Solanas denunció a Aranguren por violar la ley de Ética Pública

Fue por no incluir en su declaración jurada sus antecedentes laborales y su vínculo con las empresas offshore Shell Western Supply and Trading Limited.

Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur, denunció penalmente al Ministro de Energía Juan José Aranguren por violar el artículo 12 de la Ley de Ética Pública al no incluir en su declaración jurada sus antecedentes laborales y su vínculo con las empresas offshore Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, y Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996.

El Ministro violó la Ley 25.188 de Ética en el cumplimiento de su función pública porque una de las empresas de las que fue directivo resultó ser la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del actual gobierno.

La denuncia fue presentada este viernes ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de la doctora María Servini de Cubría. 

“Muy poco realista la defensa de Aranguren para despegarse de las offshore. ¿Qué está esperando Mauricio Macri para pedirle la renuncia? Aranguren mintió sobre la provisión de gas de Bolivia, con los contratos que firmó a precios inflados con las empresas chilenas que representan a Shell, y ahora lo vuelve a hacer. En cualquier gobierno serio del mundo un ministro con los errores de Aranguren ya estaría en su casa”, sentenció Solanas.

El senador ya había denunciado denunció penalmente en 2016 al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y a Julio Aníbal Balboa, presidente de Energía Argentina S.A. (ENARSA) por violar el Régimen de Contrataciones al comprar gas a Chile un 128 por ciento más caro del precio que Bolivia le vende a la Argentina.

De acuerdo a esa denuncia presentada, Aranguren estaría incurriendo en la posible comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal de la Nación) violando el régimen de contrataciones públicas. Interviene el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 a cargo de la Dra. María Romilda Servini de Cubría, y la Fiscalía Federal Nº 12 a cargo del Dr. Patricio Evers.

“Los contratos firmados entre ENARSA, dijo Solanas, y la empresa SOLGAS de Chile, para comprar en forma directa 86 millones de metros cúbicos de gas a un precio de 6.90 dólares el millón de BTU violaron las disposiciones del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, resultando un 128% más caro que el gas que se le compra a Bolivia.

Adjuntamos la denuncia presentada el 9 de noviembre de 2017.

AMPLIA DENUNCIA. OFRECE PRUEBA

Señor Juez Federal:

ALEJANDRO E. OLMOS con domicilio legal constituido en la Av. Rivadavia 1829, piso 6º, en la causa Nº 6553/2016, iniciada conjuntamente con el Senador de la Nación FERNANDO EZEQUIEL SOLANAS, a V.S. como mejor proceda digo:

I.- Que oportunamente con el Senador Fernando Solanas, presentamos una denuncia por el incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el Ministro de Energía y Minería, Ing. JUAN JOSÉ ARANGUREN, en razón de una serie de circunstancias, que estimamos merecían reproche penal. Posteriormente aportamos nuevos elementos que consideramos de relevancia respecto de la denuncia, y ahora vengo a ampliar la misma, debido a la posible comisión del delito previsto y penado por el artículo 249 del Código Penal de la Nación.

II.- De conformidad con las últimas noticias aparecidas en los medios, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, es otro de los argentinos relacionados con  mundo offshore de los  Paradise Papers, proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. A través de la investigación efectuada, se pudo tomar conocimiento que el Ministro Aranguren, ex CEO de la petrolera Shell fue director de al menos dos empresas radicadas en un paraíso fiscal, según los documentos a los que accedió los miembros del equipo argentino de esta investigación global. 

Estas cuestiones serían meramente anecdóticas, sino pusiera en evidencia en primer lugar, que el Ministro no ha cumplido con la Ley 25.188 de Ética en el cumplimiento de la función pública, y en segundo lugar el hecho que una de las empresas de las que el ministro fue directivo, es la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del actual gobierno.

Como surge de los documentos dados a conocer, entre abril y septiembre de 2003, Aranguren aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados. También, figura como director de Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996.

En abril de 2016, Shell Western Supply and Trading se quedó con siete de los ocho cargamentos de gas oil licitados por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que es un organismo que depende del Ministro denunciado. Al respecto cabe apuntar que YPF, que es la compañía de Petróleo con mayoría estatal y se encuentra dentro de la estructura del Estado también participa en el proceso: elige a los oferentes y CAMMESA los contrata. La compra se conocía desde hace meses, pero se ignoraba la vinculación existente en el año pasado. Pero no se conocía hasta el momento. la vinculación de las offshore y el Ministro Aranguren, hasta que se dieron a publicidad estos documentos.

