El proyecto del ejecutivo tiene un lado oscuro: incertidumbres que despejar para que no se repitan experiencias anteriores.
Una vez conocido y celebrado el proyecto oficial en torno a YPF, no queda sino reflexionar tanto sobre sus debilidades como sobre los que deberían ser próximos movimientos del Gobierno Nacional al respecto. Los interrogantes son muchos, y la aplicación de la ley deberá dar testimonio de que no se repetirán especulaciones y manejos que el kirchnerismo supo acometer en el pasado enarbolando causas justas.
En principio cabe señalar que la toma de acciones de YPF ha sido, antes que una medida de aliento e inspiración nacional, una pura y dura necesidad de caja: la caída de la inversión y la producción -estimulada por el Gobierno desde 2003- se impuso finalmente sobre los negocios, la desidia y la incapacidad política. Esto queda claro una vez que nos retrotraemos a los antecedentes del kirchnerismo en materia petrolera, tanto desde Santa Cruz como desde el Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández al anunciar la expropiación de YPF
El principal promotor de la privatización de YPF bajo el menemato fue el ex gobernador Néstor Kirchner, que en ese entonces señaló: “esto es soberanía”. Asimismo, ya como presidente, el propio Kirchner promulgóla Ley Corta en noviembre de 2006, que supuso la provincialización definitiva del subsuelo dela Nación. Al año siguiente prorrogó la explotación de Cerro Dragón (25 % de las reservas) ala Pan American hasta 2047, diez años antes del vencimiento de los contratos y hasta la extinción del yacimiento. Por no hablar de la permisibilidad gubernamental a la hora de aceptar que Repsol girara al exterior el 90 % de sus dividendos, los cuales se sabía que no iban a ser invertidos; esto para que Eskenazi se hiciera con el 25% de YPF.
Los interrogantes del proyecto de ley son considerables. Primero, algo injustificable: a Eskenazi (Grupo Petersen) no le tocan ni una acción, cuando es tan responsable como los españoles de la debacle petrolera: YPF debe ser 100% pública, y debe tener control social por parte de una autoridad plural, que incorpore a todos los sectores de la producción y el trabajo. Tampoco es justo, ni democrático, que sólo las provincias petroleras participen del diseño de la política de hidrocarburos, pues el petróleo es patrimonio nacional.
Por otra parte, YPF sigue siendo una Sociedad Anónima (sujeta a la ley 19.550), y queda fuera de la órbita de la AuditoríaGeneralde la Nación(AGN) y de la SindicaturaGeneralde la Nación(SIGEN): por ello, YPF debe ser Sociedad del Estado, para estar más controlada. Preguntémonos, por otro lado, hasta cuándo estará intervenida por el campeón de la ética pública, Julio de Vido. El autor del proyecto es el irredimible Roberto Dormí, aquél que dijera que “nada de lo que deba ser estatal quedará en manos del Estado…
Algo grave es que no se derogan de los decretos desregulatorios 1055, 1212 y 1589 (de 1989), que habilitaron la libre disponibilidad de petróleo y gas, la libertad de precios internos y el acceso a las divisas obtenidas por las exportaciones para todas las petroleras que operan en nuestro territorio. Tengamos en cuenta que el 51% de las acciones de YPF sólo representa el 17% de la producción petrolera a nivel nacional, algo insuficiente para revertir la situación actual.
Por ello, se debe realizar una Auditoria completa de la totalidad de los yacimientos y explotaciones petroleras (sean o no de YPF) pues todo indica que las prácticas de Repsol son extensibles a la totalidad del sistema. Es preciso comprobar el nivel de cumplimiento contractual de todas las transnacionales que operan en nuestro país. Es extraño: desde el Gobierno no se ha dicho ni una palabra sobre la Pan American, ni sobre los empresarios kirchneristas (López, etc.), ni sobre las transnacionales que siguen explotando yacimiento a mera declaración jurada, violando de manera flagrante e inescrupulosa (con el beneplácito del Ejecutivo) lo que señalan los contratos de concesión.
El hecho de que no se haya denunciado el TBI (Tratado Bilateral de Inversiones) con España -que seguramente recurrirá al Ciadi, en un pleito que no sabemos cómo terminará- muestra con claridad los desatinos jurídicos del Gobierno, seguramente más interesado en tapar el casó Boudou y ocultar su nefasta política petrolera que en proceder con una mayor planificación jurídica. Al igual que en el caso de la deuda externa, sigue sin tenerse en cuenta a la justicia para sostener posiciones que de ese modo tendrían mayor legitimidad.
El modelo de empresa que se construya de aquí en más será determinante para conocer las intenciones del Ejecutivo. Se puede avanzar hacia una empresa con exclusivo dominio gubernamental (de seguro, para asociarse a futuro con empresas privadas y hacer caja, algo común en el Gobierno); o se puede ir hacia una Empresa Pública, con control social (de trabajadores, usuarios y sectores de la producción) y participación de todas las provincias. Sólo de esta forma podremos decir que la recuperación de YPF, que cuenta con un amplio consenso social y político pues recupera para el Estado un elemento estratégico, va en el sentido correcto de la defensa irrestricta los intereses de la Nación y de nuestro Pueblo.
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