Zaffaroni y la defensa de los Derechos Humanos

Alejandro Olmos Gaona (asesor de Proyecto Sur) reflexiona sobre el Dr. Eugenio Zaffaroni y su defensa de los derechos humanos.

Hace unos días, en el diario Página 12, salió un articulo del Sr. Alfredo Fernández, en defensa del Dr. Eugenio Zaffaroni, supuestamente calumniado sobre su papel como juez de la dictadura. El articulista ensayó una defensa, con argumentos mendaces, que solo pudieron convencer a los que se limitan a esas lecturas y no recurren a las fuentes.

Reflexionando sobre el tema, recordaba mis conversaciones con un buen amigo, el Dr. Carlos Gaviria Diaz, un eminente jurista latinoamericano, que fuera presidente de la Corte Constitucional de Colombia, gran defensor de los derechos humanos, y que tuvo que exiliarse en la Argentina en 1987, para evitar que fuerzas parapoliciales, en complicidad con el gobierno lo mataran. Carlos me decía que la coherencia entre lo que se hace y lo que se piensa, es uno de los valores que siempre tenía presente, y que no se puede combatir hoy lo que justificamos o aceptamos antes, sin habernos jugado en ningún momento por lo que hoy sostenemos enfáticamente.

Me acordaba de sus reflexiones, precisamente a propósito de la defensa de Zaffaroni hecha en ese diario, donde se lo pretendía exculpar de algunas cuestiones bastante conocidas.
Es conocida en la actualidad, su tenaz militancia por los derechos humanos, lo que en estas épocas resulta una actitud carente de riesgos, y que nadie se atrevería a cuestionar, después de todo lo que hemos conocido. No siempre fue así, y existen evidencias incontrovertibles que el conocido jurista nunca pudo explicar debidamente.

En primer lugar y cuando fue nominado como ministro de la Corte Suprema, reconoció públicamente que había jurado en sus distintos cargos de magistrado por el Estatuto de la Revolución Argentina, durante la presidencia de Onganía; tiempo después, por la reforma constitucional de la dictadura de Lanusse y finalmente por el estatuto del Proceso de Reorganización Nacional durante la dictadura militar. Se ve que sus convicciones democráticas y jurídicas no eran demasiado firmes en ese entonces, y le preocupaba mucho más su carrera judicial, que la defensa de ciertos valores que hoy defiende.

En 1976, fue designado por el dictador Videla como Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia, y en su juzgado tramitaron cierta cantidad de Habeas Corpus en favor de desaparecidos, que Zaffaroni rechazó, sin investigar debidamente, tramitando los mismos de manera convencional, como otras tantas cuestiones burocráticas de su Juzgado. Según declaró en algún momento, ya en 1978 sabía del secuestro y la desaparición de personas, no obstante lo cual continuó en el ejercicio de su cargo sin investigar esos recursos, que distintos abogados, con riesgo de su vida interponían en la justicia para tratar de evitar los asesinatos.

Hubo más de 27 recursos que fueron considerados, mediante oficios de practica a las instituciones policiales y militares, que por supuesto negaban que hubiera detenidos en ellas. En consecuencia, Zaffaroni rechazaba la acción, sin decidirse ha profundizar lo ocurrido. Al respecto existe un caso emblemático que es el de Inés Ollero, que muestra hasta donde llegaba su compromiso con la investigación en casos de violación de los derechos humanos.

Inés era una militante que fue detenida mientras viajaba en colectivo, mediante uno de los conocidos operativos que se realizaban durante la dictadura y remitida a la Comisaría 49, donde nunca más se supo de ella. Su padre, desesperado interpuso un recurso de Habeas Corpus, ante el Juzgado de Zaffaroni, y este después de diligenciar los oficios de práctica rechazó el recurso. El padre apeló la decisión ante la Cámara Criminal y Correccional quien confirmó la decisión de Zaffaroni, y ante ese nuevo rechazo interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema que fue rechazado por el magistrado, dando por finalizado el tema. El Sr. Ollero no se desanimó ante la cobardía de poder jurisdiccional y como última instancia interpuso un recurso de queja directo ante la Corte Suprema de Justicia de la dictadura, que más allá de su designación por Videla, tuvo conocidos actos de independencia como por ejemplo ordenar la liberación de Jacobo Timerman.

