La votación de los dos miembros de la Corte Suprema dejando de lado más de diez proyectos que planteaban su ampliación a 7,9 u 11 miembros sin respetar el cupo femenino, contradice la prometida reforma judicial y la calidad institucional.
La votación de los dos miembros de la Corte Suprema dejando de lado más de diez proyectos que planteaban su ampliación a 7,9 u 11 miembros sin respetar el cupo femenino, contradice la prometida reforma judicial y la calidad institucional.
¿No se degrada la Republica al aceptar como normal la nominación de dos jueces que a pesar de su sólida formación académica, convalidaron la violación de la Constitución al aceptar ser nombrados “en comisión” como lo hacían las dictaduras?. Los méritos académicos no son garantía de respeto a la constitución ni a la ética. ¿No asumieron grandes juristas en las dictaduras?. Alfredo Orgaz integró la Corte de la sangrienta “Revolución Libertadora”, Guillermo Borda la de la dictadura del General Onganía y Pedro Frías la del “proceso” genocida de Videla, junto a otros notables.
La sesión de ayer fue penosa, porque escuchamos reiteradas veces críticas al proyecto, pero finalmente se terminaba votando por él en nombre de la “gobernabilidad y la institucionalidad”, como si oponerse resultara una “acción destituyente”.
También es muy grave porque está cuestionando la existencia misma de la oposición que es inseparable del juego democrático. Con la idea de gobernabilidad y fortalecer la institucionalidad se ha chantajeado desde los 80 y 90 al Congreso para votar leyes que traicionaban a la ciudadanía En todas las épocas, con Menem, Cavallo, De la Rua, Kirchner. Así nos llevaron a votar leyes atroces como la privatización de YPF y Gas del Estado, la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, la ley de reforma del Estado, la aprobación del sometimiento al Ciadi y los Tratados bilaterales de inversión; las facultades ilimitadas a Cavallo en el 2001, las leyes de punto final y obediencia debida y tantas otras que significaron el sometimiento irrestricto a la voluntad del Presidente de turno.
La votación de la Corte iba más allá de la designación de dos jueces. El país necesita ampliar la Corte y reformarla. Un Tribunal de 5 miembros para la conflictiva Argentina de estos tiempos, solo podrá tratar una parte de sus conflictos y puede resultar más fácil para el Poder Ejecutivo influir en cinco ministros que en siete o nueve.
La inmensa mayoría de los países de América Latina tiene en su Corte o Alto Tribunal, mas de 10 miembros: Chile 21, Colombia 23, Brasil 11, Venezuela 32, Ecuador 21. En Europa: Alemania tiene 16 miembros, España 12, Italia 14. La Corte argentina de 5 miembros resultó aceptable cuando se sancionó la Constitución de 1853 y podía ser admisible en un país de menos de 10 millones de habitantes, pero no en uno cuatro o cinco veces mayor.
Una Corte ampliada debe cumplir con el cupo femenino y estar integrada por uno o dos penalistas y laboralistas. El ex presidente Kirchner provoco un notable cambio al someter el nombramiento de los jueces a una suerte de consulta ciudadana lo que permitió nombrar por primera vez a dos juezas en la Corte: Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay que era especialista en derecho penal, como el Dr. Zaffaroni.
La Corte actual viene demostrando una tendencia conservadora, como lo atestigua el reciente fallo sobre el derecho de huelga, que mas allá de su basamento en el art 14 bis, plantea que solo los sindicatos reconocidos pueden llamar a la huelga. Que harán los trabajadores que no tienen reconocimiento oficial o aquellos donde sus conducciones sindicales están en connivencia con el gobierno? ¿Cómo podrán defenderse?
Con esta Corte es posible que se endurezca el derecho penal y el procesal penal. Quizá vendrán fallos que afectaran los derechos sociales y estarán a contramano de una evolución progresista de los derechos humanos, la justicia social y como siempre, de la soberanía nacional. Han pasado mas de doscientos días del fallo de la Corte en defensa del derecho a la información publica, exigiendo hacerlo con el contrato firmado entre YPF y Chevron. No lo cumplió el gobierno de Cristina Fernández ni el actual de Macri y la Corte no ha adoptado ninguna decisión al ver vulnerada sus decisión.
La Corte actual, es una Corte que puede darle la espalda a dos de los mayores conflictos nacionales: por un lado el delito organizado, las mafias, la corrupción y el narcotráfico y por otro, el permanente conflicto social
Para no equivocarnos debemos plantearnos, cuales son los conflictos de fondo y que Corte Suprema necesitamos. Una Corte que pueda hacer justicia en un país saqueado por el neocolonialismo; una Corte que enfrente al delito organizado y las mafias y defienda el interés de la Nación, su patrimonio, sus recursos y los derechos sociales. Para ello necesitamos promover un debate a fondo aunque tengamos que esperar algunas semanas para integrarla como corresponde y, como ese debate no se quiso dar y la Corte resultante está lejos de ser una solución, di mi voto negativo en la sesión del miércoles pasado.
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