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Tarifazos: Enjuiciamiento a las privatizaciones y saqueos

Por Alberto Aramouni. Las privatizaciones del patrimonio nacional resultaron un verdadero “saqueo”, sin corrupción no hubiera sido posible.

Las privatizaciones del patrimonio nacional resultaron un verdadero “saqueo”, sin corrupción no hubiera sido posible. Dejaron al Estado sin control sobre empresas que resultaron ser estratégicas para definir el perfil productivo y de distribución o sea se llevaron puestos los instrumentos básicos para ejecutar cualquier política de desarrollo autónomo y soberano, impidiendo que Argentina preservara su capacidad plena de decisión. Lo hicieron Menem, Duhalde, Cavallo, Dromi, Manzano, Matzkin, y lo profundizaron los Kirchner, con Néstor y Cristina a la cabeza, quienes mediante actos de corrupción y desprecio por la soberanía nacional, ampliaron y multiplicaron las concesiones y explotaciones de la riqueza petrolera, gasífera y demás fuentes de energía. Los “tarifazos”, pretenden convalidar las privatizaciones y acentuar el saqueo del patrimonio nacional. Los subsidios se los llevaron Edesur, Edenor, Metrogas, Aysa y demás concesionarios de servicios públicos y no realizaron un solo peso de inversión, y ahora con los “tarifazos” continuarán empobreciendo a la población, sin compromiso alguno de inversión. La población soporta estoicamente los cortes de luz y los tarifazos que vendrán, continuando con el saqueo. El Estado tiene la obligación primordial de asegurar la prestación de los servicios públicos con el fin de proteger el orden público material y el bienestar común con precios adecuados, razonables y justos.- El gobierno debe ordenar inmediatamente con la “debida diligencia” las auditorias indispensables que permitan conocer la totalidad de subsidios percibidos, durante doce años, por las empresas concesionarias de Servicios públicos y las inversiones, si es que realizaron algunas, para mejorar o formar sustentable el servicio. También para conocer con la mayor exactitud la relación costo-beneficios y precio justo del servicio. Se debe establecer si las tarifas responden a la relación del costo-beneficio y precio justo, de modo que el gobierno no debe convalidar tarifas sin la investigación del “due diligence” multidisciplinario para la adquisición del control dentro de los niveles formal y sustancial. Debe realizar un relevamiento integral de cada una de las empresas prestatarias del servicio público, para conocer el nivel de calidad de la prestación. Es sabido que los subsidios han sido y son una gran fuente de corrupción, tal vez similar o mayor que los sobreprecios en las obras públicas, entonces con más razón deben realizarse las auditorias pertinentes.

No es posible admitir que quienes fueron Directores y Gerentes de las empresas concesionarias de los Servicios públicos, hasta hace muy poco, inmediatamente después pasen a ser Funcionario Públicos en las áreas que constituyen la actividad del mismo objeto social de esas empresas:- Si el articulo 264 inciso 4 de la Ley de Sociedades 19.550, determina la prohibición e incompatibilidad para ser Directores y Gerentes a los Funcionarios de la Administración cuyo desempeño se relacione con el objeto de la Sociedad HASTA DOS AÑOS ANTES DEL CESE DE SUS FUNCIONES, a “Contrario sensu” resulta violatorio al principio de razonabilidad, con mayor entendimiento, admitir que quien fuera Director o Gerente o CEO y propietario de una parte del Capital Social de una empresa Comercial Concesionaria de un Servicio Público, pase de inmediato a ser Funcionario Público, en esa misma area.

Los Organismos llamados de control o Entes Reguladores y defensa del Usuario y del Consumidor, no son más que defensores y protectores de las empresas privatizadas de los servicios públicos. Lejos están de ejercer el contralor y de defender al usuario, por ello constituyen una verdadera afrenta al pueblo.

Las tarifas sociales deben extenderse a toda la Patagonia, a todas las regiones y sectores de extrema pobreza, a los Clubes de Barrios, a las Asociaciones Deportivas, a las Entidades de Bien Público, a las Organizaciones no gubernamentales (ONG) de carácter social y de servicios solidarios, sin fines de lucro.

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