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Discurso de nuestros diputados sobre la exCiccone

Las ponencias completas de los diputados nacionales de Proyecto Sur., Fernando Pino , Alcira Argumedo y Jorge Cardelli.


Fernando "Pino" Solanas.- Señora presidenta: el 12 de abril pasado presentamos un proyecto que declara de interés público y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica. Lo hicimos fundamentado en la necesidad del Estado nacional de recuperar capacidad soberana después del flagelo sufrido en los ’90 con las políticas privatizadoras y neoliberales que llevaron al ex presidente Carlos Menem, con el decreto 51/92, a declarar incluso a la Casa de Moneda sujeta a privatización. En todos estos años las limitaciones de la Casa de Moneda para fabricar billetes y otros documentos públicos la llevó a tener que tercerizar o subcontratar con otras empresas, inclusive pedirle a un país hermano que nos fabrique billetes.

Por cierto no es que la Argentina no tenía capacidad de dotarse de toda la maquinaria necesaria para fabricar billetes. Ya en los años ’90 recordemos aquel invento, aquel negociado grosero que se había tramado con la Siemens para la fabricación de los DNI.

Desde los años ’90 desembarcó como hábito en la administración del Estado la idea perversa de aprovecharse de los patrimonios públicos y de la información reservada y estratégica para hacer negocios en beneficio del “funcionariato” y de los amigos del poder.

El patrimonio público fue tomado por asalto; todos conocemos esa situación. Además, lo que ocurrió en los años de la década del “menemato” se continuó en las prácticas del partido gobernante. La “mafiocracia” invadió todos los estamentos y las instituciones. La degradación institucional fue muy grande; frente a las ideas neoliberales privatistas que alentaron y lucraron con la “mafiocracia” y se beneficiaron con el remate ruin del patrimonio público, pocas voces surgieron de ese sector por no decir ninguna- para reclamar por los negocios que se estaban tejiendo al costado de la Casa de Moneda a fin de dotarla de los billetes necesarios.

A nadie escapa el hecho de que el país está cruzado por todo tipo de mafias. Este es un país con puertos privados, marcado y penetrado por el narcotráfico, que ni siquiera domina el río y en el que se inventó la “patria concesionaria” y la “patria subsidiada”. Es un país que vive con las cajas negras de los subsidios desde hace más de veinte años. Aclaro que no me refiero sólo a los subsidios a los trenes, que continúan, o a Metrovías, para los subterráneos; también tenemos el escandaloso subsidio a Hidrovía, que incluso ha podido perforar y atravesar los informes negativos de la Auditoría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de la Sigen. Las cajas negras necesitan de la complicidad de grandes sectores del poder, incluso de la oposición.

No se nos escapa que hubo sectores de la oposición que jamás reclamaron contra los negociados de la “mafiocracia”. Sin embargo, hoy se escandalizan porque se va a expropiar o confiscar una compañía privada.

¿De quién es la facultad de fabricar billetes, letras, pasaportes, documentos de identidad y patentes? Es indiscutible la necesidad de que, por razones de seguridad y frente al desarrollo de actividades delictivas y de corrupción, el Estado recupere esa capacidad soberana. Me dirán que si ese Estado es el mismo que tiene nichos de gran complicidad con el delito y con el vaciamiento de estos recursos, estaríamos tomando por idiotas a medio país, por no decir al país entero.

Digo esto porque el salvataje de Ciccone se llevó a cabo con la participación de la AFIP, con la intervención de Katya Daura, titular de la Casa de Moneda, quien paró una licitación para la adquisición de las máquinas que hacían falta para fabricar billetes y, tras cartón, firmó un contrato por 50 millones de dólares para fabricar esos mismos billetes.

