[Video] Solanas cuestionó la reforma del Código Procesal Penal impuesta por Cambiemos

El senador de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas cuestionó duramente las modificaciones del oficialismo al Código Procesal Penal que amplían las capacidades estatales en el marco de una investigación penal.

El senador de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas cuestionó duramente las modificaciones del oficialismo al Código Procesal Penal que amplían las capacidades estatales en el marco de una investigación penal.

Muchas gracias, señor presidente. Debo confesar que este proyecto me ha sorprendido porque además viene de senadores que respeto y aprecio. Pero me ha sorprendido. Por supuesto, quienes hemos sufrido todo tipo de presiones, persecuciones, agresiones físicas, intervenciones, escuchas, amenazas y provocaciones a lo largo de décadas somos celosos y tenemos una sensibilidad extrema frente a temas que abren la puerta a avanzar sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad y otras cosas más.

También me sorprenden estas modificaciones que son extensas y complejas deberían haber generado un debate mayor, señor presidente. No entiendo cómo algo de tanta importancia pueda tratarse –permítanme, nadie se ofenda– de manera exprés o a la ligera. Acá no han desfilado expertos ni juristas especializados en estos temas para desarrollar un amplísimo debate sobre todas las consecuencias que puede tener. Por eso digo que es un tema vasto y complejo que de ninguna manera pretendo resumir en estas pocas palabras. En estas cuestiones de Derecho Procesal es relevante contar con especialistas, que son los que tienen contacto habitual con el delito y saben de las formas idóneas de combatirlo. Por supuesto, las aclaraciones que hizo el senador Urtubey respecto del artículo 7°, por ejemplo, al volver a replantear la palabra ?real?, no es un problema menor.

Entonces, bienvenido que se haya vuelto a eso. Sin embargo, el proyecto viola de alguna manera la privacidad de las personas. ¿Por qué decimos esto? Porque las investigaciones especiales pueden ser utilizadas, según el caso, para espiar a cualquier persona ante la sospecha de haber cometido un delito. También se insiste en la probabilidad de que esas actividades servirán para reunir elementos de prueba. Entre las técnicas señaladas, se autorizan todo tipo de escuchas, grabaciones, vigilancias remotas, equipos informáticos, utilización de software especiales que permiten el acceso remoto a sistemas informáticos y bases de datos; y se permite la utilización de dispositivos de seguimiento y localización. En ese sentido, creo que se anunció que se retiraba esto.

Esto que se pretende introducir en el Código Procesal supone dar carta blanca a cualquier fiscal, quien ante una mínima presunción puede afectar la privacidad de cualquier persona interceptando conversaciones, correos electrónicos y todo sistema de comunicación, sin importarle cuánto afecta a terceras personas. El artículo 175 establece que esas actividades podrían llevare a cabo aun cuando tuvieran efectos inevitables para terceros. No tengo claro ahora si se suprimió esto o no se suprimió, pero todas estas disposiciones violan el derecho a la intimidad de las personas y serían violatorias del artículo 18 de la Constitución.

Resulta evidente que para la persecución de un delito hay que realizar técnicas idóneas. Pero en modo alguno podemos aceptar que para lograr ese fin se afecten derechos individuales y se establezca un régimen policial de control absoluto que afecte los derechos de terceros, so pretexto de una investigación penal.

Quiero detenerme en esto, porque ¿quiénes son los que proveen las técnicas y los dispositivos? ¿Cuál es el sistema de inteligencia argentino? A mí me gustaría que se conversara un poco de esto.

Esta Cámara tuvo la vergüenza de votar al frente de la estratégica repartición de la AFI a dos personas absolutamente cuestionables. En cuanto al señor Arribas, su único mérito es la amistad personal con el presidente de la Nación, porque de lo único que entiende es de negocios de fútbol. Fue denunciado varias veces por estar implicado en las coimas de Odebrecht. Entre esas denuncias penales estuvo la nuestra, respecto de la cual el juez Canicoba Corral en 48 horas cerró la causa y la denuncia sin ninguna prueba ni ninguna investigación.

En cuanto a la doctora Silvia Majdalani, hagamos historia: es del riñón de la ex secretaría SIDE. Es el mismo equipo y grupo que viene dirigiendo la Inteligencia argentina desde hace varias décadas. Es decir, los señores Stiuso, Larcher, Pocino y Gades quien, como director financiero de la SIDE, enviaba las valijas con dólares para el falso testigo Telleldín. Toda esa historia la tenemos. Y todas las redes de prostitución, el contrabando y las empresas en las cuales participan, con alta corrupción. Un complejo que ha mantenido de rehén a la dirigencia política argentina y a los magistrados durante décadas. Nuestra historia política no es limpia. Hay carpetas de la mayoría de los dirigentes que han gobernado este país, entonces son rehenes.

No es casual que el presidente de la Nación haya sacado el control parlamentario sobre los fondos reservados. ¿A quién le rinde cuentas, este complejo de inteligencia, de sus metodologías y de su funcionamiento económico? ¿Tiene que ver esto con la calidad de la democracia argentina? ¿Tiene que ver esta ley con que vamos a profundizar en la dirección de mayores garantías y derechos, en una ciudadanía que está escarmentada de represiones y de violaciones continuas a la calidad institucional? Vamos en dirección contraria, sinceramente. ¿Quién va a custodiar este material? ¿No lo va a custodiar la AFI? ¿Quién lo va a custodiar?

Yo concuerdo con la mayor parte de las argumentaciones que la colega senadora Fernández Sagasti expuso, pero sinceramente creo que este proyecto va en dirección contraria a profundizar los derechos y garantías individuales y a la mayor calidad de la justicia penal. Ni qué hablar de esta discriminación sinceramente grosera y abusiva en el artículo 78, cuando se suprime como víctimas a los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de algunos de sus miembros, genocidio o afecten de un modo directo sus derechos colectivos. Es una cosa increíble este artículo. ¿Son ciudadanos de cuarta, de quinta, serán argentinos…? A mí me parece una vergüenza, señor presidente, este planteo y este proyecto. Si es un proyecto honesto, debe volver a comisión y acá hay que ampliar un gran debate. Muchas gracias.