El Gobierno se niega a debatir el presupuesto

El jefe de bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja, Agustín Rossi, tergiversa el debate de fondo en torno al Presupuesto 2011.

Rossi afirma que la oposición “pone palos en la rueda” y que “comete un suicidio político” pero no reconoce las inconsistencias del proyecto oficialista. Así es como la huida hacia delante del kirchnerismo al desconocer las falacias de la Ley de Presupuesto y rechazar su pase a comisión condensa las peores prácticas parlamentarias de los últimos años. El presupuesto es la “ley de leyes” que, si bien ha de ser elaborado de manera autónoma por el gobierno nacional para llevar a cabo su programa político, debe tener al menos una mínima coherencia y corresponderse con la realidad. Nada de esto ocurre con el presupuesto oficial enviado a la cámara en la sesión del pasado miércoles.

El diputado y referente nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, ha exigido “un sinceramiento de los números del Presupuesto que fueron presentados en el proyecto oficial del Poder Ejecutivo”, señalando con ello que el control parlamentario sobre los recursos públicos está por encima de cualquier negociación. Es inadmisible que las proyecciones oficiales en torno a la inflación y el crecimiento (de 8,9 y 4,3 %, respectivamente) sean muy inferiores a las reales. Tengamos en cuenta que esa estimación a la baja de crecimiento e inflación proveería al gobierno de un excedente presupuestario monumental sin control legislativo alguno.

Las cifras que contiene el presupuesto del Ejecutivo son insostenibles si se las contrasta con las verdaderas predicciones para 2011: se ocultan ingresos (no se declaran alrededor de, como mínimo, 35 mil millones de pesos que se recaudarán) y gastos en salarios, educación, jubilaciones, asignaciones familiares y subsidios. Esa subestimación de ingresos fiscales (dinero de uso discrecional) ha ascendido, en los últimos años, a más de 150 mil millones de pesos. En efecto, teniendo en cuenta estos antecedentes, no se puede negar que el presupuesto oficial da vía libre al manejo arbitrario de recursos del Estado, los cuales de ningún modo deben ser utilizados por los gobiernos de turno de manera discrecional o en su beneficio.

En paralelo, cabe remarcar que el presupuesto oficial asigna 7500 millones de dólares al pago de deuda pública con reservas del BCRA, pasando por alto –una vez más? cualquier posibilidad de investigar su origen y legitimidad. Las recientes negociaciones de CFK en el G20 para pagar deuda al Club de París, hecho insólitamente anunciado por los medios K como una “victoria” sobre el FMI, indican la voluntad del gobierno de seguir “honrando” una deuda que, a este ritmo, terminará de pagarse dentro de más de un siglo. Si tenemos en cuenta el descrédito del sistema financiero internacional, y con el sólido antecedente de Ecuador, no se entiende cómo el gobierno “nacional y popular” desestima auditar la deuda pública llamando a la conformación de una comisión bicameral, tal como propone el diputado Solanas.

Lo lógico es que el proyecto oficial vuelva a la Comisión de Presupuesto, tal como fue votado en la última sesión. Contra la pretensión del gobierno de que su propuesta se apruebe a libro cerrado, Solanas señaló que “la función del congreso, tal como indica la Constitución, es supervisar los números del presupuesto.” El oficialismo, errático, se victimiza y opta por desinformar a la ciudadanía, rehuyendo la discusión y desestimando la propuesta de Proyecto Sur, cuyo dictamen no plantea otra cosa que sincerar las cuentas públicas y ajustar su contenido al interés nacional.