Esa vinculación era desconocida, en razón de que el Ministro Aranguren no cumplió con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 25.188 que establece: “Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales al solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse.”. Si bien eran conocidos los vínculos accionarios con la empresa Shell, y las funciones de responsabilidad que llevara a cabo en la misma, el Ministro Aranguren hasta el año 2015, se ignoraba totalmente su pertenencia a las referidas offshore, debido a que el Ministro Aranguren en sus antecedentes laborales, ocultó su vinculación con ellas, lo que hace suponer en una omisión deliberada con propósitos que la justicia debería investigar.

Ante el público conocimiento de las offshore relacionadas con el Ministro, él emitió un comunicado, que dice textualmente así:

Luego de haber recibido en persona y contestado por escrito las preguntas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, creo necesario aclarar varios puntos de las notas de prensa escritas sobre Paradise Papers en las que se me menciona.

Como es de conocimiento público, hasta el 30/06/2015 trabajé en la filial argentina (Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.) del grupo Royal Dutch Shell plc (RDS), en la cual empecé mi carrera profesional el 8 de marzo de 1979 como Tecnólogo Junior de procesos, terminando en el puesto de Presidente, cargo que desempeñé desde el 01/01/2003 hasta el 30/06/2015.

Como parte de mi carrera en el grupo Shell, me desempeñé en el exterior en dos instancias: a) en Geelong, Australia, entre 1985 y 1986; y b) en Londres, Reino Unido, entre 1995 y 1997. En la primera asignación lo hice en el área de Tecnología de Procesos y en la segunda como Coordinador de Área para los países anglo parlantes del África (durante 1995) y luego de Latino América (en 1996 y 1997).

En ambos casos, era práctica común desempeñar el rol de director representante del accionista en alguna de las tantas compañías subsidiarias que operaban en dichas regiones. Asimismo, adicionalmente a mi responsabilidad como presidente de Shell Argentina también me desempeñé por algunos años (entre 2003 y 2005) como Vicepresidente de Suministros y Distribución de una organización regional llamada Shell Oil Products Latin America (SOPLA), teniendo la responsabilidad del suministro y la distribución de productos Shell en todos los países de Latinoamérica, parte de la cual también incluía ser director representante del accionista en algunas de las entidades que operaban en la región. En el marco de esa función laboral, fui director de Shell Western Supply and Trading Limited con sede en Barbados, cargo que dejé hace más de 12 años.

Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley. El grupo Royal Dutch Shell plc es una organización multinacional con actividades en múltiples países del mundo y Shell C.A.P.S.A. es su filial en Argentina. En mis asignaciones como expatriado (entre 1995-1997) o cuando desempeñé además de un puesto local otro regional, tuve presencia en directorios de varias compañías donde el grupo RDS tenía intereses.

Operar comercialmente en los países antes mencionados tampoco es un delito. No hay una prohibición legal de realizar actividades comerciales en dichos países. Cabe aclarar además que mientras estuve en la empresa, las filiales se dedicaron exclusivamente a actividades petroleras.

Las notas y comentarios periodísticos relacionan estas actividades de mi etapa laboral en Shell con las compras de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil, a través de ENARSA y CAMMESA, respectivamente, realizadas durante la actual gestión de gobierno.

Quiero aclarar una vez más que, tal como lo ordena la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, desde que soy Ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a Shell. Todas las compras de ENARSA y CAMMESA se hacen a través de licitaciones públicas, abiertas y transparentes, en las que se convoca a proveedores de todo el mundo.

Todas las licitaciones, cualquiera sea el adjudicatario, se adjudican a la oferta más conveniente para el erario.

Sin embargo, cuando la oferta seleccionada es de Shell me abstengo de intervenir y ordeno el envío de las actuaciones al Ministro de Producción, que me subroga como consecuencia de mi excusación en todo lo relacionado particularmente a mi anterior empleador, conforme lo aprobara el Presidente Macri por el decreto 1006/2016.

Cabe agregar, que por instrucciones mías, ENARSA ha remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN toda la documentación de las licitaciones adjudicadas a Shell, que es una de las 10 empresas a las que se le han adjudicado licitaciones de GNL durante 2017, incluyendo las ofertas de todos sus competidores, antes de concretar la adjudicación, a fin de que verifiquen la regularidad del procedimiento; más allá de que la SIGEN controla lo actuado por ENARSA a través de la Comisión Fiscalizadora de la empresa.

En el mismo sentido, no he tenido intervención alguna en compras de gasoil importado realizadas por CAMMESA, que fueron consecuencia de licitaciones internacionales llevadas adelante por YPF en virtud de un acuerdo entre ambas empresas, y las que fueron auditadas por SIGEN, verificándose que en todo momento he cumplido con mi deber de abstención.

