Toda la verdad sobre la trama del Canje de deuda 2010 que impuso Amado Boudou.
En el año 2000 el Juez Jorge Ballestero declaró la ilegalidad y fraudulencia de parte de la deuda externa de la dictadura, deuda que aunque se originó entre 1976 y 1983 fue permanentemente refinanciada durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, de la Rúa y Néstor Kirchner.
Esas refinanciaciones están debidamente acreditadas en tres causas penales que se sustancian en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, en la que se ha probado, que salvo algunos prestamos específicos la deuda actual es la deuda de la dictadura permanentemente refinanciada. Las pruebas surgen de informes oficiales, documentos, pericias.
A los efectos de obtener un pronunciamiento específico que sirviera para terminar con el proceso de endeudamiento, en el año 2010, los diputados Solanas, Argumedo, Cardelli, Lozano, Donda, Parada, Bonasso, Iturraspe, Macaluse, Merchan solicitaron al Juez Federal Eduardo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Nº 2, que declarara nula la deuda de la dictadura en razón de que el Código Civil y las normas del derecho administrativo determinan que son nulos los actos ilegales e ilícitos, y todas sus consecuencias.
El Fiscal interviniente Federico Delgado estimó procedente el pedido de nulidad, y el Juez determinó que faltaban algunos elementos para pronunciarse por lo que tendría en cuenta la presentación
Debe recordarse, que después de la reestructuración de la deuda efectuada por Néstor Kirchner en el año 2005, se sancionó la ley 26017 (ley cerrojo) por la cual se determinó que los tenedores de bonos de la deuda que no habían entrado en el canje del 2005, carecían de todo derecho a reclamar el pago de los títulos, habiendo declarado Kirchner que no iban a cobrar nunca más. Sin embargo, como pareciera que en la Argentina los discursos nunca coinciden con la realidad, todo eso quedó en palabras y en diciembre del 2009 el Congreso Nacional suspendió los efectos de la Ley, lo que permitió al entonces Ministro Boudou concertar un nuevo canje con los bonistas
La reapertura del canje fue sugerida por Arcadia Advisors, quien venía preparando la operación desde el año 2008 junto a los bancos que intervinieron: Barclays, Citi y Deutsche, debiendo tenerse presente que directivos de esa empresa estaban relacionados con acreedores de la Argentina desde el año 1977, apareciendo ahora con coordinadores de la oferta. Esta consultora es dirigida por Emilio Ocampo y Marcelo Etchebarne quienes participaron en los canjes de deuda provinciales de Formosa, Mendoza, San Juan y Buenos Aires.
Diego Bossio, responsable del Anses y vinculado a este grupo, fue asesor del gobernador de Mendoza Celso Jaque en el canje del Bono Aconcagua y su hermano Pablo trabaja desde el año 2009 en el estudio jurídico de Etchebarne, que en sus antecedentes cuenta haber sido Asesor de la Unión de Bancos Suizos, Asesor de Salomon Smith Barney Para el Programa de deuda de la Pcia. De Buenos Aires en 1998 por 3.200 millones de dólares, asesorando a diversos bancos en las emisiones de más de 20 series de bonos de la Pcia., asesor legal local para el canje de deuda de la Pcia. Por 3000 millones de dólares, siendo también Asesor de J.P. Morgan. Por su parte, Emilio Ocampo fue asesor del Citigroup, Director de Morgan Stanley en Londres y Vicepresidente del Chase Manhattan Bank en Nueva York, siendo su suegro, Mr. Brookes, consejero de Nelson Rockefeller y presidente de Cedel (Centro Internacional de Intercambio de valores y liquidación de Luxemburgo) y también integrante del estudios Milbank, Tweed, Hadley y McCloy, la oficina de abogados más importantes de los Estados Unidos, fundada por John Mc Cloy, asesor de 8 presidentes norteamericanos y que ha tenido como uno de sus principales responsables a William Webster que fuera director del FBI y de la CIA.
Todas estas sospechosas negociaciones, llevaron al Diputado Pino Solanas, a presentar una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función público contra el Vicepresidente Boudou, Diego Bossio, responsable del ANSES y todos aquellos que intervinieran en el canje, interviniendo el Juez en lo Criminal y Correccional Federal Dr. Ariel Lijo, con la intervención del Fiscal Jorge Di Lello.
Claudio Lozano realizó un excelente análisis de este canje demostrando que fue un canje sin quita, ya que si bien hubo una reducción del valor reconocido de los bonos, se compensó la misma con el reconocimiento de los cupones atados al PBI, con efecto retroactivo al 2005, lo que resulto violatorio de los arts. 65 a 79 de la Ley 24.156 de administración financiera y de las propias disposiciones de la ley que suspendió la ley cerrojo, ya que no se le dieron facultades al ministro Boudou, para que negociara de la manera que lo hizo.
Todas estas negociaciones hechas favoreciendo a los acreedores externos, se rigen por la lógica del “sistema de la deuda”, por el cual siempre se está tributando y nunca se termina de pagar, ya que lo que les interesa a los acreedores, es que se continúe con la transferencia de fondos a través de los usurarios intereses que siempre nos han cobrado.
Es importante consignar, que todas las negociaciones siempre se realizan en el mayor secreto, ya que dar a publicidad la realidad de lo que se acuerda supondría poner en evidencia la constante claudicación que se hace de las decisiones soberanas de la Nación. Y esto del secreto que viene desde hace décadas, ha sido escrupulosamente seguido por el actual gobierno y los anteriores, que sistemáticamente se han negado a enviar la documentación requerida respecto a las obligaciones que tiene la Argentina, como por ejemplo la deuda que se mantiene con el Club de Paris.
Los pedidos de investigación de la deuda efectuados en el Congreso Nacional han sido sistemáticamente bloqueados por el oficialismo y se continúa con la vocación pagadora, aunque la deuda siga aumentando. El último informe oficial consigna que la deuda pública creció en el año 2011 en 14.632 millones de dólares, y es hora de poner fin a esto, ya que la transferencia de recursos, supone desfinanciar obligaciones con la comunidad que siempre se postergan.
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