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El camino inverso al desarrollo nacional

Artículo publicado en La Nación sobre la política petrolera actual y pasada.

Artículo publicado en La Nación sobre la política petrolera actual y pasada.

Una nueva política petrolera.

Una nueva política petrolera.

Nosotros entendemos que la política petrolera de Carlos Menem, continuada por la Alianza y la actual administración, no ha beneficiado al país porque, además de privatizar YPF (transfiriendo el cuasi monopolio estatal al privado), cedió la libre disponibilidad del crudo, sus ingresos de exportación y la decisión de invertir.

Creemos que son temas de gran relevancia que hacen al modelo de país, y que hay continuidad con la política de los noventa aunque por las retenciones de la exportación, que es una indiscutible herramienta constitucional de la Nación, se establezca el precio interno del petróleo, pero con la reciente liberación del precio de los combustibles se vuelve a aumentar las ganancias de las petroleras a expensas del pueblo. Es mejor un modelo de las características que propuso Lula para el Presal, que establece una empresa ciento por ciento pública que otorga regalías a todos los Estados (provincias), no sólo a los petroleros. La decisión errada en nuestro país fue aprovechar el esfuerzo público de casi un siglo otorgando su explotación, ya que casi todos los descubrimientos relevantes fueron de la YPF, mientras hoy hemos perdido la autosuficiencia.

Respecto del dominio del subsuelo, el economista y empresario Mariano Fragueiro legislaba en 1853 para que el Estado nacional mantuviera el dominio original del subsuelo. Es bastante común la afirmación que dice que la administración de las provincias traería beneficios para el país y que no hay incentivos para la exploración e inversión petroleras: la falta de combustibles de hoy muestra el fracaso de la política de ayer. La reforma constitucional de 1994 fue la contracara de la de 1949. Y, por cierto, pensamos que el talento de Perón era muy superior al que inspiró la norma del actual artículo 124 de la Constitución Nacional, tan poco discutida en las campañas políticas, que ni siquiera se lo previó en el pacto de Olivos ni en la ley que declaró la necesidad de la reforma y cuya constitucionalidad sería discutible si la Corte mantuviera la "doctrina Fayt".

El dominio federal de los recursos mineros e hidrocarburíferos fue, según Sampay, el motivo del derrocamiento de Yrigoyen. Era causa de los partidos populares, el radicalismo, y el peronismo luego. Su razón es muy clara: las fuentes de energía definen una Nación.

Por otro lado, un país como la Argentina con dominio federal, puede negociar desde un escalón equivalente con las grandes petroleras, cuyos patrimonios netos a veces igualan al PBI anual de nuestro país. Cualquier provincia argentina está en inferioridad absoluta para negociar con semejantes corporaciones.

Esta visión fue corroborada por la reciente historia. Un ejemplo: el pésimo negocio que hicieron Chubut y Santa Cruz y la Argentina al prorrogar la concesión de Cerro Dragón, tanto que BP y Bridas, sin pedir ni siquiera permiso, vendieron nuestro yacimiento a una compañía china. Todo un símbolo de gobernantes poco serios. Si vemos las prórrogas a favor de Repsol-YPF o a la Oxy, el resultado es similar. Martínez de Hoz defendía ya en 1956 la provincialización de los recursos mineros y petroleros.

Un segundo aspecto al que nos referimos es la supuesta falta de incentivos para las petroleras. Es falso. Basta mirar los balances de las mismas. Sus rentas son obscenas. Ninguna descubrió nada ni invirtió en exploración. Todas compraron (o les fueron entregadas) las concesiones a valores que en ningún caso suponían un barril superior a 50 dólares. El costo promedio de extracción de un barril no supera los 6 dólares. ¿Dónde está el desaliento? No conocemos ninguna empresa petrolera que en la Argentina haya devuelto una concesión por no tener rentabilidad.

Ese fue el modelo de Menem, que nos llevó a la situación actual. El gobierno de Néstor Kirchner tomó algunas medidas de coyuntura, como los aumentos del derecho de exportación, pero profundizó el modelo neoliberal al aprobar la llamada "ley corta" que consolidó el dominio provincial, la explotación sin límites y sin recuperación de las reservas y la privatización al prorrogar las mejores concesiones con contratos que, en derecho privado o civil, serían descalificados por cualquier juez por "lesión subjetiva" (Art. 954 del Código Civil) o prodigalidad.

El camino al desarrollo nacional es inverso al que se sigue desde Menem. No es mantener el hidrocarburo como una commodity en lugar de tratarlo como un recurso estratégico, como una riqueza que es de los pueblos y que fue creada por Dios (para los creyentes) o por la naturaleza (para los no creyentes). No obedece su existencia a un invento o al esfuerzo de los hombres.

Se deben recuperar para la Nación las herramientas estratégicas, jurídicas y económicas respecto de las fuentes de energía, entre ellas los yacimientos de hidrocarburos. Esto puede merecer una reforma constitucional, pero también podría hacerse con la actual normativa mediante la sanción de una ley federal de energía que reconstruya una petrolera pública. Basta de girar remesas al exterior para que las petroleras internacionales o las nuevas, acostadas en el poder, paguen los activos que adquirieron o las acciones que compraron con la propia renta de YPF y no reinviertan sus utilidades en la búsqueda de reservas.

Esto puede hacerse prohibiendo por ley la prórroga de las concesiones y expropiando los derechos de las petroleras que lograron esas vergonzosas prórrogas, y con una investigación administrativa y penal seria que ponga luz en un negocio que genera enormes sospechas.

No inventamos nada. Yrigoyen, Mosconi, Perón o Sampay construyeron un camino. Sería bueno que la dirigencia, en lugar de dejarse llevar por neoliberalismos caducos, pensara primero en la Nación.

No solamente para reivindicar la historia sin mitificaciones, sino para tener un presente y un futuro con bienestar y esperanza. Nada más ni nada menos.

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