La ley PPP o el Estado re-bobo

El senador Fernando Pino Solanas analiaza la ley del Règimen de Contrataciòn Pùblico-Privada. Por Fernando Pino Solanas.

Ante una ley como la del “Régimen de Contratación Pública-privada (PPP)” tan contraria al interés nacional y tan irresponsable, es imposible no preguntarse que interés o pacto oscuro se acordó con el gobierno para que fuera votada el pasado 21/9 con el apoyo de las 2/3 del Senado. Como ocurre con las normas mas canallas, la sesión pasó inadvertida y con ausencia del periodismo. El FpV votó dividido y sólo un núcleo reducido se opuso, junto al voto de algunos pocos del Peronismo Federal, Linares, Odarda y nosotros. Cuesta creer tanta desinformación y el olvido de las estafas que debió asumir el Estado con leyes parecidas, como garante de préstamos o créditos externos para proyectos privados. Eran las épocas infames del liberalismo feroz de la dictadura que creíamos superadas pero que no han terminado de morir.

La ley PPP consolida al “Estado re-bobo”, se endeuda y pone todo, queda sin defensas, ni beneficios, solo con los daños y deudas. Nos retrotrae a los viejos proyectos de la subordinación neocolonial. La norma es despiadada, autoritaria: arrasa con el pasado, lejos de mejorar sus leyes, va en sentido contrario: tira abajo toda la legislación anterior desde la gran ley de Obra Pública de Perón (Nº 13…1947) vigente hasta hoy, el decreto de Concesión de Obra Pública (Nº…?) y los decretos (Nº…) del gobierno De la Rúa, que promovían y defendían el trabajo y el compre nacional y la participación de Pymes.
En EEUU los dineros del Estado deben usarse 100% al compre nacional y en Brasil, a un mínimo del 50% de productos brasileros. La ley PPP no exige la participación de las Pymes pero garantiza a las empresas contratistas un mínimo de rentabilidad - no se sabe cual será..- durante varias décadas.

Con esta ley se puede limitar la industria nacional porque sirve, por ejemplo, para importar toda la infraestructura ferroviaria (maquinas, rieles, trenes completos..) de China, EEUU o la CCE, e igualmente pasará con la industria aeronáutica o naval. La ley es funcional a la división del trabajo pensada para la Argentina: proveedor de materias primas con industria de productos secundarios o armadora de bienes ajenos.
En suma, la PPP no servirá para reconstruir las grandes industrias que teníamos sino
para anular la posibilidad de su reconstrucción. No tiene restricciones: quien pide prestado y se endeuda es el Estado sin control ni autorización del Poder Legislativo.

Como sucede desde hace años, nadie controlará nada y la deuda la deberá pagar la próxima generación. Es una invitación al festín del endeudamiento y la anulación del Congreso como ámbito de debate y control de la deuda, como marca la Constitución.
Se habla del control de la Auditoria General de la Nación, pero es una mentira, porque
ella actúa después que las obras o emprendimientos están realizados ; tampoco se le
asigna presupuesto para ir de una provincia a otra auditando las obras e inversiones
cada 60 días como en Suecia o Canadá. Recordemos Yacyretá: todavia la estamos pagando, costó 12 veces mas de lo previsto. El negocio era no terminarla en plazo y pasar a las indemnizaciones y actualización de precios. Las dos represas de Santa Cruz, sin haberse comenzado ya multiplicaron su costo.

Las mega-obras son siempre un arma peligrosa, tengamos presente el pasado para no repetir los mismos errores. La ley PPP esta hecha para que el ESTADO sea quien pague y se endeude y esta obligado a hacerse cargo de cualquier contingencia futura y hasta del pasivo ambiental. Los daños ambientales y su mitigación, quedan a cargo del Estado. Una burla a la defensa ambiental y una invitación a depredar y contaminar.

Uno de los principales puntos de los contratos PPP es la de poder emitir bonos que sean colocables en los mercados financieros para financiar el desarrollo de obras públicas en manos de contratistas privados. Esta misma ingeniería financiera ha tenido nefastas experiencias en toda América: fue la causante del estallido de la burbuja hipotecaria en los EE.UU y en México, la mayor empresa constructora (Empresas ICA S.A.), “defaulteó” una deuda de US$3.500 millones contraída con bonos y contratos PPP, por la caída en los precios del petróleo y el retraso de pagos del Estado, dejando en la calle a 13 mil trabajadores. La ley que acaba de votarse, otra vez cede la jurisdicción de sus tribunales en foros de Londres, New Yore y Paris y en caso de litigio, en el tribunal de arbitrajes del Ciadi, cuyas resoluciones son obligatorias, inapelables y definitivas.
A pesar de los agoreros el país tiene los talentos y capacidades para realizar desde nosotros grandes obras. Hagamos memoria: la refinería de La Plata construída en 1925 bajo la dirección de Mosconi, fue la mayor de América Latina y se hizo sin pedir un dólar prestado afuera. Otro ejemplo de una gran obra construída sin endeudamiento y con tecnología nacional, fue el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. Era el mas largo del mundo -1700 km- realizado por el ing. J.Canessa con tecnología nacional y en menos de dos años (1947/49).

Con el mito de que no podemos hacerlo porque no tenemos capital ni tecnología, la ley PPP, anula la legislación defensiva que teníamos para la obra pública y el trabajo nacional. Necesitamos usar créditos externos solo cuando no haya otra alternativa y para obras debatidas debidamente en el Congreso y sirvan también para hacer crecer la industria. Es de suicidas endeudarse en dólares o yuanes para obras que podemos hacer en pesos..! Por estas razones, invitamos a oponernos a este proyecto tan antinacional que es otra traición a los intereses del país y la industria nacional.