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Tras las huellas del estallido

Una mirada sobre la crisis de 2001 con motivo de conemorarse un nuevo aniversario de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre.

Una mirada sobre la crisis de 2001 con motivo de conemorarse un nuevo aniversario de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre.

19 y 20 de diciembre de 2001

19 y 20 de diciembre de 2001

La crisis argentina de fines de 2001 y principios de 2002 puede ser entendida como el desenlace de un largo proceso de descomposición de algunos de los dos pilares que habían sostenido el orden político y social de la década anterior: La reforma del Estado (Ley Dromí) y la Ley de Convertibilidad. Esta política formó parte de un conjunto mayor de reformas neoliberales cuyo fin principal fue el de reducir el rol del Estado

Lo que sucedió el 19 y 20 de diciembre tiene un carácter singular que marcó un quiebre, “un antes y un después”. La rebelión de diciembre, a diferencia de las protestas anteriores, no se presentó como una acción en el orden de lo particular (desocupados, maestros, campesinos, etc) sino que se  enmarca en el orden de lo político. Ese carácter, sin embargo, no se sostendrá en el tiempo.

El gobierno de De La Rua se lanza a criminalizar la protesta social, declarando el estado de sitio, violando la constitución, ya que el congreso, al estar en plena actividad, tienen esa potestad. La violencia desatada desde el poder se cobra la vida de 34 Argentinos. Casi ninguno de ellos era militante ni pertenecía a organización social o asamblea barrial. En este contexto, el gobierno de la Alianza, se condena a la ilegitimidad. Esa ilegitimidad ya había quedado clara cuando se supo que dos millones setecientos mil argentinos habían votado por un seguro de desempleo de 380 pesos mensuales por jefe de familia, más una asignación de 60 por cada hijo. Esa aspiración popular a que ningún hogar argentino perciba menos de 500 pesos por mes se opone al Presupuesto 2002, a la Ley de Déficit Cero y a los planes de ajuste diseñados por el ministro Domingo Cavallo con aval del presidente Fernando de la Rúa. Y no sólo se opone, cuenta con más votos: los sufragios que cosechó la iniciativa del Frenapo superan a los de la primera minoría electoral que es el Partido Justicialista.

El quiebre que se produce bajo la etiqueta “que se vayan todos” es sobre  una democracia delegativa con un profundo  cuestionamiento al sistema representativo. Sin embargo, en el andar, la movilización social no ha conducido a un nuevo paradigma democrático que signifique un salto superador.

La escena que tenemos a la vista es la de la persistencia de protestas fragmentadas que muchas veces nacen y mueren en la propia consumación de su problemática. Los integrantes de las asambleas dicen “no queremos politizar nuestros reclamos”. Más aún, ven a la politización como un elemento que corrompería a la propia protesta. Sin embargo los reclamos van dirigidos a los funcionarios y al Estado. Manteniendo esta contradicción se vió que la salida a la crisis del 2001 era por más intervención del Estado, a pesar que aparecía  como el enemigo, populista, clientelista, corrupto y traidor a las esperanzas del pueblo. Lo que está operando por detrás de esta escena es una profunda desconfianza, no ya solo sobre “la política” sino sobre los propios actores sociales de las bases y que se manifiesta en una cultura de la derrota, de la resignación., el no se puede. La fragmentación del tejido social, el individualismo que aparecía como crítica y defensa ante un Estado ausente e ineficiente, al mismo tiempo, toda esta fragmentación termina reclamándole algo al Estado. Precisa que el poder, que cambia las cosas, sea realmente poder,  frente al mercado y sus políticas históricas de dominio.

Aún en estos años, el poder que permanece en la escena social, es el mismo y en manos de los  actores politicos anteriores a la crisis: los dos grandes partidos tradicionales, UCR y PJ. Lo que cambia es el modo de interpelación a ese poder.

La participación de la población en el movimiento piquetero y asambleario logra desarrollar suficiente poder como para detener la amenaza de catástrofe social que asomaba por la masiva exclusión social planteada, en lo inmediato por la crisis. Pero ocurre dentro de una correlación de fuerzas claramente desfavorable. Pese a que el estallido derribó a un gobierno se  consolidó la ofensiva del capital y la partidocracia sobre las fuerzas del trabajo y los sectores populares. Sectores que habían presentado fuertes resistencias, como docentes de la provincia de Buenos Aires, fueron quebrados (anulación del estatuto docente casi sin resistencia). Los asalariados no lograron poner obstáculos serios a la baja salarial y la flexibilización completa. Esto evidencia una relación de fuerzas muy desfavorable a los trabajadores, y que a su vez impone una restricción objetiva a las posibilidades de desarrollo de los movimientos sociales de protesta o reivindicación. Por eso la inclinación por las acciones mínimas reivindicativas, incluso por formas de organización y producción elementales, ha terminado por convertirse en una respuesta acorde  a esa situación desfavorable.

La democracia que explotó en 2001 es un modelo que demostró, hasta allí, que con ella se podía gobernar sin la gente e inclusive en contra de sus intereses. No fue lo que quedó cuestionado en la crisis. La democracia delegativa puede operar cambios manteniendo el status quo.

No bastaba un cambio de gobierno para modificar "el modelo". Es claro que los cambios de figuras gobernantes no podían alterar el curso de fondo.

A nueve años de aquellos acontecimientos, un lento pero inexorable tiempo histórico comienza a transitarse hacia un modelo democrático que permita avizorar un cambio en la correlación de fuerzas. El rechazo a la política, que es lo distintivo, durante la crisis, imposibilitó ver la oportunidad de gestar un modelo democrático, que incorporara formas institucionales de control y de protagonismo en las decisiones. La naturaleza participativa de esa nueva democracia sería la garantía para resguardar los intereses populares. ¿Pero como lograrlo?. Están esperando que le renovemos la delegación de las responsabilidades para…volver a traicionarlas. Es indispensable la revalorización de la política. Apropiarnos de ella como un instrumento válido. Es una batalla por la toma de  conciencia de lo que nos pertenece, en una visión totalizadora de la inmensa riqueza de nuestro país. La conciencia que el hambre y la miseria es un crimen porque es evitable. Es el resultado  del saqueo y la entrega al que han sometido a uno de los países más ricos del mundo. Despertar de la conciencia patrimonial y la decisión soberana de poner esos intereses al servicio del pueblo. La conciencia de que no hay salida sin un proyecto nacional protagonizado por los trabajadores, jóvenes, científicos y técnicos, hombres y mujeres de nuestro pueblo que aman la patria.

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