Situación y Política Carcelaria

El debate hizo coincidir a los disertantes en un punto: La cárcel, hoy, está preparada para invisibilizar a quienes ingresan en ella.

Mesa debate: Situación y Política Carcelaria

Coordinador: Jorge Cardelli

Panelistas: Humberto Tumini, secretario General de Libres del Sur; Rodrigo Pomares, Comité provincial por la Memoria y contra la Tortura; Marcelo Langieri, sociólogo y docente en cárceles; Rosario Espina, Amnesty Argentina.

En las 54 cárceles de la provincia de Buenos Aires existe lugar para 17.000 personas y, sin embargo, hay más de 30.000 presos alojados. “El 77 por ciento de esos presos tiene prisión preventiva y comprobamos casos de tortura con picana eléctrica, submarino seco y mojado, falangas, aislamiento y traslados costantes con el objetivo de que se pierdan las historias, pertenencias y el registro de presos con VIH, entre otras cosas”, resumió Rodrigo Pomares, del Comité Provincial por la Memoria y contra la Tortura. El ejemplo de la provincia más grande del país, sumado a la denuncia  que recordó Humberto Tumini, secretario General de Libres del Sur, realizada por el Procurador Penitenciario de la Nación, xx Muñol, quien informó que no se le permite ingresar a las cárceles, se le ocultan datos y no puede realizar su tarea, ya que no se le reconocen sus derechos y obligaciones incumpliendo clarmente la ley, dieron pie a que el debate sobre la seguridad, cuando se trata de cárceles, se invierta.

 “Paradójicamente, al saber todo esto, se hace necesario que hoy estemos acá planteando que hay que proteger a quienes están dentro de las cárceles”, dijo Jorge Cardelli, diputado nacional por Proyecto Sur y coordinador de la mesa Situación y Política Carcelaria . Entre los panelistas, además de Pomares, Cardelli y Tumini, se encontraban Rosario Espina, de Amnesty Argentina y  Marcelo Langieri, sociólogo y docente en cárceles.

Pomares, expresó su preocupación por la política de endurecimiento de la seguridad implementada por el gobernador Daniel Scioli en 2007 y vinculó estas medidas a la cantidad de detenidos, incrementada a partir de ese año: “Había 10.000 presos y en 2007 se contabilizaron 30.000; cifra a la que no debemos olvidar que se le suma la falta de seguridad y marco legal para esos detenidos, que  están sin sentencia y recibiendo torturas”, relató.

“Es evidente que para la cárcel se ha implementado una política de mano dura que la piensa como  un lugar donde se castiga, sobre todo a los más pobres; es una política de guerra contra los sectores más humildes”, resumió el diputado Cardelli.

Según la presentación de Amnesty Argentina, representada en la mesa por Rosario Espina, “uno de los principales problemas que deben resolverse para terminar con esta situación carcelaria, es que el Estado nacional cumpla con el Protocolo Facultativo Contra la Tortura, el que se comprometió a implementar y jamás lo hizo, habiéndose vencido el plazo en 2007. Hoy, espera la ley, nuevamente, en la cámara de diputados”, explicó Spina quien, además, hizo un relato de las situaciones inhumanas que la organización no gubernamental ha visto dentro del sistema penintenciario. “Todo esto, si no se implementa el Protocolo y se continúa con la política de castigar y de no permitir controles en las cárceles, resulta no sólo en violaciones a los derechos humanos, sino también en el crecimiento de los delitos y el pedido de más seguridad, en consecuencia”.

El debate hizo coincidir a los disertantes en un punto: La cárcel, hoy, está preparada para invisibilizar a quienes ingresan en ella. Y sobre este punto puso énfasis el sociólogo Marcelo Langieri, quien relató las experiencias de la creación y trabajos en  los centros educativos que funcionan dentro de cárceles  y las trabas que deben soportar para seguir adelante. Langieri dijo que “incentivar la educación de los presos es reconocerlos como  seres humanos dignos y, eso, cambia definitivamente la situación de una persona cuando sale de la cárcel; cambio que no todos quieren en la sociedad”.

“¿Cómo no van a ocurrir estas atrocidades si, el primer problema carcelario, es que las cárceles se manejan a sí mismas, si son poderes dentro del Estado?”, se preguntó Humberto Tumini. “No hay control externo. Como decía antes, el servicio penintenciario controla a su controlador, secuestra cámaras y grabadores para impedir obtener registro  de lo que sucede dentro”. Del público surgió la pregunta: ¿Las torturas y malos tratos eran iguales cuando usted estuvo preso?” -”No, ahora, se preocupan en que no queden marcas cuando los golpean”, respondió el referente de Libres del Sur y  concluyó en que se está violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, que reza que “las cárceles de la Nación serán sanas y libres; serán para seguridad y no para castigo”.