Las autoridades del espacio destacaron la vigencia de la Ley 26.659, impulsada por Fernando “Pino” Solanas para impedir la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. También cuestionaron al Gobierno por recurrir ahora a esa herramienta jurídica. Las autoridades de Proyecto Sur Capital Miguel Molina, Stella Maris Maisonnave y José Luis […]
Las autoridades del espacio destacaron la vigencia de la Ley 26.659, impulsada por Fernando “Pino” Solanas para impedir la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. También cuestionaron al Gobierno por recurrir ahora a esa herramienta jurídica.
Las autoridades de Proyecto Sur Capital Miguel Molina, Stella Maris Maisonnave y José Luis Fabris reivindicaron el legado legislativo de Fernando “Pino” Solanas luego de que el Gobierno nacional reglamentara la aplicación de sanciones contra personas y empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
A través del Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció un procedimiento para agilizar la aplicación de la Ley 26.659 y designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como su autoridad de aplicación.
La medida también obliga a los organismos de la Administración Pública Nacional a informar posibles incumplimientos y exige declaraciones juradas relacionadas con el respeto de la ley para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), así como para obtener permisos, concesiones o habilitaciones en materia hidrocarburífera.
La Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, fue sancionada en marzo de 2011 a partir de un proyecto presentado por el cineasta y dirigente político. Establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina únicamente pueden realizarse con la autorización de las autoridades nacionales.
Además, prohíbe que personas o empresas con actividad en el país participen de manera directa o indirecta en explotaciones no autorizadas o brinden asistencia comercial, financiera, logística, técnica o de asesoramiento a quienes las lleven adelante.
Entre las sanciones previstas se encuentra la inhabilitación para operar en la Argentina durante un plazo de entre cinco y veinte años. En caso de que las empresas involucradas posean concesiones hidrocarburíferas, estas también pueden ser revertidas al Estado nacional o a las provincias.
Desde Proyecto Sur Capital recordaron que Solanas no solo fue uno de los grandes referentes del cine argentino, sino también diputado, senador nacional, convencional constituyente y fundador de ese espacio político, social y cultural.
La organización destacó especialmente su compromiso con la defensa de los recursos naturales, la soberanía económica y los intereses nacionales. Para Solanas, la causa Malvinas no se limitaba al reclamo territorial, sino que estaba directamente relacionada con el control de las riquezas energéticas y naturales del Atlántico Sur.
También advirtió durante años sobre los riesgos ambientales de permitir la instalación de plataformas hidrocarburíferas sin fiscalización argentina e impulsó iniciativas para reconstruir una Marina Mercante nacional y fortalecer la presencia del país en sus espacios marítimos.
Proyecto Sur Capital sostuvo que la Ley 26.659 nació como una barrera jurídica frente a la exploración petrolera británica en las aguas cercanas a las Malvinas y remarcó que continúa siendo una herramienta central para sancionar a las compañías internacionales que operan en la zona sin autorización argentina.
En el comunicado firmado por Molina, Maisonnave y Fabris, el espacio cuestionó que la administración de Javier Milei recurra ahora a una norma impulsada por Solanas y calificó esa decisión como “un acto de claro oportunismo político”.
Las autoridades también recordaron los cuestionamientos que Solanas planteaba frente a lo que denominaba una “retórica inoperante” en torno a Malvinas. El dirigente sostenía que el reclamo argentino no podía limitarse a los discursos ante los organismos internacionales mientras las corporaciones vinculadas con el Reino Unido continuaran operando y realizando negocios en el territorio continental.
“Desde Proyecto Sur reivindicamos la vigencia de la Ley 26.659 – Pino Solanas, sosteniendo y reafirmando la continuidad de nuestras luchas por las causas de identidad, soberanía y defensa nacional”, concluyeron los firmantes.
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