El transporte fluvial es el foco de una investigación con varios funcionarios corruptos denunciados.
Las denuncias del Tribunal de Cuentas uruguayo sobre las irregularidades en el proceso para extender el contrato a la empresa Riovía, que desde hace 16 años se encarga del mantenimiento del Martín García, ponen en foco la seguidilla de negociados corruptos que afectan la administración de los corredores marítimos argentinos.
En septiembre de 2011 el diputado Fernando Solanas, inició una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra Menem, Duhalde y sus ministros Capitanich (jefe de Gabinete) Gabrielli (Ministro del Interior), Vanossi
(Ministro de Justicia) Remes Lenicov( Ministro de Economía) De Vido, Boudou y la Presidenta de la Nación, que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Dra. Servini de Cubría. Causa Nº12331/11.
La denuncia plantea irregularidades en los siguientes puntos, entre otros: aumento de peaje en el corredor, ampliación de subsidios, extensión de contratos.
El aumento de peaje sufrió un aumento de 107% en dólares no acumulativo entre 1997 y 2006; 26% en 1997, 45% en 2002, y 36% en 2006.
Se otorgó un total de 467 millones de dólares en subsidios: 40 millones de dólares por año desde 1995 al 2003 (320 millones de dólares), 3.125.000 de dólares mensuales por 36 meses (112 millones de dólares) y compensaciones por 35 millones de dólares.
Además, de las ampliaciones del contrato en 1997 durante el gobierno Menem/Cavallo y en 2010, con Kirchner/De Vido/Boudou. Se adjudicó en 1995, se renegoció en 1997, alterando los pliegos de la licitación y se prorrogó el plazo en 8 años. Se volvió a renegociar en el 2002, violando la Ley 25.561 que establecía la pesificación, ya que mediante un decreto se permitió el cobro en dólares del peaje. En diciembre de 2003 (Kirchner) se volvió a prorrogar el contrato hasta el 2004, o hasta que se expidiera la Unidad de Renegociación, lo que suponía una prórroga indefinida. Por decreto 113/2010, se vuelve a prorrogar por 8 años, y se amplía el contrato a 9 años más, además de otorgarse un subsidio de 3.125.000 dólares mensuales, por tres años, durante no se cobrará peaje en el tramo ampliado.
Solanas sostuvo que “todos los sucesivos gobiernos desde 1995, accedieron a todas las pretensiones de la empresa, ajustando permanentemente la tarifas sin ningún estudio previo llevándolas a una dimensión que permitiría que el Estado Nacional se siguiera perjudicando en beneficio de un grupo de particulares que han seguido adelante con este inconcebible negociado”.
La causa por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” raíz de la concesión de la ruta marítima del Río Paraná, fue derivada al Juzgado Federal N°1 a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Se trata de un contrato de 1993 que tenía como fin mejorar la navegabilidad del Río Paraná, y que "a los 2 años de firmado, se renegoció debido a los reclamos efectuados por la empresa concesionaria Hidrovía SA, reconociéndose a su favor una serie de inadmisibles de compensaciones que totalizaron la suma de 35 millones de dólares”.
Esta denuncia también involucra a los ex ministros Jorge Capitanich, Jorge R. Vanossi, Jorge Remes Lenicov y Rodolfo Gabrielli, y al Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio M. De Vido. “Nuestra denuncia penal no es solamente contra Menem, Duhalde y Cristina Kirchner, quién firmó el Decreto que vuelve a prolongar durante ocho años. Sino también contra todos los que han cobrado subsidios por $320 millones al año, todos tienen que ver con las sucesivas prorrogas de este contrato sin haberse realizado la licitación como corresponde”, dijo el diputado de Proyecto Sur.
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