El vice-presidente segundo de la Legislatura porteña de Proyecto Sur analiza la resolución N° 2114/11 del INCAA.
Los fundamentos de la Resolución N° 2114/11 del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) contienen el reconocimiento del fracaso en sus funciones de hacer cumplir la cuota de pantalla, que debe garantizarle al cine nacional el acceso a las pantallas de exhibición.
En efecto, en esos fundamentos se reconoce que no han podido, no han sabido o no han querido hacer cumplir la Ley de Cine, invocándose "...una realidad que contraviene el derecho a la diversidad cultural... que afecta al cine nacional...", constatándose también la existencia de un "...abuso de posición dominante..." frente a lo cual el INCAA no sólo no cumplió sus facultades propias sino que tampoco cumplió sus deberes de dar intervención a los organismos del Estado que tienen la responsabilidad de garantizar la competencia leal en toda la actividad comercial.
Ante esas irregularidades el INCAA, en lugar de cumplir con sus deberes, opta por "ponerle precio" al atropello e invasión de nuestras pantallas. Cree así el INCAA que si las "majors" pagan por excluir a nuestro cine, esa exclusión queda automáticamente justificada y legalizada.
No se engañe el INCAA ni nos engañe a la gente de cine: imponerle un costo adicional de dos copias a quien lanza 160 copias al mercado no lo haría desistir de su negocio, y nuestro cine seguirá excluido de las pantallas y seguirá existiendo la posición dominante y el abuso del poder. La única diferencia radicará en que el INCAA embolsará el precio que le puso a ese atropello.
Nuevamente se produce el encuentro pacífico entre quienes "pagan por pecar" y los que "pecan, por la paga". Lamentablemente, uno de ellos es el INCAA.
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