El más alto tribunal, con fecha 25 de abril de 1978, REVOCÓ la decisión de Zaffaroni y le ordenó seguir investigando. En ese fallo la Corte dijo textualmente: “existen en autos probanzas que fundan una seria percepción de que la nombrada (Ollero) integraba un grupo de personas pasajeras de un colectivo a cuyo efecto se desarrolló un operativo de control y que todas aquellas fueron trasladadas a la Comisaría 49... Que frente a ello EL JUEZ DEBIÓ EXTREMAR LA INVESTIGACIÓN ADOPTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE ESCLARECER DEBIDAMENTE LO RELATIVO AL ESTADO y situación personal de la nombrada y la verdad de lo acontecido toda vez que de las probanzas surgía "prima facie" que aquella estuvo privada de su libertad por obra de funcionarios públicos...Ello así por cuanto la institución del Habeas Corpus enderezada esencialmente a instituir la libertad en forma inmediata a quien se encontrare ilegítimamente privado de ella exige se agoten los trámites judiciales que aconsejen las circunstancias a fin de hacer expedito la finalidad del referido instituto establecido por la ley".

Un juez en lo Criminal de sentencia que juró por los estatutos de la dictadura y antes por los estatutos de Onganía, tenía criterios muy flacos sobre la juridicidad de estos institutos.
En esos años de terror, el Dr. Zaffaroni, escribió un tratado, cuya copia tengo, que fuera barrido de las bibliotecas y que nadie a considerado citar. Se titula “Derecho Penal Militar", donde se justifica la usurpación del poder, se habla de “circunstancias especiales” y ”necesidades terribles” que justifican el accionar militar en caso de necesidad; la legitimidad de los bandos militares como tipificadores de delitos, y otras lindezas que en homenaje a la brevedad omito. En ese texto publicado durante la dictadura, el Dr. Zaffaroni remitió los originales para su consulta a ver si le daban el visto bueno al Contraalmirante Raúl Morel, y al Subsecretario de Justicia de Videla (el segundo de Rodríguez Varela) Brigadier Laureano Álvarez Estrada, quienes estuvieron de acuerdo con los términos del libro, y a los que en las primeras hojas de la publicación Zaffaroni les agradeció su colaboración.

Cuando el Senador Terragno impugnó el diploma de Zaffaroni, sin desconocer sus notables conocimientos jurídicos, y el estar mundialmente reconocido como una autoridad en la materia, el jurista pretendió excusarse diciendo: “Yo no era un militante político. Era un abogado, un juez, un funcionario. Lo tomábamos como una profesión”. Este no fue el criterio de esforzados abogados que lucharon denodadamente para tratar de salvar vidas, defender la juridicidad y jugarse en momentos de indudable peligro no solo para ellos sino para sus familias. Es bien conocido el caso del gran jurista cordobés Hugo Vaca Narvaja, que fuera ministro de Frondizi y profesor de la Universidad de Córdoba, que fuera secuestrado el 10 de junio de 1976, decapitado y su cabeza arrojada en una bolsa a la calle, Días después uno de sus hijos fue sacado a la fuerza de su celda de los tribunales y asesinado.

Finalmente, en esta Argentina de memoria frágil cabe recordar que las madres de Plaza de Mayo denunciaron criminalmente a 437 jueces de la dictadura a quienes identificaron como represores del Poder Judicial. En esa lista figuraba Zaffaroni en el puesto 435. Como los otros miembros fue acusado de haber sido partícipe necesario, en los términos del artículo 45 del Código Penal, de los delitos de privación ilegítima de la libertad; apremios ilegales; sustracción, retención y ocultamiento de personas, entre otros. Además, le imputaron que hubiera prestado juramento por el Estatuto de la dictadura, y fuera connivente y funcional a los designios de los usurpadores.