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Corre frío por la espalda

Por Fernando "Pino" Solanas, senador nacional Proyecto Sur. Sobre el vergonzoso cambio de opinión de Laura Alonso sobre el convenio YPF-Chevron.

Parafraseando a Laura Alonso que reaccionaba contra el secretismo del gobierno de Cristina sobre el “Acuerdo YPF-Chevron”, ahora es la ciudadanía quien siente “frio por la espalda” cuando la presidenta de la Oficina Anticorrupción justifica que YPF y el gobierno nacional no hagan público el contrato, ignorando así el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre la acción de amparo presentada por el ex senador Rubén Giutiniani. Se trató de un fallo histórico porque se reafirmó el derecho a la información pública de los actos de gobierno.

Corre frío por la espalda  cuando la funcionaria que debe velar por la transparencia de los actos de gobierno contradice ahora sus recientes declaraciones a favor del fallo y retacea el derecho a conocer la totalidad del contrato con la petrolera Chevron. El frío congela, cuando la jueza interviniente, Dra. Carrión de Lorenzo, acepta que YPF le entregue sólo una pequeña parte del contrato con tachaduras de párrafos enteros, contraviniendo lo ya resuelto por el máximo Tribunal del país. El ocultamiento de los actos de gobierno confirma la impunidad con la que actúa la macrocorrupción y con la que se actúo con el contrato con Chevron que fue firmado por una sociedad off-shore YPF Shale Oil Investment creada en el paraíso fiscal del Estado de Delaware, EEUU. Entraron y salieron de nuestro país cientos de millones de dólares por cuentas a nombre de funcionarios y fuera de toda fiscalización o control .

Respondiendo a los argumentos peregrinos usados para justificar el ocultamiento de los actos de YPF para preservar supuestos secretos contractuales e industriales, la Corte ha sido contundente: “Convalidar, sin más, una respuesta de esa vaguedad significaría dejar librada la garantía de acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado y reduciría la actividad del magistrado a conformar, sin ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que es llamado a reparar.” Además de ser YPF una compañía de capital mayoritariamente estatal, la CSJN sostuvo que “…una empresa que funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional..” y que ”desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público…” no puede ampararse en su configuración societaria como Sociedad Anónima para negar el libre acceso a la información pública.

Se siente frio por la espalda cuando no se dice la razón por la que no se da a conocer al público y a los legisladores y magistrados. ¿Por qué se lo esconde? ¿Será por las cláusulas secretas que abren puertas hacia las operaciones de corrupción y ocultan las cuentas secretas off-shore creadas en el paraíso fiscal de Delaware? ¿O será porque el endeudamiento que tiene YPF por u$s 7.000 millones -casi el doble del valor actual de la compañía- es la causa de no haber controlado los actos y contratos secretos firmados por el señor Galuccio -CEO y Presidente de YPF- aprobados por el ex ministro De Vido y Cristina Kirchner? ¿No será que el contrato con Chevron oculta operaciones de dudosa legalidad que hubieran impedido su firma por ser lesivas al interés de la Nación o porque no se quiere revelar que el Sr Galuccio –alabado por el oficialismo y la oposición de Cambiemos- gana más de 4 millones de dólares por año, el doble que el CEO de una compañía similar?

Corre frío por la espalda cuando en nuestro querido país que atraviesa una crisis económica y social, la funcionaria anti-corrupción y el Jefe de Gabinete Marcos Peña, sostienen que mantendrán en secreto el contrato firmado con Chevron por 35 años para explotar Vaca Muerta, que es tercer yacimiento de gas y petróleo no convencional del mundo. El convenio fue ocultado a los legisladores de la provincia de Neuquén, que lo aprobaron sin leerlo, a pura fé, con el agravante que la petrolera americana ha merecido la mayor condena ambiental de la historia -u$s 19.000 millones- por la Corte Suprema de Ecuador: declaró a Chevron responsable de contaminar 500 mil hectáreas de la Amazonia y graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas obligados a abandonar sus tierras ancestrales por la contaminación de los ríos.

Se sentirá frío por la espalda mientras no se cumpla completamente con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no se repare la deuda con la transparencia y el acceso a la información pública. ¿Hasta cuando el gobierno continuará manteniendo las inaceptables medidas y procedimientos de su antecesora Cristina Kirchner?

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