SITIO OFICIAL

Salvador Lozada, un jurista excepcional

Por Alejandro Olmos Gaona (asesor de Proyecto Sur). Sobre la entrega de la manción sarmiento a Salvador Lozada.

SARMIENTO A SALVADOR LOZADA FOTO: (LUCIANO INGARAMO/COMUNICACION SENADO.)

El Dr. Salvador María Lozada nació en Buenos Aires en 1932. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba en 1954, donde se doctoró en derecho y ciencias sociales en 1965.

Realizó su carrera académica en la Universidad de Buenos Aires, donde alcanzó el grado de Profesor Titular Ordinario, del que fue despojado por la dictadura militar en mayo de 1976, quizás todavía se recordaba en ese tiempo como se había enfrentado a las multinacionales que durante la dictadura, iban a beneficiarse de una política económica, que dañó la estructura productiva del país.

Fue Juez nacional de comercio en la justicia nacional de la Capital federal entre 1963 y 1974.

Fundó en 1981 en Belgrado, antigua Yugoeslavia, de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional siendo en la actualidad es presidente honorario de esa asociación

En la Argentina es presidente honorario del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), cuyo primer presidente fue el Profesor Arturo E. Sampay.

Es autor de numerosos trabajos donde ha demostrado sus enormes conocimientos jurídicos y de libros que sería fundamental conocer, donde trató de ir a lo sustancial del derecho, dejando formalidades y ritualismos inconducentes. Tanto en sus obras, como en sus fallos como Juez, y quizá en el más célebre de todos: la declaración de quiebra del Frigorífico Swift, Salvador fue más allá de convencionalismos doctrinarios, dejó de lado la habitualidad  de resoluciones de rutina, se apartó de concepciones que siempre favorecían al poder económico, para llegar a la médula de una operatoria que solo favorecía el enriquecimiento ilícito de una empresa extranjera.

Podemos señalar entre sus libros:  La Constitución Nacional Anotada (1962),

Las Fuerzas Armadas en la Política Hispanoamericana (1970),

Instituciones de Derecho Público (edic. 1970 y 1973),

Empresas Multinacionales (1973),

Dependencia y Empresas Multinacionales (1974),

Inseguridad y Desnacionalización: La doctrina de la seguridad nacional (1980),

Los Derechos Humanos y la Impunidad  en la Argentina (1974-1999: De López Rega a Alfonsín y Menem) (2000),

La Deuda Externa y el Desguace del Estado Nacional (2002).

Nada de lo que tiene que ver con el pensamiento nacional le ha sido ajeno, y sus preocupaciones no fueron solo jurídicas, sino todo aquello relacionado con los bienes públicos, con las cuestiones económicas y con todo aquello que hace al interés del país y de su pueblo.

Salvador ha penetrado como nadie, con rigurosidad, solvencia y con un estilo claro y contundente en los grandes problemas nacionales: Los derechos humanos, la deuda externa, la dependencia económica de la Nación, las transnacionalizaciones de las empresas han sido temas donde ha dejado la impronta de sus sólidos conocimientos y su versación sobre el derecho público, y aún sobre el derecho internacional.

Quizá uno de los aspectos fundamentales de su concepción jurídica, fue su DOCTRINA DE LOS CONJUNTOS ECONÓMICOS, que puso en claro por primera vez, como actuaban las empresas extranjeras, controlando empresas supuestamente nacionales, pero  controladas y manejadas desde el exterior.

Esa doctrina surgió a raíz de una causa tramitada en su Juzgado, donde se había presentado la convocatoria del frigorífico Swift.

Los orígenes de esa convocatoria hay que buscarlos, cuando en 1968 la firma inglesa Deltec Internacional y el King Ranch, de origen estadounidense, se asociaron y formando  Deltec Panamericana.

Deltec Internacional era desde hacía años, el único comprador y distribuidor de la carne argentina, a través de sus frigoríficos (en manos de testaferros) Swift, La Blanca, Armour, y La Negra

Los puertos de embarque eran siete, Bahía Blanca, Buenos Aires, La Plata, Montevideo, Paranaguá, Santos y Río Grande. En pocas palabras, el King Ranch criaba y Deltec procesaba.

Salvador María Lozada, puso todo sobre la mesa, cuando en 1970 le decretó la quiebra al frigorífico Swift, por una evasión fiscal de 25.000.000 de dólares.

En ese entonces algún funcionario de la década infame como Ernesto Malaccorto era director del Banco Central, cuando el General Ongania estaba en el gobierno y se investigaba la evasión de divisas del frigorífico Swift. Los pedidos que por entonces se le enviaban al Banco Central, solicitando informes para dilucidar la verdad acerca de la evasión se demoraban más de la cuenta. Además el Ministro de Economía era Adalbert Krieger Vasena,  quien en 1969, Vasena dejaría su puesto ocupando la Gerencia Regional para el Area de Latinoamérica- de Deltec Internacional.

Tan enorme era el poder de Deltec que en el juicio por quiebra que llevo adelante el Doctor Lozada, se pudo comprobar que, en los balances de 1966, la empresa había tenido una ganancia de 2.800 millones de dólares por la venta de carnes en el mercado internacional. Para entonces la balanza comercial argentina había dado un superávit de 1.593 millones de dólares en comercio exterior; es decir que el de esta empresa casi duplicaba al de nuestro país.

