Solanas y Enrique Viale denunciaron penalmene a Alonso, Aranguren y Marcolini

La denuncia es por Abuso de autoridad, Violación de los deberes de los funcionarios públicos y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

El precandidato a Senador por la provincia de Buenos Aires, Fernando Pino Solanas, y el 1er candidato a diputado nacional por CABA, Enrique Viale, denunciaron hoy penalmente en los tribunales de Comodoro Py al Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren; el Subsecretario de Energía Hidroeléctrica de la Nación, Jorge Hugo Marcolini, y la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por Abuso de autoridad, Violación de los deberes de los funcionarios públicos y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en relación a la ejecución con el proyecto denominado “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz”.

Jorge Hugo Marcolini, es actualmente Subsecretario de Energía Hidroeléctrica de la Nación y, al mismo tiempo, presidente de la Empresa de capitales estatales EBISA. Previamente fue Director de la empresa privada IATASA.

Es decir que Marcolini como Director de la empresa estatal EBISA se entregó a si mismo (siendo Subsecretario de Energía Eléctrica) la revisión del proyecto de la represa de Rio Santa Cruz. Pero lo que es más increible que cómo director de la empresa IATASA fue el responsable de realizar el informe ambiental de la obra.

En otras palabras, la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba.

Aranguren: la ilegal designación del funcionario Marcolini por parte del Ministro de la Nación, Juan José Aranguren, está conectada con la voluntad política de que este continúe a cargo de una obra que recomendó y avaló como profesional privado. Ahora hace lo mismo desde la función pública. Y así avanzar con este monumental proyecto hidroeléctrico a cualquier costo no sólo desde la perspectiva ambiental, económica sino también desde una mirada institucional.

Laura Alonso: tiene cajoneada en la Oficina Anticorrupción desde noviembre del año pasado una denuncia de las ONGs sobre este conflicto de intereses de Marcolini.