En la sesión del 20 de marzo, el diputado Fernando Solanas se refirió a la cuestión Malvinas y encabezó la mención de homenaje a Arturo Sampay. Video
Fernando Solanas
En la apertura, el líder de Proyecto Sur hizo hincapié en la figura de Sampay –de quien el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento- como uno de los mentores de la revolución social que impulsó el peronismo y tuvo su encarnación institucional en la Constitución de 1949. Solanas mencionó aspectos de la biografía y cualidades extraordinarias del jurista y constitucionalista nacido en Concordia en 1911, al tiempo que hizo especial referencia a la concepción de éste sobre las empresas estatales, y a los artículos 39 y 40 de la Constitución justicialista: aquellos que hablan de la función social del capital y de la propiedad inalienable de los recursos naturales por parte de la Nación. Otros diputados se sumaron de manera formal al homenaje, aunque sin revelar la actualidad del pensamiento de Sampay en lo que hace a los derechos sociales y el interés geoestratégico que tienen recursos como el gas, el petróleo y los metales.
Acto seguido, los diputados tomaron en consideración la Declaración de Ushuaia del pasado 25 de febrero: desde todos los bloques hubo unanimidad en lo que respecta a su pertinencia y a la correcta caracterización que hace la Declaración sobre el conflicto con el Reino Unido por la soberanía sobre las Islas.
Pero la intervención de Solanas desnudó que, más allá de sus buenas intenciones, el texto no deja de ser insuficiente y queda en lo meramente testimonial. Pues no anuncia medidas concretas que afecten los intereses económicos británicos en nuestro país y en las Islas Malvinas. El conflicto, cerrado sobre lo diplomático y jurídico, sigue sin ser asumido en su dimensión geoestratégica, económica y de defensa. Al contrario, el Reino Unido opera en todos esos niveles, a lo que podemos sumar la militarización, lo cual genera una clara asimetría en relación a la estrategia argentina.
Si bien es cierto que se ha avanzado en la extensión regional de la disputa (a nivel de UNASUR), no puede obviarse que el Gobierno Nacional sigue sin reglamentar la Ley Solanas 26.659, aprobada por unanimidad en ambas cámaras en 2011, y que dispone sanciones a las empresas que, vinculadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas, cuenten con intereses también en territorio continental. El diputado de Proyecto Sur se refirió asimismo a la necesidad de dar de baja los Acuerdos de Madrid I y II (1989 y 1990; el segundo contiene protocolos de seguridad militar violados sistemáticamente por Inglaterra); derogar la Ley de Protección Recíproca de Inversiones con Gran Bretaña, que beneficia sobremanera a los capitales ingleses en nuestro país; y terminar con el acuerdo de cooperación militar firmado en 1998.
En definitiva, para Proyecto Sur, lo importante, en la cuestión Malvinas, es compensar el latrocinio con la aplicación de duras sanciones económicas a los intereses británicos en nuestro país, y abordar una estrategia integral que supere la estrecha lectura oficial.
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