El bono a 100 años y las nuevas deudas

Por Alejandro Olmos Gaona (Asesor de Proyecto Sur). El investigador analiza la última medida de endeudamiento de Mauricio Macri

Para el que conozca algo de nuestra historia reciente, y de hechos del pasado, no debe llamar la atención la práctica del secretismo como una política de estado. Contratos secretos, acuerdos secretos, pactos secretos, tratados secretos forman parte de una costumbre que arranca en el siglo XIX, y se perpetuó en el tiempo, con mucho más énfasis en los últimos 40 años. Y digo esto debido a que normalmente existe un Decreto por el cual se autoriza una emisión de bonos, o una resolución ministerial, pero en el presente caso solo se trata de un anuncio oficial, sin que hasta el día de hoy se sepan las otras condiciones de los bonos; la jurisdicción y la legislación a los que se someterá el país y detalles fundamentales que hacen a la operación. Naturalmente que no descarto que tal como se ha hecho últimamente y los Decretos 29, 231 y 334 son una muestra, durante cien años estaremos atados a la jurisdicción de Estados Unidos y Gran Bretaña.

El Bono a 100 años que emitirá el gobierno, por 2750 millones de dólares ya ha sido colocado en varias instituciones financieras (HSBC, Citibank, Santander y Nomura), conforme surge de las últimas informaciones. El Ministro de Finanzas comentó que se recibieron ofertas por 9.750 millones de dólares, lo que pone en evidencia como conocen los acreedores, que pese a los comentados defaults, la Argentina es un pagador serial, que siempre beneficia a los grandes especuladores financieros.

Entre los anuncios se conoce que el gobierno piensa emitir deuda en los próximos seis meses por 12.750 millones de dólares, y 2600 millones de dólares en euros, yenes y francos suizos, todo lo cual ha sido autorizado en la Ley de Presupuesto votada masivamente por el Congreso Nacional.

Lo que no autorizó el Congreso, fue el plazo del bono a emitir, ya que en la planilla anexa al artículo 34 de la Ley de Presupuesto, se fija un plazo de cuatro años, por lo cual el ministro Caputo ha violado claramente la Ley. A esto se suma que el artículo 56 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, prohíbe contraer deuda pública para gastos operativos, que es lo que está haciendo reiteradamente el gobierno.

El exitismo ministerial, sumado a los habituales economistas del sistema, ven esto como un gran logro, ya que según ellos, esto muestra la confianza de los mercados, que son el venerable tótem a los que venimos rindiendo pleitesía desde hace décadas, y que luego del default, les pagamos escrupulosamente, buitres incluidos. Esos mercados muy volátiles, y que cultivan la especulación, no han considerado a la Argentina país emergente, como confiaba el gobierno, ya que Morgan Stanley nos sigue considerando país fronterizo, es decir de confiabilidad relativa.
Hablar de un bono a 100 años es considerar que se trata de un bono perpetuo, donde la recuperación del capital, es algo que puede resultar secundario, sino gozar de una alta rentabilidad durante diez décadas, y que permiten que en estos momentos de exceso de liquidez mundial, se pueda colocar dinero a tasas que no paga ningún país en el mundo. Tampoco la Argentina capacidad de repago, por lo cual se volverá al viejo sistema de seguir emitiendo deuda para pagar la vieja, pagando a unos y endeudándose con otros.

Como decía anteriormente no se conoce el destino de los fondos, ya que el comunicado oficial no da cuenta de ello, y esto guarda similitud, con el dictamen emitido por los peritos en la causa “Olmos” que tramitó en el Juzgado Federal Nº 2, donde establecieron, que no se podía acreditar con certeza el destino de los fondos recibidos durante la dictadura.

Se ha hecho mención al selecto grupo de países que han contraído deudas a tan largo plazo, pero entiendo que en este caso las comparaciones no nos sirven, aunque México haya colocado deuda al 5.25% e Irlanda al 2.35, porcentajes sustancialmente inferiores al 7.91 que el interés del bono a emitir.

La semana pasada se emitieron tres letras del tesoro por 500 millones de dólares, y un bono en pesos por 75.000 millones de pesos, a la tasa de política monetaria del banco Central que está en el 26%. El bono se emitió a tres años, y las letras a 224, 364 y 532 días de plazo.

Se han emitido desde el 2015 hasta mayo 96.500 millones de dólares, que han servido para pagar deudas anteriores, financiar el déficit fiscal y pagar gastos operativos.

Una deuda muy preocupante, que es mencionada apenas en los grandes medios es la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que está en el orden de los 960.000 millones de pesos, lo que significa, que supera en más de 10.000 millones de dólares a las reservas de la Institución. En mayo se emitieron 166.000 millones en Lebac, y aunque este descomunal endeudamiento comenzó en enero del 2016, con una tasa del 38.5%, ahora bajo 10 puntos, lo que no deja de ser un porcentaje muy elevado, y permite que la especulación financiera pueda hacerse de una enorme rentabilidad.

Ante la falta de un real política de Estado, si existe una política de la deuda que se traduce en emitir todo lo que se pueda, aunque no haya capacidad de repago, y se tengan que refinanciar eternamente las obligaciones. Es una historia que conocemos de sobra, y que nos llevará inexorable a una crisis, como otras que experimentamos.