La denuncia, revela la trama de cómo Joe Lewis se quedo con el Lago Escondido se base en la negativa del ministro del Interior, Rogelio Frigerio para que se iniciaran las medidas correspondientes para iniciar una acción de lesividad contra Hidden Lake S.A.
En el día de hoy el Senador Fernando Solanas junto al abogado Enrique Viale y el investigador Alejandro Olmos Gaona, presentaron una denuncia penal contra el Ministro del Interior Rogelio Frigerio por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, interviniendo el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8 a cargo del Dr. Marcelo Martinez de Giorgi, interviniendo la Fiscalía Nº 4 a cargo del Dr. Carlos Stornelli.
La denuncia, revela la trama de cómo Joe Lewis se quedo con el Lago Escondido se base en la negativa del ministro del Interior, Rogelio Frigerio para que se iniciaran las medidas correspondientes para iniciar una acción de lesividad contra Hidden Lake S.A.
Dicha sociedad de capitales británicos es propiedad de Joe Lewis dueño de la estancia de 11 mil hectáreas donde se encuentra Lago Escondido que es propiedad del Estado.
Ante el requerimiento de la Procuración del Tesoro, el ministerio a cargo de Rogelio Frigerio respondió “que no tenía sentido pedir la nulidad de ese acto por que significaba un dispendio jurisdiccional inútil”.
Cabe apuntar que el Sr. Lewis, amigo del presidente Macri, es quien tiene la totalidad de las acciones de esa empresa, que compró las tierras a través de una maniobra fraudulenta diciendo que las adquiría una sociedad de accionistas argentinos.
En efecto, la autorización efectuada por la Comisión Nacional de Zonas se frontera en 1996 se extendió a H.R. Properties Buenos Aires S.A, integrada por argentinos, pero luego de conseguida la misma, se transformó en Hidden Lake, integrada totalmente por accionistas británicos. Esa maniobra permitió la adquisición de la estancia en una zona de frontera, vedada a extranjeros.
La prohibición de adquirir tierras en zonas de frontera por parte de extranjeros, está determinada por las disposiciones del Decreto 15.385/44 ratificado por la ley 12.913.
Cabe destacar que el fraude quedó debidamente probado en la justicia federal, por denuncia de la Procuración de Investigaciones Administrativas, pero debido al transcurso del tiempo, los involucrados, fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal, por fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, el 30 de marzo.
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