El emprendimiento saqueador pretende extraer cobre y oro en Uspallata, y fue aprobado vergonzosamente por el gobierno local. Miércoles 9 de febrero, de 10 a 13 hs. Costanera y Vicente Zapata (Mendoza).
Asamblea Popular por el Agua
Después de casi 4 años de lucha, resistiendo a un proyecto megaminero que, aún sin haber puesto un solo ladrillo, ya contaminó socialmente a la provincia y compró las voluntades de los funcionarios locales, se llegó a la vergonzosa aprobación del proyecto San Jorge.
¿Por qué vergonzosa?
A pesar de todo esto y mucho más, la Autoridad Ambiental Minera le otorgó la Declaración de Impacto Ambiental.
Es una decisión que no sorprende, ya que aprobar San Jorge es parte del modelo extractivo minero agro-exportador que imponen desde la Nación, y que somete a comunidades enteras a la pobreza, al desalojo, a la pérdida de patrimonio cultural, y peor aún, a la contaminación de su territorio y fuentes de agua, poniendo en peligro la vida de pueblos enteros.
El gobierno provincial responde y reproduce a nivel local ese modelo, y San Jorge es sólo un ejemplo de las mineras a las que están dispuestos a dejar entrar, sometiéndolas a ridículas “condiciones” para tranquilizar a la gente mientras ellos entregan el país.
La Evaluación de Impacto Ambiental de este y otros proyectos (como fue el caso de la mina Potasio Río Colorado de la brasilera “Vale”), sólo sirvió para desnudar el hecho de que no es más que una formalidad inservible, y para que la comunidad mendocina tomara conciencia de las artimañas a las que recurren los funcionarios y empresarios para ocultar y manipular la información que, de ser de público conocimiento, complicaría la justificación para darle luz verde a emprendimientos como el mencionado.
El gobernador mendocino no dudó en afirmar, rozando la ilegalidad, que el Proyecto San Jorge se aprobaría, aún cuando estaba todavía en etapa de evaluación. Y es que de cara a un año electoral, las papas queman y es necesario rendir cuentas: al Gobierno Nacional, a las empresas que otorgaron favores de campaña, etc., y como siempre, el perjudicado es el pueblo.
Otro ejemplo de cómo la decisión estaba tomada de antemano es el comportamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y su titular, Guillermo Carmona, que extendió largamente los plazos permitiéndole a la empresa seguir presentando informes que, de no existir, pondrían en riesgo su aprobación. Asimismo, se confundió a la población difundiendo el carácter “antiminero” de Carmona, título que no puede estar más alejado de la realidad. A esto se suman los debates dentro de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que ignorando las deficiencias de los estudios de línea de base, las intencionadas omisiones y fallas metodológicas del Informe presentado por la empresa, y desoyendo a profesionales y organismos que recomendaban rechazar dicho informe, continuaban apuntando a aprobar el proyecto sometiéndolo a parches que la empresa debe aplicar (sin garantías) “una vez aprobado”.
Sin embargo, sabemos que proyectos perjudiciales como éste, que no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos, no se detienen en circos burocráticos y fachadas de “representación y participación”, sino en la calle. Y es ahí donde se detendrá San Jorge, porque es imposible pensar que puede desarrollarse una actividad como ésta con una comunidad que la resiste desde el día que se supo que habían puesto los ojos en el hermoso valle de Uspallata.
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