Era realmente un gigantesco robo lo que se le hacía a la Argentina. Hasta 1970, la carne que se vendía a Inglaterra era sin precio fijo. La carne era subastada en Londres entre las 7.000 carnicerías de todo el país (3.700 era de Deltec) de manera tal que el precio era ajustado a sus intereses. Los fletes hacia Inglaterra también quedaban en poder de ellos, pues se hacían en sus propios buques; los seguros se efectuaban a través del Lloyds, es decir a través de ellos. Y lo más increíble de todo esto, es que hasta del flete interno en Inglaterra se hacía cargo la Argentina.

Casi el 40% de los créditos verificados correspondía a empresas del Grupo Deltec, una empresa multinacional que detentaba el control de Swift. La personalidad jurídica de las distintas empresas del grupo estaba "penetrada" , al reconocerse que Deltec actuaba como un "grupo económico" , en el cual "una pluralidad de sociedades jurídicamente autónomas estaba sujeta a la iniciativa económica y financiera de un solo controlante". La conclusión del juez Lozada fue que la personalidad jurídica de las empresas del Grupo Deltec había sido utilizada con abuso y fraude a los acreedores e intereses de terceros, por lo que rechazó el concordato y decretó la quiebra de Swift y las demás empresas del Grupo Deltec. La Corte Suprema validó la quiebra en su sentencia del 4-9-74

Cuando se le entregó a Salvador el Premio General Enrique Mosconi, en 1972, se puso de manifiesto el indudable  coraje cívico del jurista que, en la quiebra de Swift, había dicho: "No es dudoso, pues, que la unificada estructura Deltec ha situado a Swift como un sector de la misma voluntariamente debilitado, con grave daño para la economía argentina, lesión para sus acreedores y zozobra para miles de familias obreras acosadas por la amenaza de la desocupación"

Esa concepción de Salvador Lozada, que honra no solo a la justicia sino a la doctrina jurídica argentina, es continuadora de una ejemplar tradición que hizo decir a un historiador estadounidense, hablando sobre principios de siglo: "El mundo en conjunto estaba menos preocupado con la voz auténtica de los poetas latinoamericanos que con el tono estridente de sus abogados. Los abogados latinoamericanos heredaron la tradición legalista constitucional elaborada por los teólogos y los juristas de los siglos XVI y XVII. De diferentes modos estos abogados desafiaron la preponderancia política y económica de los intereses extranjeros, particularmente aquellos de Estados Unidos"

También se ocupó de la deuda externa y en un célebre libro retomó las ideas de Carlos Calvo y Luis María Drago en su más amplia interpretación: no sólo que un Estado no puede intervenir militarmente para garantizar el cobro de una deuda, sino que el Estado deudor tiene la potestad de decidir cómo y cuándo pagará, aun a acreedores extranjeros, por el sólo hecho de ser soberano y como una condición de tal soberanía

En lo que hace a los derechos humanos estuvo a favor de la derogación total y absoluta de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y por ende de la reapertura de las instancias jurisdiccionales; y también denunció la negligencia, la torpeza o la connivencia de los gobiernos de sosteniendo: lo que la sociedad ya ha juzgado como un crimen, no puede ser borrado ni por la impunidad, ni por el indulto.

También se ocupó en su momento de la obligatoriedad de las pruebas de ADN, para establecer la filiación de personas hijas de desaparecidos, sosteniendo contra criterios de la Corte en el año 2003 que “Habida cuenta que la familia aparente ha quedado desechada por la prueba del propio proceso como un engendro delictual y fraudulento, la expectativa de establecer la verdadera familia adquiere una enorme significación para esa sociedad, para la cual ella es su “elemento natural y fundamental”. Los intereses de la sociedad y del Estado, que por imposición constitucional deben ver en la familia su elemento natural y fundamental, están pues atacados por la renuencia a la prueba del ADN.

La decisión de no contribuir a la certidumbre sobre los lazos de parentesco que, prioritariamente, sus presuntos abuelos aspiran a tener, es una muy clara lesión a los intereses en expectativa de estos tan próximos terceros, los probables miembros de esa familia sobre la que imperiosamente hay hoy que obtener certidumbre. Y también una lesión muy determinada y honda a la posibilidad de que la sociedad y el Estado cumplan con su deber de protección sobre esa familia, como precisa la norma ya citada de la Convención americana.

Cuando uno lee a Salvador, cuando nos nutrimos de sus reflexiones, podemos tener esperanza de recuperar una tradición jurídica que nos honró como país y que parece casi perdida, ante la manipulación política de causas, y la utilización del derecho para el beneficio de ciertos grupos y sectores a los que el poder económico los ha blindado de toda persecución judicial.

Creemos que este homenaje, es el justo y debido reconocimiento a un gran ser humano, a un excepcional jurista y a un hombre comprometido desde siempre con el interés nacional.

POR Prensa


INFOSUR | Cultura | Salvador Lozada, un jurista excepcional

Notas relacionadas

Disponible en librerías

Afiliate

PROYECTO SUR EN TWITTER

PROYECTO SUR EN FACEBOOK

SUSCRIBITE A NUESTRO BOLETÍN

CANAL DE VIDEOS