas que quedaron en vigor. Por supuesto, ello aplica a las cuestiones del Atlántico Sur, Malvinas y la Pesca sobre las que suelo escribir. No puedo entender desde la posición de cualquier negociación -donde ambas partes deben equitativamente ceder- que el gobierno argentino abra su mar a embarcaciones pesqueras extranjeras; pueda convenir con el Reino Unido de Gran Bretaña la pesca de nuestros recursos en la Zona Económica Exclusiva Argentina; facilite los vuelos desde Malvinas hacia fuera del continente argentino o tolere graciosamente que las empresas españoles sean las primeras socias de los isleños en la pesca alrededor de Malvinas, etc., todo ello a cambio de nada. Sí, entiendo, que pretender un cambio a través de la transformación de los ministros en secretarios, sería como creer que supuestas medidas de austeridad pueden producir por arte de magia nuevas estrategias, que no sean las perdedoras que, desde hace 45 años (el lector podrá quitar o agregar alguno), nos tienen acostumbrados los sucesivos gobiernos.
Si bien nadie está exento de defectos, uno aspira a que los funcionarios estén preparados y fuertemente especializados en las áreas de gobierno que se les asigna, ya que para las etapas de capacitación y perfeccionamiento están las universidades de grado y de posgrado. Ninguna empresa tomaría a aprendices en cargos de dirección y transformarlos de la noche a la mañana en CEOS.
Las incapacidades de los funcionarios son diversas y alcanzan a todos los responsables de la Cancillería, de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal de Pesca; pero, es inadmisible la situación, que desde 1982 a la fecha, el gobierno argentino no haya cobrado derechos o multas a los buques extranjeros que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina en forma ilegal, con o sin licencias del Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas, quebrantando la ley 24.922 y aceptando la expoliación del patrimonio del Estado Nacional y de todos los argentinos, por una cifra estimada en varias decenas de miles de millones de dólares y, que podría servir como una acción disuasiva a las empresas licenciadas por los británicos. ¿Y la Auditoría General de la Nación y, los fiscales?
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