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No es basura, ¡estúpido!

El legislador de Proyecto Sur analiza la situación de los residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pablo Bergel.

Pablo Bergel.

Pablo Bergel.

La Ciudad de Buenos Aires, desde la colonia hasta los años setenta, gestionó sus residuos dentro de su propio territorio, ya sea usando los terrenos baldíos, y/o por medio de la incineración, hasta  1977. A partir de ese año, con la creación del CEAMSE, la disposición final de los residuos se realiza con la técnica del "relleno sanitario", exportándolos fuera del territorio de la ciudad.

En el 2005, la legislatura sancionó la ley 1854 -conocida como "Basura Cero"-, que establece el conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito de la Ciudad.

Por "basura cero" se entiende el principio de reducción progresiva de la disposición final con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a cuatro objetivos: a. la reducción en la generación de residuos; b. la separación, clasificación y valorización selectiva de los mismos; c. la recuperación, reutilización y el reciclado. Las metas son 30% al 2010, 50% al 2015 y 75% al 2017. El cumplimiento de esta ley significaba romper la dependencia de los rellenos sanitarios. Y lo más importante: reconvertir la  despreciable y costosa "basura", en valorizado "recurso".

Pero.la ley no se cumple. La meta del 2010 no sólo no fue cumplida sino que se incrementó el volumen de residuos en un 20%, hasta alcanzar la cantidad de 5.700 toneladas enviadas diariamente al relleno, un triste record histórico, que además le cuesta a la ciudad un 25%  de aumento en el cánon pagado al CEAMSE.

En la coyuntura actual donde el Gobierno Nacional, en su puja política con el Gobierno de la Ciudad lo apremia para que asuma el control y costos de su transporte subterráneo y automotor, los RSU (residuos sólidos urbanos) no podían hacerse esperar. Desde altas esferas se escuchan voces que varían desde la exigencia de un nuevo incremento (de los actuales 50, a 65 dólares por tonelada), hasta la prohibición lisa y llana de que la Ciudad pueda seguir exportando y diponiendo en rellenos en la Provincia de Buenos Aires.

Es completamente real y cierto el flagrante incumplimiento de la ley por parte de la Ciudad, como así también la incapacidad de implementar un pliego acorde a los principios de la misma; lo cual no se resuelve ni aumentando progresivamente el cánon, menos aún  con un perverso e insolidario intercambio de toneladas de basura dispuesta en la provincia, pagadas con la atención hospitalaria en sede porteña, de compatriotas bonaerenses enfermos que la necesitan. Si, es cierto que esta situación no puede continuar sabiendo del inminente colapso del relleno sanitario de Norte III y de los impactos ambientales en el conurbano bonaerense.

Esto no significa cortar de un día para el otro el actual acceso de los rellenos sanitarios; medidas irracionales como esa servirían de coartada perfecta para la aparición de "modernas" tecnologías de incineración, un pingüe negocio a costa de la salud y el ambiente de los ciudadanos, que se presentan como soluciones "mágicas" y hasta "verdes", pero resultan contrarias a un manejo realmente sustentable de los residuos. El Gobierno, acompañado por el conjunto del arco político, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, comunas y vecinos, debe tomar enérgicamente el conjunto complejo de decisiones y acciones conducentes a una radical solución de nuestros residuos, cuya soberanía también debe ser asumida en forma indelegable e integral.

La descentralización, desconcentración y movilización en y desde las nuevas comunas porteñas, constituyen los escenarios e instrumentos estratégicos para comenzar. Avanzar con la separación en origen en los domicilios, pero sobre todo de los grandes generadores; apuntar a una recolección y procesamiento diferenciado de todas las fracciones de residuos, tanto los orgánicos como las diversas clases de inorgánicos; crear ámbitos de compostaje comunal, que alimenten nuevas huertas comunitarias; mejorar y multiplicar los centros de clasificación y recuperación de inorgánicos existentes. Agreguemos una nueva ley que obligue a los comercios de pilas, electrodomésticos, electrónica, a recibir el producto usado por sus clientes, como parte de su habilitación, iniciando por allí la "cadena de retorno".

En suma cumplir Basura Cero, de verdad, lo que en definitiva significa: más y mejor estado y mucha más participación ciudadana.

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