Soberanía nacional, Atlántico Sur y pesca

Por el Dr. César Augusto Lerena.

Fuente Informador Público

La actividad pesquera no puede estar en manos de vendedores de pescados o de burócratas
del Estado. La pesca es una actividad geoestratégica de la nación, fundadora de pueblos,
radicadora de industrias, generadora de empleos y custodia del territorio marítimo en el extenso
atlántico sur argentino. El reciente saliente ex subsecretario de Pesca Tomás Gerpe era “un buen
muchacho”. Dejó todo como estaba. Siguió haciendo las cosas peor que hace 50 años,
incrementando la concentración del negocio y bajando el valor agregado; dándole continuidad a la
inefable política de Moreno donde el importador debía exportar, a punto tal, de dar lugar en la
actividad en 2014 a una empresa del rubro de la electrónica y los electrodomésticos,
absolutamente ajena a la pesca que, a solo tres años, lidera las exportaciones pesqueras. Algo
huele mal en Dinamarca. ¿Más valor agregado, más ocupación, mayor explotación racional del
recurso? No, los pocos peces grandes se siguen comiendo a los chicos.

Designado subsecretario, su segundo, Juan Bosh, quien hasta el momento era el brazo
ejecutor de la desindustrialización pesquera y la profundización de su langostino-dependencia,
este funcionario muestra números que engañan a los funcionarios y lectores desprevenidos: 2017
fue récord de las exportaciones con 1.978 millones de dólares, un 16,2% mayor que en el 2016,
como producto de la comercialización de commodities de calamar (un 13% del monto total
exportado), de langostinos (un 62% del monto total) y la decreciente exportación del resto de las
especies que se quedaron con el 25%, cuando hace 20 años representaban el 62% de las
exportaciones del país. Solo en la exportación de merluza entre 1997 y el 2017 se perdieron unos
100 millones de dólares anuales, a pesar de las bajas de precios internacionales de 1997. Todo
ello, con la consecuente pérdida de valor agregado y la creciente desocupación de trabajadores
en las plantas industriales.

Además, nadie habla de lo que los científicos especializados han reiterado hasta el
cansancio: las predicciones sobre la captura del langostino son impredecibles y una reducción
drástica en sus capturas, como las de la década del 2000 donde se extrajeron un promedio anual
del 23% de la captura actual, provocaría una crisis sin precedentes en el sector, ya que la pesca,
en la última década, ha mutado de la captura y procesamiento en tierra de la merluza a la
extracción del langostino.

La pesca es un recurso del Estado concesionado a terceros y el gobierno de turno debiera
administrarlo adecuadamente, porque no se trata de bienes propios de un reducido número de
empresarios sino de un recurso de todos los argentinos que debe explotarse racionalmente, con
sustentabilidad económica, pero también social y biológica.

Pero este tema es aún más grave que lo ya descripto en estas líneas, como para dejarla en
manos de meros burócratas. ¿Son estos señores, incapaces de administrar adecuadamente un
recurso biológico, capaces de prestar el debido asesoramiento al Ejecutivo sobre la utilización de
esta fenomenal herramienta geopolítica y de soberanía alimentaria? Por cierto, que no.
Dos millones de toneladas anuales de recursos pesqueros son explotados en el atlántico sur.
Un millón doscientos mil por parte de embarcaciones extranjeras clandestinas, incluyendo las que
operan con licencia inglesa. Doscientos mil toneladas anuales se descartan en el mar con las que
se podrían alimentar dos millones anuales de personas vulnerables, con proteínas de la mejor
calidad. ¿Qué hace el gobierno y los funcionarios de la subsecretaría al respecto?

La Argentina tiene un territorio marítimo de 4.779.000 Km2 contados desde las líneas de
base del territorio continental hasta las 200 millas y más allá de estas de 1.782.000 Km2 de
plataforma continental. Aunque de ese territorio una parte importante se encuentra invadido por
el Reino Unido, como consecuencia de la ocupación de facto de las 200 millas alrededor de
Malvinas y el consecuente reclamo de derechos sobre la plataforma.

¿Quién elabora el plan estratégico de la nación en el atlántico sur que pretende ceder los
recursos pesqueros y facilitar los traslados aéreos de los malvinenses y circunscribir la cuestión a
los 11.410 Km2 de Malvinas?

