"El kirchnerismo, con estas iniciativas, busca controlar los fallos a través de la Cámara de Casación", dijo el líder de Proyecto Sur.
Solanas rechazó el intento del Gobierno de controlar la Justicia
Tras rechazar los anuncios de la Presidenta Cristina Fernández sobre el proyecto de ley para la democratización de la Justicia, los diputados nacionales Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) y Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI) ratificaron su decisión de impulsar conjuntamente en el Congreso de la Nación leyes contra la corrupción y el pacto de impunidad de la Justicia Federal, que las fuerzas que representan firmaron el 12 de marzo pasado en el marco de la Jornada por la Ética Pública. "Lo único que quiere el gobierno es tener los dos tercios del Consejo de la Magistratura para nombrar, acusar y destituir Jueces", afirmaron Solanas y Carrió.
Proyecto Sur y la Coalición Cívica impulsaran una serie proyectos de ley para dotar de rango constitucional el tratado de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, el Juicio por Jurados y la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos.
"Frente al intento de kirchnerización y cooptación definitiva de la justicia con el objetivo de garantizar la impunidad de los funcionarios y empresarios amigos del poder, oponemos estas leyes para que haya justicia y los latrocinios de éste y otros gobiernos puedan ser juzgados porque el verdadero problema es la corrupción que no se juzga", afirmaron Solanas y Carrió.
"La impunidad de la que gozan los funcionarios y empresarios, amigos del poder se encuentra ‘garantizada’ por la ineficiencia judicial y los agentes corruptos que operan en la Justicia", sostuvieron Solanas y Carrió.
"Como lo venimos sosteniendo desde nuestros espacios, en la Argentina estamos viviendo un preocupante proceso de enquistación en el Poder de prácticas corruptas, en las que funcionarios de las más altas jerarquías se sirven de sus cargos para sacar beneficios en su provecho y en el de empresarios “amigos” que son cómplices y se enriquecen a costa del resto del pueblo”, afirmaron los legisladores.
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