La denuncia pide que se investiguen las responsabilidades penales por el derrame en el Yacimiento Bandurrias, que opera la petrolera YPF
Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur, adhirió a la denuncia penal que presentaron la Confederación Mapuche junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Pastoral Social y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, para que se investiguen las responsabilidades penales por el derrame en el Yacimiento Bandurrias, que opera la petrolera YPF.
La denuncia, presentada ante el Ministerio Público Fiscal, tiene como objetivo señalar las posibles responsabilidades penales de los funcionarios públicos del área de ambiente, y que alcanza al Secretario de Estado, Jorge Lara y al Subsecretario de Ambiente Juan Lucchelli. La denuncia también está dirigida a una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades penales de YPF en las personas físicas que las representan.
La iniciativa se da en el marco del debate y alerta que generó el derrame que ocurrió semanas atrás en cercanías a la Localidad de Añelo, cuando un pozo no convencional quedó fuera de control durante 36 horas.
“Estoy convencido que, además de las responsabilidades administrativas, a través de multas, deben investigarse tanto la violación de la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051) por parte de las empresas petroleras como la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de los funcionarios”, sentenció Solanas.
La ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos incorporó en el Código Penal Argentino la figura de los delitos o crímenes ambientales, para el supuesto de quien, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Esta ley establece además, una responsabilidad especial cuando la contaminación sea producto de imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas.
“Esto es consecuencias de la utilización irracional de fracking como modelo petrolero. Esta técnica es cuestionada en todo el mundo por la utilización intensiva de agua y sustancias químicas. Todo esto no hace más que reafirmar la necesidad de debatir -abierta y democráticamente- el modelo energético en nuestro país”, finalizó Solanas.
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