Esta política la inició Menem-Cavallo con los falsamente denominados “Acuerdos de
Madrid” -aunque las tratativas previas fueran obra de Caputo- diseñados a la medida del Reino
Unido, y aun así este los ha violentado en forma sostenida, ampliando su ocupación marítima y
explotando los recursos naturales argentinos, desacatando todas las normas y desatendiendo la
conocida resolución de las Naciones Unidas 2065/65; pero en especial en materia de apropiación
de los recursos naturales de la Nº 31/49 que “Insta a las partes a abstenerse de ejecutar medidas
unilaterales en el área en disputa” y las Nros. 3171/73; 3175/73 Y 3336/74 que “Afirman el
derecho de los Estados cuyos territorios están bajo ocupación extranjera a la soberanía
permanente sobre sus recursos naturales; declarando que, la explotación de los recursos
naturales en esos territorios, son ilegales e, instando a poner fin inmediato; a restituir los
recursos naturales y a la plena indemnización por la explotación y daños causados…”. Si el
gobierno argentino no resguarda su soberanía con lo dispuesto en estas Resoluciones de las
Naciones Unidas y cede sus recursos pesqueros es poco -nada- lo que podemos esperar respecto a
la restitución de nuestro territorio.

Ya en este gobierno, la Cancillería a cargo de Malcorra (2016) efectuó la declaración
conjunta entre las Cancillerías Argentina y británica que, respecto a esta materia, indicaba:
“…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento
económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca,
navegación e hidrocarburos“, manteniendo la “fórmula del paraguas” de los llamados Acuerdos de
Madrid. Quedamos verdaderamente azorados: ni las “relaciones carnales” de Di Tella, se habían
atrevido a remover todos los obstáculos para asegurar el desarrollo sustentable de Malvinas y de
los británicos ocupantes de las Islas: una verdadera “rendición incondicional”.

La posibilidad de vuelos a terceros países desde y hacia Islas, y la carga de insumos y
recambio de tripulaciones para los más de 500 buques extranjeros que operan en el Atlántico Sur,
transformarían a Malvinas en el centro logístico pesquero más importante del cono sur, lo que
junto a los anuncios de la construcción de una zona franca en Uruguay por parte de China, no solo
llevaría a la quiebra de la actividad pesquera argentina, sino acrecentaría aún más la ocupación
extranjera del Atlántico sudoccidental; y por cierto, consolidaría la posición británica en Malvinas.
Refieren muchos expertos que un potencial acuerdo relativo al Petróleo sería consolidar
definitivamente la posición inglesa en Malvinas. Y ello es absolutamente así; pero la explotación
de los recursos pesqueros en el mar argentino es lo que les ha permitido a los ocupantes de
Malvinas sobrevivir durante estos últimos 36 años, como el propio Director Británico de Recursos
Pesqueros en Malvinas John Barton manifestaría el 14 de marzo de 2012 “Sin las Licencias de Pesca
no hubiéramos sobrevivido en Malvinas”.

La Argentina ha dicho al sancionar la Ley 24.543 “…teniendo presente el interés prioritario
de conservar sus recursos de la Z.E.E. y el área adyacente…el gobierno está facultado para
adoptar todas las medidas necesarias…el gobierno argentino manifiesta que no reconoce ni
reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado…el gobierno considera de
mayor importancia…”. Debiera entonces obrar en consecuencia y no acordar la explotación de sus
recursos ni facilitar su extracción o logística.

El desaparecido dibujante Caloi, comprometido con Malvinas en ocasión del Acuerdo de
Madrid (1989/90) nos ilustró claramente la política que llevó adelante el gobierno de Menem,
continuó el de los Kirchner y profundiza este gobierno.

El camino no es facilitar el crecimiento y desarrollo actual de las Islas, es denunciar los
Acuerdos de Madrid y comenzar a formular una Política de Estado con el concurso de embajadores
especializados, ministros, legisladores y expertos en materia de defensa, recursos, navegación,
etc. y la aprobación pertinente del Congreso de la Nación.

Desde la Pesca hay disponible un conjunto de herramientas que pueden ayudar a revertir el
statu quo de Malvinas; muchas de las cuales no podemos ventilar por razones obvias; pero, sí
podemos mencionar el proyecto S-2548/16 de Ley Nacional de Pesca Marítima presentado por los
Senadores Solanas; Pichetto; Rodriguez Saa; Abal Medina; Durango; Linares; Martinez; Odarda y
Pereyra que demuestra la voluntad de distintos partidos políticos, no solo de avanzar sobre
cuestiones de administración y desarrollo pesquero, sino de proveer las herramientas necesarias
para ocupar el Atlántico Sur y tener bajo control los territorios marítimos e insulares nacionales.
Malvinas no son solo una parte de nuestro territorio son un símbolo nacional que nos une y
nos obliga como nación soberana.