El kirchnerismo impuso su voluntad, contra los argumentos de las organizaciones de Derechos Humanos y la encendida denuncia de los referentes de UNEN.
El Senado dio media sanción al ascenso de Milani
El bloque oficialista logró dar media sanción al proyecto que encumbra al General César Milani como Jefe del Estado Mayor del Ejército. El hecho confirma lo que viene siendo una constante en la política kirchnerista respecto del aparato estatal: la conversión de las instituciones, en este caso las Fuerzas Armadas, en un órgano partidario del poder de turno a cualquier precio. Milani ha sido denunciado por la desaparición del conscripto Agapito Ledo en el Operativo Independencia y por otros casos cometidos en La Rioja, provincia en cuyo “Nunca Más” figura su nombre. Asimismo, el caso Milani representa a las claras un concepto que poco se condice con la función estratégica de conjura de las amenazas externas y de protección de la soberanía nacional que han de tener las fuerzas de defensa: Milani es un especialista en inteligencia, habiendo estado vinculado a dicha área durante la última dictadura militar.
En su intervención, el Senador por Proyecto Sur-UNEN, Fernando “Pino” Solanas, se refirió a las presunciones en torno de Milani y a la cuestión del exponencial incremento de su patrimonio, al señalar que “rechazamos el ascenso de este oscuro personaje vinculado a la dictadura militar, cuestionado por organismos de DDHH y su presente de dudosa situación patrimonial”. Recordemos que en julio pasado los referentes de UNEN, Pino Solanas y Elisa Carrió, demandaron penalmente a Milani por enriquecimiento ilícito, lo cual pasó inadvertido para el gobierno. Las sumas son impactantes: en 2010, el designado Jefe de las FF.AA. declaró un patrimonio de $1.494.610, el cual ascendió, en 2011, a $1.785.889. Pero su salario pasó de $14 mil en 2010 a $15 mil un año después.
Durante la sesión, desde el bloque oficialista presidido por M. A. Pichetto esgrimieron constantemente el concepto jurídico de “presunción de inocencia, a lo que el senador Solanas respondió refiriéndose al “Tratado sobre Desaparición Forzada de Personas”, del cual Argentina es parte, y que prohíbe otorgar beneficios o reconocimientos especiales a presuntos perpetradores de ese delito. El argumento de Solanas no fue tomado en cuenta por el oficialismo, dispuesto a transgredir su propio “relato” con tal de garantizarse la posibilidad de allanar el camino a la represión en caso de agudización del conflicto social. Asimismo, Solanas reflexionó sobre la represión en la provincia de La Rioja en años de la dictadura, y remarcó que aún no se había mencionado el cruento asesinato de Monseñor Angelelli, incansable y pacífico luchador por la justicia y los derechos humanos, junto con otros dos sacerdotes, Murias y Longueville.
“El concepto de Fuerzas Armadas del General Milani colisiona con la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interior porque hace propia la doctrina surgida en los años noventa desde los EE.UU., de intervención de los militares en seguridad interna”, expresó Solanas. Así se refirió el senador por UNEN al “giro” del gobierno nacional en su política de defensa: de ignorar a las Fuerzas Armadas se ha ido virando hacia una postura que potencia la injerencia de dicha institución, conforme a doctrinas ajenas a las necesidades nacionales y sobre las que el gobierno se jactaba haberlas abandonado. Una vez más, la lógica del “doble estándar” se impone, ahora sobre un ámbito mucho más delicado y en un momento de especial incertidumbre y fragilidad institucional, como dan cuenta los últimos acontecimientos en diversas provincias.
Frente al reciente “estado de apresto” para los efectivos militares ordenado por Milani, es preciso que las fuerzas democráticas convoquen a una vigilia y a la reflexión en pos de la unidad y de la pacificación de los argentinos.
Finalmente el Senador Solanas señaló que “Milani debe pasar a retiro para ser investigado por la justicia. Desde que fue nominado Jefe en la Inteligencia del Ejército, incrementó un 350% el presupuesto para el área. Por otro lado es imposible que un funcionario público con un sueldo de alrededor de 20 mil pesos haya podido incrementar de semejante manera su patrimonio”.
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