…Por último quiero recordar que en septiembre de 2016 me desprendí de mis acciones en Shell, que eran fruto de mis 36 años de trabajo en la empresa. Lo hice siguiendo una recomendación de la Oficina Anticorrupción aun cuando ese mismo organismo aclaró que no había una obligación legal de hacerlo. Dejé constancia de los montos percibidos ante escribano público y en mi última Declaración Jurada correspondiente al año 2016 presentada ante la Oficina Anticorrupción”

El Ministro en su declaración, hace una defensa formal, pero nada realista de su vinculación con las offshore, y la forma de actuar para evitar conflicto de intereses, además de enunciar la legalidad de estas empresas ocultas en paraísos fiscales. En principio, si lo que hacen tales sociedades es transparente, no se entiende porqué deben recurrir a jurisdicciones extrañas, donde no se llevan libros, a las que se recurre para evitar cumplimientos fiscales, y evadirlos en otros países donde actúan.

Aranguren ha manifestado, que cualquier negociación o contrato a celebrarse con Shell, él procede a excusarse y el que interviene es el ministro de la Producción. Sin duda que esta es la manera de proceder para evitar conflicto de intereses, pero esto de manera alguna se relaciona con la realidad, ya que no existe forma de controlar esa excusación, siendo de toda evidencia que la política energética es de resorte exclusivo del Ministro del Área, quien decide que es lo que se va a hacer, y con quien se va a negociar, más allá de la intervención de Enarsa o de Cammmesa, que dependen del Ministerio de Energía que Aranguren conduce.

Resulta inconcebible juzgar la política petrolera argentina y su fracaso, cuando Aranguren ex presidente de la británica Shell, que importa, refina, transporta, comercializa y ahora extrae petróleo y gas de argentina, fue corresponsable con Julio De Vido del fracaso de la política hidrocarburífera.

Hay formas muy usuales de realizar actos incorrectos. En el caso del Ministro Aranguren es clara su dependencia: 27 años en la Shell además de conservar una importante cantidad de acciones de la empresa y 6 meses en el gobierno argentino. A los efectos de cubrirse, el año pasado declaró que cuando existía una cuestión relacionada con la empresa que presidió y de la cual era accionista se abstenía de firmar o decidir, pero lo hacía alguien que dependía funcionalmente de él, o sea su segundo en la burocracia oficial. Lo mismo ocurría, cuando alguien que dependía de él y había sido funcionario de una petrolera como Pan American Energy o alguna otra, se excusaba de intervenir, entonces es el Ministro quien decidía. Ahora el procedimiento es distinto, e interviene otro ministro, y eso de manera alguna cubre las eventuales responsabilidades, ya que el Ministro de la Producción, es parte del Poder Ejecutivo que integra Aranguren, y en consecuencia es parte del mismo poder del Estado. Es decir no son dos entidades carentes de relación alguna. Como puede verse, es un sistema donde los aspectos formales pueden encubrir la realidad.

El año pasado, la Oficina Anticorrupción determinó que el funcionario "debe abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con el Grupo Shell”, en función de lo que exige la Ley de Ética Pública. Con posterioridad, La polémica se inició cuando se supo que según su declaración jurada patrimonial del 2015, Aranguren declaró tener desde diciembre de 2008, acciones Clase A, en la Royal Dutch Shell PLC, por valor de $ 16.326.051,67, al día de hoy, unos 900.000 dólares. El mismo valor, por el mismo concepto, volvió a informarlo en su declaración jurada a principios del año siguiente. Cuando el caso se hizo público, en 2016, la Oficina Anticorrupción se expidió diciendo que se le haría una "recomendación preventiva", la cual acató porque para el final de 2016, dichas acciones ya no aparecían en su declaración jurada.

En ese entonces la Diputada Elisa Carrió sostuvo que el conflicto de intereses era evidente, en razón de lo cual el Gobierno salió a defenderlo, diciendo que la porción de acciones del ministro dentro de la petrolera representaba “apenas el 0,0001% del patrimonio total de la multinacional”, aclaración totalmente irrelevante, porque esa porción en modo alguno hacía relativa la participación del Ministro Aranguren en Shell, ya que obviamente le interesaban los negocios que pudiera encarar la misma

Aunque la participación era limitada en la sociedad, no lo era respecto al patrimonio declarado por el Ministro, ya que representaban esas acciones el 20% de su patrimonio bienes, depósitos y dinero declarados al Inicio del 2016, el dinero que tenía invertido Aranguren en Shell representaba casi el 20 % de su patrimonio declarado.

En septiembre del año 2016, la Oficina Anticorrupción indicó que "no tenía información suficiente” como para concluir si Aranguren había violado la ley. Fueron 2 tipos de documentos los que a los que la OA no tuvo acceso:

1) Las constancias escritas de la aprobación de la operación con esta empresa offshore por parte de la Secretaría de Energía Eléctrica del  Ministerio de Energía y Minería.

2) Las “Actas de Reuniones Informe de Situación Combustibles 2016” celebradas en las dependencias de CAMMESA, entre representantes de esa empresa y distintos actores del sector energético.