Aquí se ha mencionado muchas veces al vicepresidente Amado Boudou. Pero nadie mencionó la causa por el delito más grave, en el que metió las manos y dejó sus impresiones digitales. Fue él quien siendo ministro de Economía, impulsó en 2010 junto a la consultora Arcadia la estafa del último canje de deuda. Por esa operación la Argentina se desangró en 9.000 millones de dólares, al canjear bonos truchos que estaban siendo investigados en el Juzgado Federal Penal N° 2 a cargo del juez Martínez De Giorgi. Esos bonos habían quedado fuera del canje de deuda de 2005. Recordemos también que, además, se había sancionado la ley cerrojo, para que nadie volviera a abrir el canje, pero lo abrieron en 2009.

Los bancos ligados a esa consultora y a Amado Boudou recuperaron esos bonos por chaucha y palitos, porque habían quedado afuera y los pagaron 45 o 50 dólares. Este Congreso tiene todavía la vergüenza de no haber exigido que los asuntos de la deuda se traten aquí y que al hoy vicepresidente Boudou se le preguntara a quiénes les canjearon esos bonos. Jamás contestaron quiénes eran los tenedores de esos bonos.

También me refiero a la degradación del propio Parlamento. Se lo digo con todo respeto: la Presidencia salta por encima del reglamento. Lo ha hecho como un hábito. ¿Desde cuándo no se toleran los siete días de los dictámenes para que los estudiemos?

Yo presenté el primer proyecto. Después lo clonaron todos, incluso el Poder Ejecutivo. No fue tratado en ninguna de las tres comisiones correspondientes. Fue una falta de respeto a los legisladores. Eso es autoritarismo y pasarse a las instituciones por donde usted sabe. No queremos una Argentina donde uno de los mayores funcionarios se hace el otario y deja todas las huellas digitales.

A pesar de todo esto, ninguno de los argumentos que se han dado para oponerse a la expropiación consideró el tema de fondo: ¿vamos a dejar en manos de esa banda por muchos años el manejo de la fabricación de billetes? Es el mismo caso de YPF. Los mismos que la destrozaron, que toleraron que Repsol se la chupara y enviara los dividendos afuera, ahora la recuperan. Nosotros dijimos que era tarea patriótica acabar con ello. No hacemos leyes para quince días, sino para mucho tiempo.

Aquí se trata de perfeccionar y dotar de mejores medios a los organismos de control. Presentaremos un proyecto en los próximos días en el que vamos a pedir que el Congreso vote la constitución de una comisión permanente de seguimiento del futuro complejo.

Termino diciendo que los argumentos sobre a quién se le compra no tienen sostén, porque la quiebra sabe muy bien quiénes son los titulares accionarios. El juez Cosentino ya determinó que la deuda de la ex Ciccone es de 404 millones de pesos y que el valor de los instrumentos de Ciccone no excede los 81 millones de pesos.

En cuanto a que no se conoce lo que compramos ni quiénes son los futuros acreedores, todo ello lo sabe muy bien la Justicia, que está llevando la quiebra. No debe olvidarse que los mayores tratadistas sobre el tema de la expropiación, como Agustín Gordillo, de la Argentina, y García de Enterría, de España, dicen categóricamente que de ninguna manera la expropiación interfiere en otro proceso.

Los procesos contra el señor Boudou son de acción pública, y de ninguna manera los puede interferir el proceso de expropiación. (Aplausos.)

Alcira Argumedo.- Señor presidente: quería adelantar que Proyecto Sur va a votar afirmativamente el proyecto en consideración, salvo el artículo 6°, que se refiere a la intervención, ya que consideramos que es una potestad del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, quería hacer algunas reflexiones. Es evidente que estamos tratando una problemática que representa una secuela más del saqueo de los años 90, y de la irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos que aplicaron esas políticas, llevando a este país a un tremendo deterioro.

Como ustedes saben, a fines de los 90 la Universidad de Oxford de Inglaterra, cuna del liberalismo y del neoliberalismo, hizo un estudio que demostraba el crecimiento exponencial de la corrupción en todos aquellos países que habían llevado adelante procesos masivos de privatización.

