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"CARTA A LOS GOBERNADORES QUE PRESIONAN A SUS SENADORES PARA QUE VOTEN A FAVOR DE LA LEY BASES"

  A los Señores Gobernadores de las Provincias De Chubut IGNACIO TORRES, de Chaco LEANDRO ZDERO, de Corrientes GUSTAVO VALDÉS, de Entre Ríos ROGELIO FRIGERIO, de Jujuy CARLOS SADIR, de Mendoza ALFREDO CORNEJO, de San Juan MARCELO ORREGO, de San Luis CLAUDIO POGGI, de Santa Fé MAXIMILIANO  PULLARO, de Tucumán OSVALDO JALDO, de Catamarca RAÚL JALIL, de […]

 

A los Señores Gobernadores de las Provincias

De Chubut IGNACIO TORRES, de Chaco LEANDRO ZDERO, de Corrientes GUSTAVO VALDÉS, de Entre Ríos ROGELIO FRIGERIO, de Jujuy CARLOS SADIR, de Mendoza ALFREDO CORNEJO, de San Juan MARCELO ORREGO, de San Luis CLAUDIO POGGI, de Santa Fé MAXIMILIANO  PULLARO, de Tucumán OSVALDO JALDO, de Catamarca RAÚL JALIL, de Santiago del Estero GERARDO ZAMORA, de Neuquén ROLANDO FIGUEROA, de Salta GUSTAVO SÁENZ, de Misiones HUGO PASSALACQUA  y al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires JORGE MACRI

 

De nuestra consideración:

En relación con el tratamiento de la llamada “Ley Bases” en el Congreso, hoy en el Senado de la Nación, hacemos llegar a Usted nuestro expreso pedido de que instruya a los legisladores de su provincia -hoy, los senadores que votarán en la sesión del 12 de junio de 2024- para que rechacen el proyecto en todos sus términos en defensa de los intereses estratégicos de la Nación y del pueblo, de la que forma parte la Provincia que Ud. Gobierna.

El presidente ha desplegado diversos instrumentos de presión y hasta de extorsión para alcanzar su propósito; por esto, es imprescindible que la respuesta sea la defensa irrestricta de las instituciones, de la democracia y del Estado Constitucional. Conforme con la Constitución, los gobernadores son autoridades de la Nación y el presidente un primus inter pares, primero entre iguales. Esto no ha sido asumido a lo largo de nuestra historia y de esa falencia provienen todas las dependencias y subordinaciones al poder central que ha desmontado nuestro régimen federal de gobierno.

La cuestión es ahora mismo crucial porque se pone en juego la ya degradada soberanía de la Patria. Específicamente, resumiendo aquí diversas críticas cruciales al proyecto en el punto, el llamado RIGI autoriza al inversionista a no liquidar los dólares de sus exportaciones y a partir del tercer año dejar en el exterior el 100% de las divisas así logradas. Se le asegura estabilidad en las reglas referidas a tributación y condiciones de concesión por 30 años, mucho más que el tiempo necesario para recuperar una inversión en condiciones normales. Esta estabilidad no se verá afectada aun en situaciones extremas (tales como crisis económicas o eventos similares). Sin embargo, se contempla que las obligaciones asumidas por los inversores puedan ser incumplidas por causa fortuita o fuerza mayor, algo que el Estado se está vedando a sí mismo.

De un modo violatorio del sistema de repartos de competencias, se aniquila el poder de imposición de provincias y municipios, que no podrán ejercer su potestad otorgada en la Constitución: el Congreso invade esferas autonómicas pese a carecer de esa facultad: el poder que no puede gravar, no puede desgravar. Asimismo, permite transferir las participaciones sociales en los VPU (vehículos de producción única) beneficiarios sin autorización, dando pie a comportamientos especulativos y se permite la adhesión de empresas con organizaciones jurídicas y responsabilidades precarias, similares a las de las guaridas fiscales; computan los activos sin atender a su naturaleza o forma de financiamiento; puede tratarse de bienes nuevos o  usados, acciones y participaciones en otro VPU, concesiones ya otorgadas y contratos de locación ya en vigencia, abriendo la posibilidad de que emprendimientos existentes, con inversiones ya realizadas, puedan aspirar al nuevo régimen, pese a que aportarán poca inversión nueva genuina. Se fija una alícuota diferencial para el impuesto a las ganancias (25%), a la vez que se brindan beneficios especiales en la determinación de la base imponible (amortización acelerada, uso de quebrantos impositivos, etc.); beneficios que no tienen antecedentes, ni siquiera como solicitudes por parte del sector empresario. Se desliga a la AFIP de la obligación de realizar denuncias penales por incumplimientos, en caso de existir aviso previo del contribuyente.

El Estado se compromete a asistir y defender a los beneficiados de cualquier demanda que se les entable en el país o en el exterior y se habilita, a criterio del inversor, la posibilidad de recurrir a arbitrajes o tribunales extranjeros. De modo ostensible e incuestionable, estas y otras previsiones se erigen en una entrega de potestades soberanas que no cabe tolerar, menos avalar con el voto afirmativo.

A no dudar, el Congreso argentino tiene el deber de ejercer sus atribuciones en el marco de la Constitución vigente y cada uno y todos los gobernadores deben sumar sus prerrogativas con el mismo afán: DEFENDER LA PATRIA. Ya es un hecho ignominioso que todavía no se haya derogado por el Congreso el DNU 70/23 que otorga la suma del poder al presidente.

Las omisiones y las acciones que se registren en contra del interés de la Nación, quedarán grabadas para siempre en la memoria de nuestro pueblo y el peso del reproche histórico y aún penal caerá sobre los responsables. Los actos de traición a la Patria son imprescriptibles -arts. 29 y 37, C. N.-

Artículo 29: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”

Atte.

 

MESA DE CONDUCCIÓN NACIONAL

“MOVIMIENTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR“

 

 

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