Reforma K: un cerrojo al modelo de saqueo

En una sesión bochornosa el oficialismo impuso su mayoría para aprobar su paquete de reformas del Poder Judicial.

Reforma judicial K.

Como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, el Gobierno Nacional vuelve a edulcorar, con un lenguaje seductor, leyes e iniciativas que en el fondo son verdaderos atentados contra la Nación. Empezamos a ser espectadores de una partidocracia donde el partido gobernante asume su mayoría circunstancial y perecedera en tanto que inmune, absoluta, atemporal. Peligroso decisionismo que en sus peores versiones solo sembró odio, división y, finalmente, violencia política. Ahora bien, para el oficialismo de lo que se trata es de “democratizar la Justicia”.

El objetivo de los proyectos aprobados es, como se señalaba en el documento elaborado por Proyecto Sur y aliados, “convertir al Poder Judicial en un mero apéndice del gobierno de turno”. Y esto, dado que ahora serán los partidos políticos quienes elijan a los candidatos al Consejo de la Magistratura, órgano que determina la idoneidad y aptitudes de los jueces federales. Es decir, los consejeros aspirantes irán en la boleta de un partido político. ¿Alguien cree que de este modo ganarán en independencia?

Desde el Gobierno se habla de soberanía popular. De que, con el nuevo sistema, los jueces estarán expuestos al y vigilados por el sentir de la ciudadanía. Pero se oculta que no se tratará de una elección directa e independiente, es decir, sometida a un sistema autónomo consolidado en el seno del Estado; sino que estará condicionada por los designios de las cúpulas partidarias, que podrán digitar a los aspirantes a consejeros y a los propios consejeros electos. Pero el colmo del corporativismo está en que, según la ley, solo van a poder presentar candidatos a consejeros aquellos partidos que tengan representación en 18 distritos. Extraña coincidencia: tales fuerzas políticas son, como señaló la diputada Carrió durante la sesión, “el PJ, la UCR y el PRO”.

El condicionamiento político-partidario de la Justicia deshabilitará cualquier posibilidad de independizar y democratizar el accionar de los jueces sobre la realidad social e institucional del país. Por otra parte, la reforma extingue las cautelares y crea nuevas Salas de Casación que van a burocratizar aún más la estructura judicial, alargando por lo menos 4 años más los procesos, que serán insostenibles para las personas sin recursos.

Los poco felices argumentos en torno a la construcción de una “República Popular” por parte de algunos diputados del FPV no hicieron sino ponerle una pizca más de confusión y desasosiego a una larga jornada en la que se solo faltaron -si bien se estuvo cerca- duelos cuerpo a cuerpo como colofón del esperpento.

La mayoría de los bloques opositores hicieron hincapié en la flagrante violación de la división de poderes que supone la iniciativa del Ejecutivo. Muchos de ellos, habiendo gobernado y dejado a la Justicia en una situación de degradación fenomenal, lo cual resta bastante credibilidad a tales argumentos. Entre quienes adoptaron una mirada distinta se destacó el bloque Proyecto Sur, luego la CC y algunos diputados del FAP, que le dieron al asunto un tenor más acorde a la sustancia democrática y a la consagración de la impunidad del modelo, y no solo a aspectos de la democracia formal.

Lo que es preciso entender, como señaló el diputado Fernando “Pino” Solanas en un extraordinario discurso, es que con la reforma kirchnerista el modelo neocolonial de saqueo y corrupción estructural seguirá su curso con muy pocas posibilidades de tener mínimos contrapesos, como podrían ser medidas cautelares, o cualesquiera causas que sean contrarias a las nefastas políticas oficiales en cualquier orden. El pacto de impunidad enquistado en el aparato del Estado se profundiza, tanto como la necesidad de construir una alternativa anticolonial y anticorrupción que dispute el poder a la casta gobernante de las mafias que están destruyendo nuestra Patria.