Por iniciativa del diputado Jorge Cardelli se realizó una concurrida Audiencia Pública en contra de la criminalización de las protestas sociales.
Los diputados nacionales Virginia Linares (Bloque GEN - FAP) y Jorge Cardelli (Bloque Proyecto Sur) realizaron esta tarde una multitudinaria “Audiencia Pública contra la criminalización de la protesta social” en la Cámara de Diputados de la Nación donde presentaron un Proyecto de Ley que dispone la extinción de la pena y la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas por su participación en protestas sociales.
Al iniciar la audiencia, Linares sostuvo que “no hay democracia sin protesta” y resaltó que “existen hoy 5 mil imputados que padecen esta persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación o reclamo de sus legítimos derechos”. "Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales", señaló la diputada al explicar que el proyecto es la continuidad de reiteradas iniciativas legislativas presentadas por miembros de distintos bloques políticos que en los últimos diez años han rechazado la condena a los actos de protesta”.
"En la resistencia a los 90, los movimientos sociales ganamos las calles y conquistamos la legitimidad de los reclamos por los derechos legítimos de los trabajadores", resaltó por su parte Cardelli al remarcar que el Estado va buscando distintas formas para disciplinar el conflicto social, “lo hace simbólicamente construyendo a los luchadores sociales como delincuentes y ahora les planta causas para legitimar esa construcción". "La relación entre el aumento de causas y la retórica kirchnerista es directamente proporcional; a partir del 2003 hay un claro incremento en la judicialización", enfatizó el referente de Proyecto Sur al recordar que el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, había justificado la Ley antiterrorista preguntando retóricamente cómo podían pensar que el Gobierno podía reprimir.
El referente de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) Félix Díaz, quien denunció haber sufrido la semana pasada un intento de asesinato, participó de la audiencia y volvió a acusar al gobierno provincial de Gildo Insfran de persecución. Presentó también una causa judicial en la que se pretende describir a quienes resisten la usurpación de un territorio que les pertenece ancestralmente como "germen terrorista". "Nosotros nos relacionamos con la naturaleza y no entendemos estas denuncias y derechos en las que nos sumergen, pero venimos a pronunciarnos firmemente porque queremos que dejen de perseguir a los luchadores porque afectan nuestros derechos colectivos; no quiero que le pase esto a nadie más", reclamó Díaz.
En ese sentido, el diputado Fernando Pino Solanas aseveró que "es una vergüenza que diputados que se llaman progresistas hayan levantado la mano para votar la ley antiterrorista, una Ley canalla que busca apaliar los reclamos" y señaló que “los pueblos están de pie contra el saqueo de nuestros recursos naturales".
Al escuchar los 50 testimonios que daban cuenta de las dificultades que para todos los judicializados ocasionan tener que enfrentar en algunos casos una veintena de procesos, el ex diputado Horacio Alcuaz (GEN) -quien había presentado anteriormente este mismo proyecto- propuso llamar a una sesión especial para exigir el tratamiento del mismoy terminar con todas las causas. "Esta convocatoria pone de manifiesto la cantidad de voces que desnudan el modelo que gobierna la Argentina desde hace varios años", opinó.
Los datos de la cantidad de causas surgen del “Informe Sobre Criminalización de la Protesta Social” presentado en marzo de 2012 por organismos integrantes del “Encuentro Memoria Verdad y Justicia”.
Entre los cerca de 200 asistentes, estuvieron presentes también las diputadas Margarita Stolbizer (GEN), Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y Victoria Donda (Libres del Sur) y los diputados Horacio Piemonte (Coalición Cívica) Gerardo Milman (GEN) y Ricardo Cuccovillo (Partido Socialista).
En la audiencia expusieron referentes de organismos de derechos humanos, gremiales, políticos, estudiantiles y sociales, que enfrentan causas con distintas acusaciones. Delegados ferroviarios, de la Línea 60 y las empresas Kraft y Bosch; procesados del Parque Indoamericano, Barrios de Pie, PTS, MST, PCR, PSA, MTR CUBA, FUBA, FUA, CCC; representantes de la CTA, el CELS, la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo, CeProDH y CADUH; intelectuales y destacados académicos.
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