La columna de opinión del diputado Fernando Pino Solanas publicada este sàbado en el diario Perfil.
Muchos se han sorprendido y pretenden descalificarnos, porque junto a la denuncia de los procedimientos delictivos y la red de complicidades que comprometen al vicepresidente Boudou con el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica, he votado con mis compañeros Alcira Argumedo y Jorge Cardelli por su expropiación. También lo hicieron por razones similares los diputados de Luis Juez y de Felipe Solá, firmante de nuestro proyecto: el primero en ser presentado el 12 de abril, más tarde clonado por el del oficialismo y similar al de los radicales Gil Laavedra, Negri y Tunessi y el de Gerado Millman del GEN.
Los intereses políticos y las campañas mediáticas divulgaron inexactitudes que han terminado confundiendo la opinión publica reiterando que se votaba sin saber a quien se estaba expropiando; que se compraba una empresa con maquinas inservibles; que el Estado iba a pagar una fortuna de deudas desconocidas; y que todo era una maniobra para encubrir a Amado Boudou y sus amigos. Nosotros votamos a conciencia: nos informamos antes de presentar nuestro proyecto y de votar en el recinto: visitamos los juzgados y conversamos con el delegado de los trabajadores de la empresa. El juez Ariel Lijo nos confirmó que la expropiación en nada entorpece los procesos en curso, como argumentan los especialistas Agustín Gordillo y García de Enterría.
En el Juzgado Nacional de Comercio a cargo Javier Cosentino, donde se tramita la quiebra, verificamos que las deudas de la empresa con el Estado cubren en exceso el valor de sus bienes: debe al Estado $ 404 millones y $ 51 millones a diversos acreedores privados, mientras el valor de libro de sus bienes de uso es de $ 81 millones, más el valor del inmueble. El delegado gremial Jorge Thierbach, nos confirmó que la maquinaria está en condiciones de producir lo que se le requiera y que los trabajadores apoyan la estatización así como la continuidad del juicio.
Lo que en realidad no está aún saldado es el debate entre lo público y lo privado: las ideas neoliberales, así como la mayoría de las peores leyes de Menem y Cavallo continúan vigentes y ni desde el gobierno ni de algunos sectores de la oposición, se oyeron voces en reclamo de su derogación o en pos de acabar con la patria subsidiada y las cajas negras que siguen alimentando los grupos económicos a través de las corruptas concesiones de los trenes, subterráneos, rutas, Hidrovía y otras más.
Por encima de los intereses políticos, Proyecto Sur privilegió siempre la defensa del interés de la Nación y del bienestar del pueblo. Hemos sido coherentes con nuestros principios y por lealtad a esos principios nos despojamos de rencores y cálculos electorales, analizando objetivamente cada proyecto legislativo, venga de quien venga y más allá de las intenciones de quienes lo presentan. Por estas razones votamos en general el proyecto de expropiación y nos opusimos al artículo 6º de intervención, porque es claramente anticonstitucional: sólo el Poder Judicial puede intervenir una empresa.
Hemos acompañado sin sectarimos proyectos del gobierno y de otras fuerzas porque los consideramos válidos, sin que Proyecto Sur abandonara su rol de fuerza opositora con propuestas propias. Así lo hicimos en otras oportunidades – ley de Medios, AFJP, Aerolíneas Argentinas- aunque no fueran todo lo que hubiéramos deseado, en tanto representaban un avance y un cambio frente al rumbo neoliberal de los años 90: recuperar patrimonio y capacidad soberana. Por supuesto, sin dejar de expresar una postura crítica acerca de manejos de fondos incorrectos o poco transparentes. Apoyamos la expropiación de YPF a pesar de ser parcial, de que la misma era impulsada por los mismos que habían avalado el vaciamiento de Repsol y de no saber de quien eran las acciones que figuran a nombre del socio protegido Petershen-Ezkenazhi.
En estos días ninguna crítica ha mencionado que con la consultora Arcadia, Boudou impulsó una de las operaciones mas perjudiciales para la Nación: el canje de los bonos realizado en el 2010 violó la Constitución y el Código Civil, con un costo para el país de 9000 millones de dólares pagados con reservas del Banco Central: por esta razón le iniciamos un proceso penal. Asaltar el patrimonio, lucrar con la información confidencial del Estado e inventar negocios privados ha sido práctica en el menemato y aún persiste, como lo muestra la impunidad del vicepresidente. Para protegerlo, el gobierno logró
desplazar al juez y al fiscal que lo investigaban, al Procurador de la Nación y transgredió el reglamento de la Cámara de Diputados que fija siete días de plazo entre el despacho de las comisiones y su tratamiento en el recinto.
A pesar de las arbitrariedades, lo que se trataba en el Congreso no era el juicio político a Amado Boudou, sino la expropiación de una imprenta que le debe a la Nación una suma incobrable y que le viene bien para cubrir sus necesidades.
La impresión de billetes y documentos es función indelegable del Estado y detrás de las subcontrataciones se habilitaron negocios turbios de funcionarios y sus amigos. Tratándose de un sector de máxima seguridad y con el fin de reforzar el control público, hemos presentado el proyecto de crear una comisión parlamentaria de seguimiento de la Casa de la Moneda.
*Diputado Nacional Proyecto Sur.
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