Nuestro país no fue una excepción en ese crecimiento exponencial. En este sentido, a veces se plantean situaciones paradojales y hasta payasescas. Por ejemplo, el senador Aníbal Fernández plantea y denuncia que ha habido un vaciamiento sistemático de la Casa de Moneda, lo cual da cuenta de políticas entreguistas y antinacionales por parte de aquellos que llevaron adelante dicho vaciamiento. Explícitamente señala que fue el gobierno provisional de Duhalde, a través del decreto 777, el que eliminó de la Casa de Moneda la exclusividad de la impresión de billetes y documentos. Luego vendría el gobierno de De la Rúa y la etapa, según él, en la que Martín Redrado fue presidente del Banco Central entre los años 2004 y 2010.

Este es un típico caso de “a confesión de parte relevo de prueba”, de haber sido cómplice de esas políticas entreguistas, porque el decreto 777 del entonces presidente Duhalde está firmado por el ministro de aquella época Aníbal Fernández. Como todos sabemos, entre 2004 y 2010 en este país no gobernó Napoleón. Sin duda, el señor Aníbal Fernández fue, primero, ministro y luego, jefe de Gabinete, con lo cual ha declarado y confesado su participación en estas políticas entreguistas y antinacionales.

En cuanto a la corrupción, evidentemente es irresponsable la decisión de hacer un acuerdo para la impresión, ni más ni menos, de billetes por un monto total de 41 mil millones de pesos -equivalentes a 410 millones de billetes de cien pesos- con una empresa cuyos orígenes no se conocen. Según la información de Clarín, que miente, y de Página 12, que no miente, el origen de The Old Fund tiene dos vertientes principales: la empresa uruguaya Dusbel, actualmente investigada por el gobierno del presidente Mujica por lavado de dinero, y la otra, Tierras International Investments que actualmente no existe. Allí aparecía el jubilado Piluso que al módico precio de 200 pesos había prestado su nombre para que se hiciera una empresa con sede en Holanda, que a su vez era alimentada con dos empresas con sede en Suiza.

Más allá de los bucólicos molinos de viento de Holanda, de Heidi y de la vaquita de los chocolates Suchard, las cuentas secretas en Suiza permiten manipulación y lavado de dinero por narcotráfico y tráfico de armas, entre otras exquisiteces.

Nos preguntamos si en este acuerdo que hizo la Casa de Moneda con la empresa Ciccone, controlada por The Old Fund, no se averiguó si se estaba haciendo un contrato con una empresa que podía estar dirigida por los émulos de Al Capone.

Finalmente, aparece una serie de personajes: Vanderbroele, el Banco Macro, Jorge Britos, la compra de dos departamentos y cocheras en “Fuerte Madero”, como lo llaman algunos muchachos porque dicen que allí hay más chorros que en “Fuerte Apache”, Núñez Carmona, etcétera. Es todo un conjunto de personajes que no se termina de aclarar cuál es la relación entre ellos.

Pero nosotros apoyamos este proyecto fundamentalmente porque en Ciccone se produce una situación paradojal. Mientras los dueños de la empresa son oscuros personajes que no se conocen, los trabajadores de Ciccone tienen a uno de los dirigentes gremiales más honestos y sólidos, de esos dirigentes que deben ser ejemplo, como es el compañero Jorge Thierbach, quien nos informa que ellos apoyan y piden la estatización de la empresa porque sus trabajos corren peligro, y están dispuestos a llevar adelante una presión creciente para que se prosiga la investigación sobre la corrupción potencial en esa empresa.

Por eso, estamos de acuerdo con apoyar la expropiación pero no con que la intervención la lleve adelante el Poder Ejecutivo, porque ni éste ni el Poder Legislativo tienen potestad para ello.

Finalmente, estamos convencidos de que debe realizarse una investigación acerca de quiénes son esos famosos propietarios de Ciccone, esperando que la frase “creo en la Justicia” no se transforme en una patética expresión de ingenuidad en esta patria tan golpeada.

Por eso les decimos: señores, vamos a apoyar el proyecto; no somos ingenuos ni cómplices, y pensamos que es potestad del Estado la impresión de moneda pero no que pueda estar en manos de una empresa donde, entre otros, pueden figurar personajes como los mencionados. (Aplausos.)

