Falta de acceso a la información pública en el Acuerdo YPF-Chevron

Los abogados Juan Massini y Jorge Luis Portero, de Proyecto Sur, analizan el perjuicio que significa para la sociedad no hacer públicos los actos de gobierno.

A casi tres años de firmado el Acuerdo YPF-Chevron para explotar por métodos no convencionales (fracking) la zona geográfica de Vaca Muerta, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la petrolera YPF hacer público el contrato que permanece oculto desde ese momento.

YPF esperó al último día del plazo que le había otorgado la Corte para entregar el documento a María Cristina Carrión, a cargo del Juzgado Federal Contencioso Administrativo n°7. Carrión usó los tres días hábiles para expedirse, pero este plazo ya caducó y aún no se hacen públicas las cláusulas de este acuerdo.

“En el sistema republicano existe el principio de la publicidad de los actos de gobierno, y no de la reserva, secreto o confidencialidad. Éstos son la excepción de la regla”, explicó el abogado Juan Massini, asesor de Proyecto Sur. Se debe tener en cuenta que YPF S.A. es mayoritariamente de patrimonio nacional y sus directivos son nombrados por el Poder Ejecutivo, de esta forma lo relativo a la empresa es de interés público. “El principio es la publicidad porque el ciudadano para poder ejercer sus derechos, debe conocer la acción de Gobierno, es decir, los actos públicos. Los funcionarios tienen la obligación de hacer público cualquier acto que tenga proyección social. Nuestra crisis política se traduce en que se dio vuelta la regla: hoy la regla es la reserva y los gobiernos han perdido la conciencia republicana y argumentan que no se puede acceder a la información porque está dentro de un ámbito político. Es decir, con lo político se pretende cubrir todo el espectro del acto público con un secreto, con una reserva, con una confidencialidad que vulnera lo republicano”, explica Massini. Y justamente, la gestión política debería ser la herramienta para que los argentinos puedan pensar y elegir bajo un sistema democrático. Sin la información de los actos de gobierno, ¿cómo se puede pensar o elegir libremente?

Jorge Portero, de Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires, agrega que “el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental porque se considera esencial para la democracia. De lo contrario, el que tiene la información, que generalmente es el que gobierna, posee un poder extraordinario en comparación. Además, la falta de acceso a la información pública dificulta el control ciudadano sobre actos de gestión que pueden incurrir en delitos o corruptelas”.

La característica de Argentina, en este aspecto, es que es un modelo terriblemente presidencialista, “el Poder Ejecutivo es muy poderoso, por eso es común escuchar que el Congreso es una escribanía y que el Poder Judicial está cada vez más acotado. El peso que tiene el Ejecutivo es desequilibrante y clásicamente actúa en secreto y confidencialmente. El Congreso es donde se hace la publicidad, donde se debaten públicamente los actos de gobierno”, manifiesta Massini.

El ejemplo de Giustiniani c/Chevron es claro, según Massini: “aduciendo que se trata de un contrato, como si todos los contratos fueran de carácter privado, en este caso es totalmente público y además, la Corte dice que es un derecho del pueblo, ni siquiera habla del ciudadano, sino del pueblo que es bien político y bien amplio”.

Ahora el problema se presenta con la jueza Carrión que tiene en su poder el acuerdo y por el momento no lo da a conocer. Juan Massini explicó: “Esta decisión de la jueza se explica por el mismo concepto de dar vuelta el principio de publicidad que debería ser la regla y transformarlo en excepción. Es decir, ahora se acostumbra la reserva porque lo político se entiende que es reservado, es oscuro”.

“El derecho de acceso a la información pública debe concederse a todas las personas, sin exigir una afectación o interés legítimo, porque hace al ejercicio de las responsabilidades y derechos de cada integrante de la sociedad”, agregó Portero.

Por último, Massini reflexiona: “Es un concepto que hay que recuperar: el concepto republicano de la transparencia, cuya carencia se relaciona directamente. Y Tiene que ver con la crisis política de Argentina”.