El autor de la nota denuncia el peligro que implica para nuestro país la firma del convenio entre YPF y Chevron
Juan Pablo Olsson (Proyecto Sur CABA).
En efecto, este acuerdo firmado entre Miguel Galuccio,Presidente de YPF y Alí Moshiri, CEO de Chevron para América Latina y África -ratificado por Julio De Vido, Axel Kicillof, y el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag- muestra claramente cuál es la política que el gobierno nacional se dará en los próximos años, con el fin de recuperar el autoabastecimiento energético perdido, casualmente, a raíz de la política energética llevada adelante por el gobierno nacional durante los últimos diez años, en la denominada “década ganada”.
Según declaró Galuccio: "Esta asociación es estratégica para la compañía y para la Argentina. Estamos poniendo en producción un recurso que puede cambiar el futuro energético de nuestro país”. A esta postura se contrapone la visión de distintos representantes de organismos de Derechos Humanos como el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, Elia Espen y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) quienes denuncian el peligro y la gravedad que implica para nuestro país la firma de este convenio, en tanto se utilizará la técnica del fracking, altamente contaminante. Pérez Esquivel declaró que van presentar un recurso de amparo ante la justicia, ya que el acuerdo con Chevron viola los derechos de los pueblos originarios y hasta la propia Constitución. En el mismo sentido, Pino Solanas y Elisa Carrió, junto al resto de los candidatos de la Lista Coalición Sur ya expresaron su más enérgico rechazo a este acuerdo y adelantaron que lucharan desde sus bancas en el Senado y en el Congreso por la anulación del acuerdo con Chevrón.
Mientras el gobierno de Neuquén admite que por cada pozo de extracción se utilizarán 20 millones de litros de agua en el proceso de fractura hidráulica del suelo, distintos grupos ambientales junto a la comunidad mapuche de la región y movimientos sociales y políticos se han movilizado para rechazar el acuerdo y denunciar los peligros que conlleva. Conocida mundialmente como fracking, esta técnica es altamente destructiva del suelo y contamina gravemente las napas de agua. Al promover el convenio, la Argentina se encamina hacia un peligro de depredación medio ambiental sin precedentes. Basta remitirse a la experiencia de Ecuador con Chevron, cuya relación terminó en la intimación de la justicia de ese país a la Petrolera, que debe pagar una multa de alrededor de 17.000 millones de dólares por daños ambientales. El agravante es que no se trata del único caso: Chevron también está penada con 30.000 millones de dólares por la justicia de Estados Unidos a causa de contaminar las napas subterráneas de varios estados norteamericanos. Si bien el acuerdo de Chevron -por entonces denominada Texaco- con Ecuador, tuvo el mismo anuncio rimbombante de millonarias inversiones y múltiples beneficios para el país, la experiencia terminó con un saldo de más de 2 millones de hectáreas del bosque del Amazonas dañadas, con tierras inutilizadas para la ganadería o la agricultura y con ríos contaminados, porque en ellos fueron vertidos más de 680.000 barriles de desechos petroleros.
La misma lógica se repitió en Estados Unidos: el anuncio de grandes inversiones e innumerables beneficios para las localidades, culminó en catástrofe y prohibición de la actividad. Uno de los casos más conocido de zonas cercanas a explotaciones de fracking es el del distrito de Texas,donde se descubrió una cantidad de benceno (agente cancerígeno) muy superior a lo permitido y cuya causa era la contaminación del agua por los más de 650 químicos utilizados en la fractura hidráulica, que son potencialmente cancerígenos según un informe de la Casa de los Representantes de Estados Unidos. Esta institución asimismo alerta sobre los gravísimos daños en la salud humana, que abarcan desde numerosos casos de cáncer, hasta envenenamiento de la sangre, problemas del corazón, daño cerebral y malformaciones en los nacimientos. La comprobación de estos daños llevó a un conjunto de estados norteamericanos, entre los cuales se encuentran Texas, Nueva York y Nueva Jersey, a imponer una moratoria que detenga la explotación mediante fracking. En Francia ha sido prohibido y algo similar sucede en varios estados de Canadá.
En la Argentina, hasta ahora 13 municipios de las provincias de Mendoza, Entre Ríos y Río Negro han declarado la prohibición de la explotación de petróleo y gas no convencional a través del fracking. Los fundamentos de esta prohibición señalan que la explotación de Vaca Muerta, requiere inyectar millones de litros de agua mezclados con químicos y ácidos, a fin de destruir las piedras del subsuelo donde está el petróleo y el gas shale; lo cual significa que, además de desintegrar la composición del subsuelo, contamina las tierras y las aguas subterráneas.
Es preciso reiterar que, para nuestro país, este tipo de explotación no es necesaria a fin de recuperar el autoabastecimiento, dadas las reservas de petróleo convencional existentes: el 85% de las cuencas tradicionales del territorio no han sido exploradas y cuenta con el potencial de la cuenca marítima que va desde Tierra del Fuego al Golfo de San Jorge: la que está explotando Inglaterra y sus socios en Malvinas. Es el gobierno nacional quien debió exigir a las empresas petroleras la inversión en exploraciones durante los últimos diez años. No obstante, ahora prefiere responder a las necesidades de abastecimiento de Estados Unidos, cuyos intereses geoestratégicos lo obligan a garantizar su provisión de hidrocarburos, dado que las zonas tradicionales de abastecimiento enfrentan situaciones de alta conflictividad: en Medio Oriente, Irak, Afganistán, Irán; además, Venezuela y Rusia; regiones que controlan las mayores reservas de petróleo en el mundo.
Al revisar la historia de la matriz energética argentina nos encontramos ante una paradoja: mientras Enrique Mosconi luchó contra la Standard Oil -actual Chevron- a favor de la soberanía nacional y la independencia energética, Cristina Kirchner -como parte de un modelo supuestamente nacional y popular- promueve este acuerdo neocolonial entre YPF y la multinacional petrolera, y entrega las reservas por los próximos 35 años, a costa de la contaminación de nuestro recurso estratégico más preciado que es el agua. El broche final de esta farsa es la intención de bautizar estos yacimientos con el nombre del fundador de la YPF Estatal, pionera de América Latina.
POR admin
