Sebastián Zurutuza (asesor de Proyecto Sur) explica la ilegitimidad del acuerdo firmado con el Reino Unido por Malvinas.
El Régimen de Comunicación entre Malvinas y el continente a través de vuelos es vital para la subsistencia de Malvinas y para su desarrollo económico. Es un objetivo estratégico mayor para Londres y las ilegítimas autoridades kelpers poder generar un puente aéreo con puntos del continente, tratando sobre todo de evitar a Argentina, con el objetivo de incrementar servicios turísticos a Malvinas y turismo Antártico desde Malvinas; permitir recambio de tripulaciones y dotaciones para actividad pesquera y exploración de hidrocarburos. El actual puente aéreo entre el Reino Unido y Malvinas es muy oneroso y demanda un importante esfuerzo logístico, afirma Sebastián Zurutuza, asesor de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senador Fernando Pino Solanas e integrante de la Mesa Federal de Proyecto Sur.
En una entrevista realizada por Infosur, Zurutuza cuestiónó este nuevo acuerdo con el Reino Unido al señalar que “ Las actuales conversaciones para el incremento de un vuelo entre el continente y Malvinas se celebran en el marco del comunicado conjunto de Argentina y Reino Unido del martes 13 de setiembre. Pero se avanza más en términos de incluir a los kelpers como un tercer actor legitimado por el gobierno argentino (¿un nueva política de “seducción” como la operada por el Canciller Di Tella en los `90?) El comunicado del gobierno kelper al respecto no deja dudas: “Ahora se precisa avanzar en la solicitud de expresiones de interés de aerolíneas calificadas para operar dicho servicio”. Los kelpers necesitan para fortaleceré su economía una mayor conexión con el continente. Esto significa alivianar su problema logístico y beneficia los intereses estratégicos coloniales en el Atlántico Sur.
Zurutuza afirmó que Argentina recibe absolutamente nada a cambio y termina cooperando gratuitamente –cediendo posiciones- en favor del ilegítimo ocupante y su gobierno ilegal. Se ha renunciado a una estrategia de presión que permita afectar realmente intereses británicos (como por ejemplo la aplicación cabal y a fondo de la Ley 26.659) para ponerse una mejor posición que permita negociar la cuestión de soberanía.
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