En todas estas cuestiones relacionadas con la política energética, se abrió oportunamente una investigación en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo del Dr. Bonadío que alcanza hasta el año 2015, pero en la misma no analiza el año 2016 con el cambio de gobierno y las continuidades o discontinuidades en la política energética.

En el año 2016, el ministro de Energía y Minería era accionista de Shell, lo que significaba una manifiesta incompatibilidad por intereses cruzados. Como accionista de Shell estaba de un lado del mostrador vendiendo GNL, y después estaba del otro lado del mostrador comprando GNL. No era muy neutral la relación: casi cuarenta años como ejecutivo de la empresa vendedora y apenas dos años de ministro comprador, pero siempre accionista de la británica Shell central, ahora con única sede en La Haya.

En 2016 Enarsa contrató 79 embarques, 50 por Escobar y 29 por Bahía Blanca. Shell vendió 8 cargamentos de gas natural licuado, 4 por Escobar y 4 por Bahía, o sea que en 2016 tuvo una participación del 12,7% de los embarques.

El precio más alto de Shell alcanzó a 6,95 dólares el millón de BTU¹ (d/MMBTU) introducido por Escobar (sus precios osciló entre 5,36 y 6,95 d/MMBTU), mientras que el promedio de compra de los 79 embarques fue de 5,641 d/MMBTU.

Las empresas vendedoras en 2016, entre petroleras y comercializadoras de recursos primarios alcanzó un número total de 15 (10 por Escobar y 11 por Bahía) y son las siguientes:

Por su parte, en Bahía Blanca el precio más alto de Shell fue de 5,88 d/MMBTU (osciló entre 4,66 y 5,88), el más alto lo obtuvo Vitol (6,78) y el promedio de los 29 embarques fue de 5,272.

Es curioso como Shell, el año de cambio de gobierno cuando asumieron muchos Ceos de las empresas, esta petrolera baja su provisión de embarques a solo el 12,7%, que fueron contratados por el gobierno anterior. Ya se discutía la situación de los sobreprecios. Pero en este año 2017 se acuerdan 8 embarques lo que la coloca en el en tercer lugar junto con la estatal rusa. Pero en 2017 salta a convertirse en el mayor vendedor con 22 embarques.

En 2017 el precio máximo de Shell fue de 6,18 d/MMBTU por Bahía Blanca (oscilando entre 5,21 y 6,18) 6,95 por Escobar. Durante este año la participación de Shell ha sido el 31,9% de los embarques superando ampliamente los embarques del año anterior.

Las operaciones, que antes Enarsa no hacía público, en 2017 fueron con mayor concentración que el año anterior, las 10 empresas siguientes:

La nacionalidad jurídica de las empresas está dispersa en 7 países, donde priman las europeas (9 empresas) y una empresa de Estados Unidos (Cheniere). Hay dos empresas de Reino Unido, Suiza y Holanda. Por ejemplo, en este año la primera empresa es la británica Shell, y le siguen las suizas Trafigura y Glencore, en cuarto lugar la española GNA seguida por la hoy BP (antes British Petroleum).

Como puede observarse, ha crecido la participación de Shell en los negocios a los que se hace referencia, y esto debe ser materia de investigación, mucho más, cuando una de las offshore, que el ministro ocultara en su declaración jurada, Shell Western Supply and Trading se quedó con siete de los ocho cargamentos de gas oil licitados por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, lo que debe ser materia de la debida investigación por parte del poder jurisdiccional. Aquí el ocultamiento está claro, y hay que saber el porqué. El Ministro Aranguren, no es un profesional improvisado, que ignora los mecanismos del mercado petrolero, y cómo funcionan las offshore, para ocultar ganancias y evadir responsabilidades fiscales.

Finalmente, como lo indicáramos, el ministro no cumplió con lo establecido por el art. 12 de la Ley 25.188, y no creemos que se trate de una simple omisión o un “olvido”, ya que el sentido de la norma es claro, en cuanto a saber la existencia de posibles incompatibilidades en función de relaciones laborales anteriores.

III.- PRUEBA. Sin perjuicio de las acciones, que pueda ordenar V.S. a los efectos de investigar sobre la posible comisión de los delitos denunciados solicito:

1.- Se libre oficio al diario “La Nación” a los efectos de que este medio acompañe los documentos referidos a las offshore vinculadas con el Ministro Aranguren, y cualquier otra documentación que pudieran haber obtenido a través de la investigación llevada a cabo.

Por lo expuesto a V.S. solicito:

1.- Se tenga por ampliada la denunciada oportunamente presentada, y se proceda a investigar sobre los hechos traídos en conocimiento del tribunal.

Proveer de Conformidad

SERA JUSTICIA

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