Mientras la Cumbre de Asunción declaró su apoyo a la Argentina en el conflicto con el Reino Unido, la empresa inglesa consolida la extracción de nuestros recursos en las islas.
Rockhopper Exploration sigue empeñada por estos días en verificar si el hallazgo de petróleo aportado por el pozo identificado como Leones Marinos (Sea Lion) en aguas de Malvinas tiene capacidad de soportar un rendimiento de crudo estabilizado en el tiempo.
Según previsiones preliminares, ese pozo que está comenzado a ser testeado podría arrojar 5.508 barriles diarios de líquidos, volumen que sería un rango atractivo como para sustentar una explotación comercial aceptable.
Claro que para atajarse de los indicios obtenidos hasta ahora en forma parcial, Rockhopper aclaró que todavía debe concretar otras perforaciones en esa zona del Mar Argentino cuyos resultados deben estar en línea con el descubrimiento preliminarmente anunciado.
Los vestigios de hidrocarburos de ese pozo marino habrían sido obtenidos en una profundidad comprendida entre los 2.379 y 2.465 metros.
Los testeos que efectúa la compañía británica en Sea Lion estarían limitados por los problemas que plantea una actividad divorciada de todo soporte de infraestructura logística, lo que encuentra en la falta de almacenaje su mayor dificultad de sustentabilidad.
De confirmarse fehacientemente las favorables perspectivas de las exploraciones del pozo Sea Lion, la Argentina podría desatar una serie de represalias que agravarían en forma ostensible la vida de la población kelper distante a 700 kilómetros del continente argentino y a más de 14.000 kilómetros de la Gran Bretaña.
Atento al millonario costo financiero emergente de haber desplazado hace poco más de un año a una plataforma exploradora como la Ocean Guardian no debe llamar la atención que Rockhopper esté esforzada en obtener mayores resultados técnicos y económicos de esa campaña perforadora.
Las tareas de la petrolera británica fueron comentadas en una reunión efectuada ayer por el Club del Petróleo en la que el experto Eduardo Barreiro disertó sobre las perspectivas existentes en el país en materia de explotación de yacimientos de gas y crudo no convencionales, que hasta ahora existen bajo la presunción de recursos que no pueden evaluarse como reservas efectivamente disponibles.
Frente a esas tareas que Rockhopper desarrolla en una atmósfera de creciente enfrentamiento con la Argentina, ayer el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, al hablar en la Escuela de Defensa Nacional en un seminario sobre “La relación estratégica entre América latina y China” agradeció al embajador de ese país asiático –Yin Hengmin– el apoyo brindado en la disputa de soberanía que se mantiene con Gran Bretaña.
Ese pronunciamiento, advirtió Puricelli, está fundado en los antecedentes históricos, geográficos y jurídicos de la Argentina, que China “se comprometió a mantener en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, destacó Hengmin.
Las evaluaciones que genera el accionar de Rockhopper es asimilable a la aventura exploradora lanzada por otras compañías, como Desire Petroleum, cuyos resultados tienen en vilo a la población de esas islas en la que la dotación militar de la base de Mont Pleasent es casi similar al número de habitantes de Port Stanley.
Con una comunidad kelper embretada en ratificar su subsistencia económica y política, las pesquisas petroleras amagan activar un agravamiento de ese conflicto que se arrastra desde 1833, fecha en la que consumó el desalojo militar del gobernador Luis Vernet destacado en Malvinas por la entonces Confederación Argentina.
Ante la total falta de diálogo que predomina entre las partes en conflicto, la presidenta Cristina Fernández juzgó en fecha reciente a Gran Bretaña como una “burda potencia colonial en decadencia”. Pese al divorcio que la postura de Londres tropieza en el contexto internacional y especialmente en el ámbito regional, no cabe otra cosa que interpretar que los resultados del conflicto bélico de 1982 todavía configuran un llaga sin restañar para los políticos de la Gran Bretaña. Sólo la postura adoptada a mediados de la década del sesenta por el ministro laborista Harold Wilson fue capaz de dar paso a una instancia negociadora que maduró en la firma de la resolución 2.065 de la Organización de las Naciones Unidas.
A partir de ese documento internacional la compañía LADE comenzó a brindar vuelos semanales entre Comodoro Rivadavia y Puerto Stanley, que mejoraron en forma ostensible la calidad de vida de la población de las islas. Inclusive el Estado argentino llegó a construir una pequeña pista de aterrizaje en la que la ex YPF llegó a desembarcar apreciados cargamentos de GLP.
Transcurrido el conflicto de 1982, durante el gobierno de Carlos Menem la Gran Bretaña aceptó suscribir en 1996 un documento en Nueva York que abrió una instancia de cooperación en aguas del ángulo Sudoccidental de Malvinas a fin de facilitar exploraciones conjuntas de hidrocarburos.
Sin embargo, la posterior falta de avances concretos determinó luego al ex presidente Néstor Kirchner a denunciar ese frustrado documento bilateral. Para Gran Bretaña ciertos resabios de su pasado colonial como la posesión del peñón de Gibraltar, sustentada al menos en un específico tratado (Utrecht) firmado por España en 1713, aparece por completo reñida frente a todos los avances concretados en materia de descolonización en la década del sesenta.
La presidenta Cristina Fernández advirtió en fecha reciente que la defensa de los recursos naturales configura una de las grandes batallas que están en camino de darse en todo el mundo. Otro dato estriba en la postura que ante el conflicto de Malvinas pueda adoptar Estados Unidos.
En 1982, tras ciertos devaneos de mediación, el país del Norte finalmente se terminó alineando con Gran Bretaña al punto de entregarle valiosos cohetes como el Sidewinder, que ayudaron a frenar los castigos infligidos por la Fuerza Aérea a la Royal Navy.
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