Jorge Cardelli.- Señora presidenta: tal como lo anticipó el señor diputado Solanas, vamos a apoyar el proyecto de expropiación de la ex empresa Ciccone.

En verdad nos hubiera gustado que el marco de discusión fuera otro. Lamentablemente, muchas de las cosas importantes que se hicieron en este país –que fueron impulsadas por este gobierno- no tuvieron el marco de debate que merecían, porque siempre había una emergencia que resultaba confusa. Obviamente, eso no le quita validez a esas cosas buenas que se hicieron.

En ese sentido, no quiero olvidar cuando en esta Cámara se discutió la expropiación de los fondos de pensión y jubilación, para que la administración de esos recursos quedara dentro de la órbita del Estado. El argumento más fuerte que escuchamos de los sectores de la oposición fue que no se podía hacer lugar a esa expropiación si previamente no sabíamos a quién se le iba a dar la administración de ese dinero. En ese momento tendríamos que haberles preguntado a esos legisladores desde cuándo las empresas que manejaban los fondos de jubilación y de pensión administraban el dinero en favor de los trabajadores.

Durante esa discusión nuestra posición fue muy clara: defendimos el derecho a la expropiación y no nos rasgamos las vestiduras por la propiedad privada. En este país el general Perón se cansó de decirle “no” a la propiedad privada y “sí” a la propiedad social. Es más, el artículo 40 de la Constitución Nacional legitima el derecho de la propiedad pública sobre todos los recursos naturales.

Lamentablemente, la discusión no es honesta. En esto también hay responsabilidad del gobierno, porque plantea el tema con mecanismos confusos y autoritarios, cuando la discusión tendría que ser más clara. Sinceramente creo que este proyecto podría haberse analizado con más tiempo; lo mismo podrían haber hecho con la iniciativa que en su momento presentó el señor diputado Solanas.

Por otro lado, también tenemos el caso de YPF. Al respecto, es necesario que definamos el fondo de la cuestión.

Con posterioridad al conflicto del subterráneo, Mauricio Macri accedió a un reportaje que le hizo Morales Solá, donde nos convocaba a una cruzada por la lucha por la libertad y contra el avance del Estado. Quizás nos estaba convocando a regresar a los años 90, porque aquí hay muchos neoliberales que siguen planteando que el problema central es la corrupción y quieren volver a implementar las viejas políticas del ajuste y del neoliberalismo.

Para una fuerza como la nuestra la situación es compleja. Vamos a votar en función de nuestros principios, pero bajo ningún punto de vista creemos que los mecanismos autoritarios y antidemocráticos nos van a llevar por un buen camino. Más aún cuando por vía de esos mecanismos autoritarios se acuerda con el capital imperialista, por ejemplo, el de la minería o los agronegocios.

Tampoco estamos de acuerdo con que haya una forma neoliberal buena o no corrupta, un capitalismo sano o una propiedad privada decente que volverá a resolvernos los problemas. Entendemos que hay que caminar por el nacionalismo popular, democrático y de la liberación nacional.

Por eso vamos a apoyar este proyecto, pero también la necesidad de que se forme una comisión de control de la Casa de Moneda. También queremos controlar, por vía de la ley de medios, lo que pasa con los medios de comunicación, aunque no lo podemos hacer porque el gobierno, autoritariamente, no nos lo permite.

Igualmente queremos controlar por vía de los trabajadores lo que pasa con YPF, pero en este caso es poco el poder que se dio a los trabajadores. Tampoco hemos podido lograr que se convierta en estatal y en empresa pública el servicio de ferrocarriles, a fin de que sea controlado por los trabajadores.

Entonces, hay que decir que el camino que diseña el gobierno es confuso, contradictorio y pragmático; muchas veces esconde las peores intenciones, pero también es cierto que el discurso de la oposición es tramposo y deshonesto. Se trata de un discurso neoliberal y de regreso a los 90. En muchos casos, se corresponde con la vuelta a la política de ajuste y contra los trabajadores. (Aplausos.)

POR prensa


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