La actitud de Solanas, la clave detrás de la prórroga a la Ley 26160

Fue el senador nacional el que alertó sobre el vencimiento de la prórroga y acompañó, como siempre ha hecho, la movilización de las comunidades indígenas por sus derechos

En la sesión ordinaria del pasado 7 de septiembre en el Senado, Fernando Pino Solanas pidió el tratamiento sobre tablas a la prórroga a la Ley 26.160, que frena los desalojos a las comunidades indígenas de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Alertado por el vencimiento a producirse el 23 de noviembre de este año, el senador Solanas fundamentaba su pedido en la sesión: “…acá estamos en un tema mayor. Me refiero a la reparación histórica que ya discutíamos en 1994. […]Acá el que está en mora es el Estado nacional y los estados provinciales con el cumplimiento de la Constitución Nacional. ¡Una vergüenza! ¡Desde el año 94!”

Deuda histórica del Estado con nuestras comunidades indígenas, recién en la reforma de la Constitución Nacional del año 94 se agregó el artículo 75 que viene a dar respuesta a una larga serie de despojos y olvido de las comunidades originarias. Producto de dos meses de debate en la Comisión de Nuevos Derechos, cuyo vicepresidente fue el por entonces constituyente Pino Solanas, el inciso 17 plantea que corresponde al Congreso:

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.[…]”

Desde aquella conquista ha habido poca voluntad política de implementar efectivamente los derechos consagrados en la Reforma. Se siguieron produciendo desalojos de tierras por el desmonte para que avance la frontera sojera, pero también por muchos otros factores como la actividad minera, la destrucción de bosques nativos, la venta de grandes extensiones de tierras a extranjeros violando la ley nacional o por la simple prepotencia e impunidad de algunos terratenientes.

Doce años después de la Reforma, en el año 2006 fue aprobada la Ley 26.160. Se encomendaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el relevamiento de las comunidades. Poco fue el avance, en once años sólo lograron alrededor de un treinta por ciento.

En el año 2008, alertados por el letargo con que los sucesivos gobiernos manejaron la problemática indígena, en función de una propuesta de la Confederación Neuquina Mapuche se creó el Observatorio de DDHH de Pueblos Indígenas, que cuenta con un Consejo integrado por Pino Solanas, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. Dicho observatorio tomó como misión garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos indígenas consagrados en normas nacionales e internacionales.

23 años de relatos y postergaciones desde 1994. De aquella sesión del 7 de septiembre de 2017 se obtuvo el compromiso de los bloques de senadores para tratar la prórroga en una sesión especial el 27 de septiembre. Las comunidades indígenas se movilizaron al Congreso, y fueron invitadas a participar de un Debate Abierto en el Senado organizado por Pino Solanas, del cual participaron Jorge Nahuel, Perez Esquivel, Nora Cortiñas, Maristella Svampa, Roberto Gargarella, el senador Abal Medina, representantes de la iglesia, múltiples referentes y organizaciones que dieron fuerza al pedido de saldar esta deuda histórica.

Luego de impulsar una campaña anti indígena en los medios afines desde antes de la desaparición de Santiago Maldonado, el gobierno nacional se hizo eco del reclamo y cedió. Horas después del debate en el Senado el Jefe de Gabinete Marcos Peña declaró que apoyarían la prórroga.

Finalmente, en la sesión especial del 27, se logró por unanimidad la media sanción a la prórroga, quedando pendiente su ratificación en la Cámara de Diputados. Como fue planteado por el senador Solanas, se necesita fijar plazos para terminar con el relevamiento, y dotar al INAI de un presupuesto acorde para llevar a cabo la tarea. Es claro que la lucha debe continuar, para forzar al poder político a cumplir con nuestra Constitución y los derechos de nuestras comunidades indígenas.