Los referentes de Proyecto Sur en el Frente Amplio-UNEN sentaron su posición sobre el procesamiento del Vicepresidente Amado Boudou.
El senador nacional Fernando "Pino Solanas", la diputada Alcira Argumedo, el legislador Javier Gentilini, el Director Vocal del Ente Único de Servicios Públicos de la CABA, Julio Raffo, y Mario Cafiero, diputado MC y presidente de Proyecto Sur Pcia. de Buenos Aires, exigieron hoy que, a fin de preservar la estabilidad institucional, Amado Boudou pida licencia mientras se desarrolla la causa que por primera vez implica a un Vicepresidente de la Nación.
“Pero si Boudou no estuviera a la altura de las circunstancias, el Frente para la Victoria debe hacerse cargo políticamente de esta situación y no obstaculizar su apartamiento, propiciando en juicio político desde el Congreso de la Nación, lo cual sería directa responsabilidad de la Presidenta de la Nación”, expresaron desde el partido que lidera Solanas.
“El procesamiento del vicepresidente Boudou marca de forma dramática la magnitud de la degradación institucional de la República”, señalaron los referentes de Proyecto Sur en Frente Amplio UNEN. “En tiempos en los que la corrupción atraviesa los más diversos espacios de la sociedad y del Estado, y mientras crece el reclamo ciudadano para que la Justicia recupere su independencia, la resolución del doctor Ariel Lijo es un ejemplo que dignifica a la democracia y la República. Esta resolución coincide con la decisión del papa Francisco de abrir los archivos del Vaticano ante el juicio por el asesinato del Obispo Angelelli, y con el comienzo del juicio al ex Ministro de Economía Domingo Cavallo por la gestión fraudulenta del megacanje; sin duda, se trata de pasos invalorables contra la herencia cultural de la impunidad”, añadieron.
En el contexto de una Argentina golpeada por la impunidad y el saqueo del patrimonio público, y en vistas de la extrema gravedad de la causa, el senador Fernando “Pino” Solanas convocó “a todas las fuerzas políticas a suscribir un acta de compromiso con el propósito de consensuar políticas de Estado en torno a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para poner fin a los negocios privados con bienes públicos, sin duda una de las causas principales de la violencia y la degradación del tejido social y la inseguridad.”
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